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Opinión, Sociedad / 24 de febrero de 2018

Sociedad en peligro

Los despidos recientes en el INTI ponen en riesgo tanto al desarrollo industrial del país, como al control de productos y procesos.

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es una institución que está próxima a cumplir 60 años de vida y que debe ocupar roles estratégicos para el desarrollo del país y el bienestar de la población. Tiene centros regionales en todas las provincias y centros sectoriales dedicados a la industria láctea, cueros, madera y muebles, micro y nanoelectrónica, petróleo, textiles y cereales y oleaginosas.

Entre sus responsabilidades están las de ocuparse de que existan unidades de medida confiables en el país, controlar que productos nacionales o importados cumplan con regulaciones y asesorar a la industria nacional, en especial a las PyMES, que por su tamaño tienen dificultades para contar con departamentos de investigación y desarrollo. Según sus propios empleados se han ocupado de difundir, el INTI garantiza que los surtidores de nafta entreguen los litros de combustible que marcan, o que las balanzas indiquen el peso correcto por el que se paga. También, que los juguetes y mamaderas de plástico no sean tóxicas, además de controlar el nivel de plomo que se encuentra en las pinturas de uso hogareño.
Varios de los productos para celíacos que se venden en los comercios se han desarrollo en las plantas piloto del INTI, organismo que también se ocupa del control de eficiencia energética de equipos eléctricos, crítico para el bolsillo de la población cuando el valor de la energía no deja de subir. Por otra parte, verifica que los radares de control de velocidad midan correctamente y que la calibración de los alcoholímetros que se usan para control de alcohol en sangre de conductores sea precisa. Y hay aún más: el INTI brinda asistencia a municipios para gestión de residuos, homologa los elementos de seguridad de automóviles y hasta ha desarrollado una aplicación para reconocimiento de billetes para no videntes.

El año 2017 cerró con problemas para el sector de ciencia y tecnología (CyT). El anuncio de los ingresos a la carrera del investigador del CONICET volvió a dejar sin un lugar en el sistema de CyT nacional a varias centenas de jóvenes evaluados como aptos por los rigurosos mecanismos de selección de esa institución. El argumento que ya había dado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) en el año 2016, y que se repitió en diciembre pasado, fue que no era razonable que todos los nuevos investigadores ingresaran a esa institución. Además, aseguraba que había otros organismos dedicados a temas aplicados específicos que necesitaban de esos recursos humanos. ¿Cuáles serían esos organismos? La mayoría de ellos componen el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnologia (CICyT) que coordina el MinCyT: CONICET, CNEA, INTA, INTI, CONAE, SEGEMAR, INIDEP, INA, ANLIS, IAA, CITEDEF, SHN, SMN, IGN, CRUP y CIN. El año 2018 se inició con la noticia de 258 despidos en el INTI. Es decir, que no sólo aquellos jóvenes que no ingresaron al CONICET tampoco entrarán al INTI, sino que esa institución decidió despedir al 10% de su personal. Siguiendo la técnica de comunicación que viene aplicando el gobierno nacional, intentó justificar los despidos argumentando que es personal eran “vagos que no iban a trabajar”. Los afectados rápidamente mostraron que la mayoría había cobrado el “presentismo”, mecanismo establecido por el Ministerio de Modernización justamente para controlar la asistencia.

Entonces la conducción del INTI -encabezada por su presidente, el Ing. Javier Ibañez- reconoció que los listados se habían confeccionado seleccionando al personal “conflictivo”- Los responsables del INTI usan ese eufemismo para identificar a los empleados que han tenido participación en actividades gremiales, huelgas, etc. Pareciera que el equivalente a la política de “demagogia punitiva” denunciada, por ejemplo, por el abogado Ricardo Gil Lavedra, que indicaría que “el mejor delincuente es el muerto” en este caso significaría que “el mejor empleado conflictivo es el despedido”.

El gobierno hace de cuenta que no existen los derechos constitucionales al debido proceso o el derecho a peticionar a las autoridades, asociarse a sindicatos y la huelga. Porque no se ha demostrado que los despedidos sean incompetentes para el trabajo que vienen realizando, algunos desde hace más de 10 años. De hecho, tienen evaluaciones satisfactorias hechas por sus jefes y en algunos casos han recibido reconocimientos por los trabajos realizados.

Puede ser que la gran industria y los importadores no quieran un organismo que los controle. El MinCyT no se ha ocupado de que los organismos del CICYT, como CONEA, INTA o INTI, no sufran recortes. Lo que no puede quedar en duda es la importancia del rol que desempeña el INTI para la población. Si se lo debilita y reemplaza por privados, todos estaremos menos seguros y protegidos y el país contará con menos herramientas para su desarrollo industrial.

* Ex decano de la Facultad de Cs. Exactas-UBA (2006-2014)