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Mundo, Opinión / 19 de abril de 2018

Brasil en un mar de corrupción

Como es natural, Cristina de Kirchner, Nicolás Maduro, Evo Morales y otros miembros del club chavista enviaron a Lula mensajes conmovedores de solidaridad, tratándolo como uno de los suyos.

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Cuando de la economía se trata, hasta los tecnócratas gélidos del Fondo Monetario Internacional han llegado a la conclusión de que es mejor el gradualismo que una política de choque. La experiencia les enseñó que procurar resolver todo de golpe para que cierren los números suele tener consecuencias sociales, políticas y, por supuesto, económicas desastrosas.

¿Y la corrupción? Puede que sea poco realista esperar eliminarla de la noche a la mañana en sociedades que están habituadas a ser gobernadas por ladrones, procesando a todos los políticos acusados de violar las normas, además de sus cómplices del sector privado, pero por ser tan fea la hipotética alternativa gradualista que daría una pátina de legitimidad a la corrupción, las campañas moralizadoras a menudo asumen un cariz jacobino.

Es lo que sucedió en Italia con el célebre operativo “mani pulite” –manos limpias– que impulsó el fiscal Antonio Di Pietro en los años noventa del siglo pasado; para regocijo de la buena gente, muchos malhechores terminaron entre rejas o en el exilio, pero, como acaban de mostrarnos los resultados esperpénticos de las elecciones más recientes en que triunfó un movimiento fundado por un cómico que se jacta de oponerse a virtualmente todo, el orden político italiano permaneció gravemente herido.

En Brasil, el juez Sergio Moro está claramente dispuesto a ir tan lejos como Di Pietro. No le preocupa el que pudiera haber abierto las puertas para que irrumpa un régimen autoritario apoyado por los militares. Al mandar a la cárcel al ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, un dirigente que sigue siendo mucho más prestigioso de lo que era la víctima más destacada de Di Pietro, el ex primer ministro socialista italiano Bettino Craxi que huyó para terminar sus días como prófugo en Túnez, Moro hizo todavía más precario el tambaleante sistema político de su país.

Parecería que, lo mismo que Di Pietro, el fiscal de Curitiba que puso en marcha la operación “Lava Jato” ha hecho suyo el lema “Fiat justitia et pereat mundus”, o sea, “Que se haga justicia aunque perezca el mundo”. En principio, suena muy bien, pero acaso convendría cierta dosis de cautela en una sociedad tan dividida como la brasileña en que a muchos les importan muy poco las reglas democráticas y en que, por desgracia, es muy fácil atribuir el accionar de la Justicia a prejuicios ideológicos.

Como es natural, Cristina de Kirchner, Nicolás Maduro, Evo Morales y otros miembros del club chavista enviaron a Lula mensajes conmovedores de solidaridad, tratándolo como uno de los suyos. Sin embargo, los bolivarianos, además del ex mandatario uruguayo José Mujica y el chileno Ricardo Lagos, se manifestaban menos interesados en la eventual inocencia de Lula de los cargos en su contra que en su condición de “líder popular”, enemigo de “la oligarquía” y así por el estilo. De tal modo, dieron a entender que, en su opinión por lo menos, dirigentes “populares” como Lula tienen derecho a considerarse por encima de la ley, lo que, huelga decirlo, es una doctrina sumamente peligrosa.

A diferencia del gobierno de Mauricio Macri que, a pesar de las acusaciones confeccionadas por los resueltos a hundirlo, no brinda la impresión de estar conformado por una camarilla de hipócritas corruptos, a nadie se le ocurriría tomar a aquel del actual presidente brasileño Michel Temer por un dechado de honestidad cívica.

Mientras que los macristas pueden afirmarse prescindentes toda vez que un juez ordena la captura de un kirchnerista sin que tal postura motive risas, los oficialistas brasileños saben que en cualquier momento ellos mismos podrían caer en las redes de Lava Jato por haber disfrutado de los favores repartidos por la empresa estatal Petrobrás que durante años sirvió como una gigantesca caja política, o por el igualmente generoso grupo Odebrecht. En una oportunidad, el ex presidente de Odebrecht, la constructora más grande de América latina, dijo: “No conozco a ningún político en Brasil que haya hecho campaña sin ‘Caja B’”.

Pues bien: si para eliminar la corrupción que está provocando tantos estragos en la vida pública brasileña sería necesario reemplazar toda la clase política actual por otra de cultura radicalmente distinta, nuestros vecinos están frente a un problema sin solución posible. El grito de “¡Que se vayan todos!” sólo sirve para que quienes lo profieren se desahoguen; aquí, el estallido de ira que siguió al colapso de la convertibilidad facilitó la llegada del Gobierno más corrupto de la historia nacional. Por lo demás, es de suponer que los indignados por la venalidad de los políticos entienden que sería peor que inútil dejar todo en manos de la cofradía judicial.

Para salir definitivamente del pantano económico en que se precipitó al desplomarse los precios de las commodities, Brasil tendrá que contar con un gobierno que no sólo sea eficaz sino que también tenga cierta autoridad moral, ya que las circunstancias lo obligarían a tomar medidas poco populares. Lo mismo que en la Argentina, “ajuste” es una mala palabra y muchos son reacios a someterse a la tiranía de los números. Asimismo, si bien hay países –como Bélgica o, últimamente, Alemania–, que pueden continuar funcionando de manera adecuada por algunos meses e incluso años sin un gobierno consolidado, es porque una administración pública profesional de muy buena calidad es capaz de hacer el trabajo necesario. Este no es el caso en Brasil o en otros países latinoamericanos.

Lula, que antes de ser detenido lideraba la carrera presidencial por un margen respetable, insiste en que hará campaña desde la cárcel. Aunque el Tribunal Superior Electoral le ha prohibido candidatearse porque su “ficha” dista de ser limpia, podría nombrar a un delegado sin peso propio, una especie de Héctor Cámpora brasileño. Por mucho que sus adversarios se consuelen con la esperanza de que el electorado se negara a votar por un títere vinculado con un preso, no sería inconcebible que uno triunfara, lo que haría todavía más enrevesado el embrollo extraordinario que se ha producido a causa de los esfuerzos jurídicos por barrer con la ética informal que rige en el país que nos dio la consigna “roba pero hace”.

La solidaridad con Lula de Cristina y compañía se debe no sólo a razones ideológicas sino también a su voluntad de atribuir sus propios problemas con la ley a una guerra judicial que, según ellos, está librando la odiada “derecha” latinoamericana contra su versión sui géneris de “la izquierda”. Con todo, mal que les pese, lo presuntamente hecho por Lula, o por su amiga Dilma Rousseff que fue expulsada de la presidencia luego de un “impeachment” – juicio político–, poco convincente, no guarda comparación con los delitos que, a juzgar por la evidencia que desde hace años es de dominio público, fueron perpetrados por Cristina mientras estaba en el poder, para no hablar de los cometidos a diario por sus amigos venezolanos.

Lula y Dilma permitieron, más por omisión que por comisión, que el grueso de la clase política de su país se entregara al saqueo, pero no se transformaron en multimillonarios. Dilma tuvo la mala suerte de estar en el poder cuando el clima económico mundial entraba en una zona de tormenta, lo que puso un fin abrupto al sueño –que muchos observadores extranjeros tomaban en serio–, de que Brasil estaba en vías de erigirse en una gran potencia de verdad. Lula también se había permitido encandilar por dicho sueño y no hizo lo bastante para persuadir a sus compatriotas de la necesidad urgente de adaptarse a las nuevas circunstancias; como tantos otros políticos no sólo latinoamericanos sino también europeos, prefirió aferrarse al optimismo a arriesgarse hablando como un “neoliberal” desalmado.

De todos modos, no cabe duda de que si Lula fuera un dirigente argentino, sería escasa la posibilidad de que le tocara pasar un rato, quizás algunos años, en una celda; en cambio, de ser Cristina una ex presidenta brasileña, lo más probable sería que ya se hubiera visto privada de su libertad de por vida.

El triste final que enfrentan tantos protagonistas de la década ganada por la prepotente izquierda folclórica de la región se debe menos al espíritu vengativo que atribuyen a “la derecha” que a su propia incapacidad para soportar el fracaso de recetas con las que se sentían comprometidos. Acostumbrados a que los países que gobernaban recibieran torrentes de dinero fácil merced a productos suministrados por la geología como el petróleo o agrícolas como la soja, no entendieron que, por ser cuestión de una etapa de vacas gordas, les correspondía prepararse para el día en que los vientos de cola dejarían de soplar y comenzarían a hacerse sentir los de frente.
Los más ilusos, Cristina y Maduro, optaron por seguir como si nada hubiera cambiado, de ahí la bomba de tiempo que Macri aún no ha logrado desmantelar y la destrucción de Venezuela, un país cuyos gobernantes parecen decididos a convertir en una tierra baldía. Felizmente para los brasileños, Lula, Dilma y su sucesor Temer, resultaron ser más racionales. Así y todo, su país, atenazado como está entre una clase política congénitamente corrupta y los resueltos a limpiar los establos de Augías con un grado de rapidez digno de Hércules, corre peligro de sufrir convulsiones graves en los meses y años venideros.