La celda de Lula se abrió y cerró varias veces en un mismo día. El tironeo entre jueces parecía la escena grotesca de una comedia de enredos, pero era la consecuencia de una situación política objetiva y compleja.
El hombre que quedó en medio de una batalla judicial es la figura más popular de Brasil, y podría pasar de su celda en Curitiba a la residencia presidencial del Palacio la Alborada si lo dejaran ser candidato en las elecciones de octubre.
El problema principal del juez Sérgio Moro, estrella del Lava Jato no es que otro magistrado ordene la excarcelación del ex mandatario mientras él se toma vacaciones. El problema es que buena parte de los brasileños no creen que el asunto del tríplex de Guarujá justifique el encarcelamiento de Lula. Nunca resultó claro que las pruebas esgrimidas por el juez de Curitiva alcancen para demostrar que la empresa OAS le pagó a Lula favores políticos con esa propiedad de lujo. Al fin de cuentas, el líder del PT nunca la habitó. Tampoco lo hizo algún familiar o allegado suyo.
Muchos se preguntan en Brasil -y en el mundo-, si la palabra de un delator premiado puede tener un peso tan determinante, en lugar de ser sólo un instrumento con el que cuenta un magistrado para avanzar en un proceso. Que no haya nada firmado puede significar poco, ya que la corrupción suele no documentarse, pero que haya bastado la palabra de un empresario corrupto para encarcelar a un hombre, deja dudas. Y esas dudas crecen si ese hombre es un ex sindicalista que nunca aceptó sobornos para levantar huelgas metalúrgicas, además de un ex presidente muy querido en las clases populares, que duplica en intención de voto a su inmediato seguidor en las encuestas.
Inevitablemente, la situación de Lula tiene aspecto de conjura entre poderes económicos y magistrados para evitar que regrese a la presidencia de Brasil.
Paralelos. El caso del obrero que gobernó la economía más grande de Latinoamérica es distinto a los casos de otros líderes que se colocan en el mismo estante de “perseguidos políticos”.
La orden de prisión preventiva que se dictó contra Rafael Correa deja muchas dudas procedimentales, pero a nadie le resulta descabellado pensar que el volcánico ex presidente ecuatoriano es culpable de lo que se lo acusa. Más allá de lo discutible que pueda resultar la modalidad de cumplimiento de la cautelar que se le impone, no es difícil imaginar que, en el 2012, Correa dio la orden secreta de secuestrar en Colombia al opositor Fernando Balda. En definitiva, fue la Justicia colombiana la que llegó a la conclusión de que el confuso episodio en el que cinco maleantes arrastraron hasta un auto y se llevaron por la fuerza al dirigente ecuatoriano que denunciaba corrupción en su país, fue un intento de secuestro, detrás del cual hubo al menos tres agentes de inteligencia de Ecuador.
Si de verdad esos agentes que habrían pagado a los maleantes colombianos (finalmente interceptados por la policía y obligados a liberar a Balda) cumplían una orden del secretario nacional de Inteligencia Pablo Ramos, resulta inevitable sospechar que la orden partió del despacho principal del Palacio de Carondelet.
El problema principal de Correa en este caso, no es la posible mano oculta de su archienemigo Lenin Moreno intentando por la vía judicial que el ex presidente no pueda regresar de Bélgica para no ir a prisión. Su dilema está en la intolerancia hacia la crítica y aversión histérica con que trató a opositores y denunciantes cuando era presidente.
En cambio a Lula es difícil imaginarlo enriqueciéndose ilícitamente, aunque a esta altura resulte evidente su responsabilidad en la maquinaria de corrupción que financia la política brasileña desde hace décadas.
Él no la creó, pero la dejó funcionar y, posiblemente, hasta la acrecentó. Resulta verosímil, incluso, que haya sido el ideólogo de la regionalización de la maquinaria corruptora. Lo difícil de creer es que lo haya hecho para enriquecerse. El capital más valioso y redituable de Lula no estaba en su patrimonio, sino en su historia y su imagen.
Gobernabilidad. Dejar funcionar la financiación ilegal de la política, fue la forma de comprar gobernabilidad y apoyo parlamentario a sus políticas. Exportando la corrupción a sus vecinos, compró influencia en la región para las grandes empresas brasileñas y para el gobierno de su país. Que las razones no hayan sido el enriquecimiento propio no lo hace inocente. Pero lo diferencia de otros casos, como el de Cristina Kirchner o el nicaragüense Daniel Ortega.
¿Esa diferencia le da la razón al juez que intentó liberarlo? No. Lo que Rogerio Favreto, magistrado que perteneció al PT y al que nombró Dilma Rousseff, parece tan inapropiado y sancionable como la desautorización que intentó Sérgio Moro horas después, extralimitándose en su competencia.
Lo que resalta la diferencia entre Lula y los casos citados, es la complejidad del marco político. La política exterior de su gobierno fue cuestionable, pero no fue ni el izquierdista radical ni el populista que describen los sectores del poder económico y político que se han ensañado con él. Lula no persiguió ni hostigó a opositores y críticos. Tampoco perturbó a la actividad de la empresa privada ni alteró las reglas macroeconómicas con fines demagógicos.
Si estando clara su responsabilidad en la continuidad de un esquema de corrupción preexistente, lo mismo se fuerzan pruebas para encarcelarlo por “enriquecimiento ilícito”, sería extraño que no crezca la sensación de que se busca impedir su candidatura y destruir su imagen pública. Sobre todo si en la presidencia continúa un hombre turbio como Michel Temer. La justicia intentó sacarlo del Planalto para procesarlo, pero no logró perforar el blindaje legislativo con que lo protege una legión de diputados y senadores corruptos.
Mientras en la presidencia y en el Congreso haya dirigentes salpicados por el Petrolao, la amplia franja de la sociedad que votaría de nuevo a Lula no va a creer que su encarcelamiento sea parte de una verdadera lucha contra la corrupción política en Brasil.
por Claudio Fantini
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