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Noticias Uruguay / 5 de marzo de 2019

El caos tras las rejas

El Frente Amplio busca profundizar la reforma carcelaria y llevar el INR al plano civil. Novick y algunos blancos quieren militares al mando. Uruguay sigue recibiendo rezongos por su panorama penitenciario.

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Caos tras las rejas: la grave situación carcelaria en Uruguay.

“Dale bo! ¡Atoren, atoren!”, grita uno del otro lado de las rejas. “Mirá, estaban escondidos del otro lado”, le apunta un compañero. “Filmá que se viene… Mirá, empujaron a uno, dale, filmá”. “Dale, dale, dale… Vos filmá. ¡Dale, manga de putos, dale! Al Chirola dale, Chirola, la concha de tu madre Chirola”, dice uno de ellos. “Vamos mi gente, denle al hijo de puta del Chirola”, alienta otro. “Mirá cómo quedó el Fede allá. ¡Ahora falta uno! Chirola, ¿viste lo que te pasa por hacerte el loco?”. El diálogo se da entre tres reclusos que ofician de espectadores privilegiados de un combate entre presos con cortes y palos que parecen lanzas afiladas, en el patio del módulo 10 del Comcar. Fue uno de los cuatro videos que se viralizaron en el verano (porque a los reclusos les importó filmarlo y que llegara a periodistas, y a la gente le gustó mirarlo y compartirlo). Y de esta
forma se disparó uno de los temas que ahora debaten todos los precandidatos y sus asesores en seguridad: la situación carcelaria.

Dice Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario de cárceles, que la situación carcelaria uruguaya está viviendo el peor momento de su historia, que es caótica y se tocó fondo. Garcé es hoy el asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou. Charles Carrera, senador oficialista del Espacio 609 y ex número 3 del Ministerio del Interior, dice que no es así, que las cárceles vivieron momentos mucho peores, lo que pasa es que Garcé quiere hacer política y trata de arrimar “algún votito para su molino”. Y de este modo también se discute el tema, con la misma tónica que el resto  de la campaña.

En algunas cosas están de acuerdo todos, oficialismo, oposición y el actual comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit: la situación de las cárceles es un tema de seguridad y hay que verlo así, como parte del problema que más preocupa a los uruguayos. También comparten que desde la reforma carcelaria de 2010 se ha mejorado la tasa de hacinamiento (se bajó de 155% a 105%, cuando lo máximo tolerado por la ONU es 110%), aunque todavía es un problema en el Penal de Libertad o el módulo 8 del Comcar, el más complejo de todos. También coinciden en que el país debería ir hacia la construcción de microcárceles –que alojen a no más de 400 reclusos-, y no seguir apostando a la edificación de cárceles… como la de Punta de Rieles, donde hay 2.000.

COMCAR. Dos videos de enfrentamientos entre reclusos del módulo 10 se viralizaron y llamaron la atención del sistema político. //Fotos: Adhoc, Captura YouTube.

Por supuesto, ninguno quiere recortar las políticas socioeducativas, abogan por más trabajo en las cárceles y reclaman se aumenten los recursos humanos que trabajan en ellas. Pero las diferencias de modelos son notorias cuando las elecciones nacionales están en el horizonte y la bancada oficialista quiere apurarse a votar un proyecto de ley sobre el sistema carcelario que termine de sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la égida del Ministerio del Interior y lo ligue, administrativamente, al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Para algunos, el proyecto tal como está redactado hoy no sólo es inconveniente, sino peligroso.

El senador Carrera explica que el Poder Ejecutivo tiene como prioridad aprobar el proyecto de ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional en el último año de la administración Vázquez. Por eso, legisladores oficialistas formaron una bancada bicameral para analizar en detalle su redacción. El leit motiv, dice Carrera, es crear un servicio descentralizado que termine de “completar la civilización” del INR, que hoy es un organismo desconcentrado que depende del ministro del Interior, y logre obtener mayor autonomía al ser un servicio descentralizado que se comunique con el Ejecutivo a través del MEC. ¿Y el Ministerio del Interior? Sólo se encargaría de brindar recursos humanos en materia de seguridad cuando sea necesario.

Para Garcé, de bueno no tiene nada. “El proyecto de ley es nefasto e impracticable”, sentencia. “Básicamente, lo que hace es crear un instituto desconcentrado para la gestión del sistema carcelario -lo cual en sí mismo no está mal-, lo grave del proyecto es que dispone la eliminación del cuerpo de seguridad policial, es decir, la policía penitenciaria pasaría a los perímetros de los establecimientos y a su vez, se retiraría de allí el Ministerio de Defensa. Por tanto, la gestión interna de la seguridad quedaría en manos de operadores internos civiles: procuradores, sociólogos, educadores, cuyo denominador común es la ausencia total de conocimientos para la gestión de la seguridad”, afirma. Para el excomisionado parlamentario de cárceles, pasaría a los papeles lo que ya sucede de hecho: en las cárceles mandan los presos.

Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario para cárceles y asesor de Luis Lacalle Pou. //Fotos: Diego Ituño

Pero mientras Garcé defiende a los militares donde están hoy (en la custodia perimetral de las cárceles), y los actores del FA buscan poner a las cárceles lo más lejos posible de policías y militares, el Partido de la Gente (PG) de Edgardo Novick propone que sean militares los que estén al mando de los establecimientos carcelarios. Dice Robert Parrado, asesor en temas de seguridad del PG, que “hoy, dada la pérdida de control del sistema penitenciario, esto puede llegar a tener repercusiones difíciles de pronosticar. Creo que (las cárceles) tienen que estar bajo la órbita de un ministerio al que vos le des una misión y la cumpla adecuadamente, y tengamos todos la certeza de que lo va a cumplir. Entiéndase: el Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros planteamos que los militares se hagan cargo de la gestión, el restablecimiento del orden interno, el cuidado en el egreso y evitar las fugas”, dice Parrado. Y recuerda que cuando en 1997 se los puso al cuidado de los perímetros de las cárceles, se estableció que sería una medida provisoria, y siguen ahí, porque lo han hecho muy bien.

Robert Parrado, asesor en seguridad de Edgardo Novick.

En tanto, Denisse Legrand, coordinadora de la ONG Nada crece a la sombra, que trabajó durante todo 2018 dando talleres socioeducativos de rap, radio y fútbol en distintos módulos del Comcar, se molesta por esa visión tan presente por estos días, dice, de “los militares como respuesta a todos los problemas”. Y le contesta a Parrado y Novick: “para hacer política hay que leer las competencias de los ministerios. El Ministerio de Defensa no tiene competencia alguna en las cárceles y está bien que así sea”. Pero Legrand también desconfía del futuro rol del MEC sobre las cárceles si se aprueba la nueva ley que está a estudio del Parlamento. “¿En qué condiciones? ¿Qué competencias va a tener? ¿Va a ser un MEC como el actual que administra muchas cosas y a duras penas puede hacerlas? ¿O va a ser un ministerio fortalecido?”

Denisse Legrand, coordinadora de la ONG Nada crece a la sombra. //Foto: Agustina Cano

Mientras los actores debaten sobre quién debería ponerle el cascabel al gato, siguen pasando cosas en las cárceles: se siguen violando derechos humanos, muchos reclusos temen por su seguridad, y la infraestructura parece colapsar en algunos módulos donde siguen hacinados. El que parece tenerlo más claro es Petit, el comisionado parlamentario de cárceles, quien redactó un proyecto para “normalizar el módulo 8” del Comcar, y tiene una concepción bien distinta sobre cómo habría que gestionar este centro carcelario que aloja a uno de cada tres presos de todo el país.

Reclamos urgentes. Se estima que en la actualidad hay casi 11.000 presos. A fines de 1993 -según el entonces ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez- eran 2.800. Mientras que las Reglas Mandela, las normativas que rigen los sistemas penitenciarios de Naciones Unidas, recomiendan cárceles que alojen a 300 o 400 reclusos, solamente el Comcar tiene 3.500, y de ellos, el complejo módulo 8, 600. Entre las cárceles de Las Rosas (en Maldonado), Canelones, Rivera y el Penal de Libertad hay otro tercio de la población carceleria, y el tercero está distribuido en las demás pequeñas cárceles del país. En total, son 26 establecimientos penitenciarios chicos, medianos, grandes y enormes.

Pero si bien los niveles de hacinamiento han mejorado (Garcé y Parrado creen que por aplicar mal el nuevo CPP y dejando así impunes a cientos de delincuentes), Uruguay recibió su buen rezongo en el último Examen Periódico Universal de Naciones Unidas por su sistema penitenciario y el país se comprometió a cumplir 26 recomendaciones de la ONU para mejorar el panorama. Uruguay se obligó a “atender prioritariamente a las mujeres privadas de libertad, seguir reformando el sistema penitenciario, aumentar la cobertura de salud, mejorar la alimentación, volcar recursos para mejorar las condiciones de detención, implementar programas de rehabilitación, superar las condiciones críticas e insalubres, bajar la reincidencia, impulsar planes de reinserción, fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, capacitar al personal y prevenir la violencia, en particular el suicidio”.

Mientras el gobierno -en particular el INR y el Ministerio del Interior- estudia cómo empezar a cumplir con todos esos deberes, los políticos y sus expertos de confianza tiran ideas. Todos son contestes en que debería apelarse a la construcción de cárceles pequeñas, que no alojen más de 400 reclusos como sugiere la ONU, pero sin embargo, hace un par de años se inauguró la cárcel de Punta de Rieles -construida bajo la fórmula de PPP- con una población de 2.000 reos. “Era lo que más le convenía al consorcio que la construyó, no lo que más le convenía al país”, apunta Garcé. “Yo lo vengo diciendo desde que estaba en el Partido Nacional: hay que ir hacia microcárceles”, complementa Parrado. “Fue lo que se pudo hacer, lo que el país estuvo en condiciones de realizar. Yo también desearía ir hacia cárceles más chicas, pero es un ideal”, les contesta Charles Carrera.

Ese ideal, sin embargo, no está incluido en el proyecto de ley que estudia Diputados. Y Carreras entiende que no tiene por qué, que esa será una decisión de gestión del próximo gobierno, y en todo caso de su partido, si el Frente Amplio lo incluye en su programa de gobierno. Sin embargo, el proyecto de ley sí prevé que los reclusos usen uniforme, algo que a la coordinadora de Nada crece a la sombra no le convence. “Es que el proyecto queda a medio camino, no dice mucho, y no atiende los cambios estructurales que debe tener el sistema. No pasa porque las personas privadas de libertad usen uniforme. Pasa porque haya planes socioeducativos, que mejore la ali­mentación, que tengan actividades y no 23 horas de encierro por día, porque tengan educación y de cali­dad, trabajo y éste se regule como lo está afuera, regido por las leyes laborales”, sostiene Legrand, quien tiene un diploma en intervenciones pedagógicas en contextos de encie­rro en la Universidad de San Martín, Argentina.

Sobre el trabajo en las cárceles y la adquisición de ciertos hábitos tam­bién han girado algunas propues­tas. La precandidata nacionalista Verónica Alonso dijo en Desayunos Informales de Teledoce: “Quiero que los presos se levanten todos los días -y esto bajo la égida del Ministerio de Defensa-, icen la bandera, canten el himno, usen uniforme, aprendan un hábito, adquieran conductas. Estoy convencida de que si logramos eso, más el hábito del trabajo, la reinci­dencia baja a menos del 5%”, dijo.

Carrera, en diálogo con NOTICIAS, despreció los dichos de la candidata del Partido Nacional. “Ni la escucho, Verónica Alonso no puede ser ejem­plo de nada. Y lo que dijo fue para quedar bien con la opinión pública”, sostuvo. Sin embargo, después coin­cidió en que con el uso del uniforme (hoy en el proyecto de ley a estudio) se busca algo que también pretende Alonso: generar disciplina y cambiar hábitos entre los reclusos.

Charles Carrera, senador del FA y ex director general de secretaría del MI.

El que parece gritar en el desierto es el comisionado parlamentario de cárceles. A principios de este mes, Petit le envió al Ministerio del Interior un Plan de Prevención e Integración Social para el Comcar, una propuesta concreta (y ambiciosa) que pretende transformar a la cárcel más populosa del país en un complejo penitenciario donde cada módulo sea una unidad de rehabilitación, convocar “urgente” al Codicen, el Mides, Asse, el MEC, el Ministerio de Trabajo y el de Trans­porte y Obras Públicas para que to­dos dediquen rubros y recursos en pos de “salvar” este establecimiento carcelario. “Por más que se refuer­cen los barrotes y se agreguen unos guardias más, nada va a cambiar si no vamos al fondo de las causas de la conflictividad”, escribió en su nota al MI el comisionado Petit.

“Lesiones, incidentes, muertes, he­ridos graves y muy en especial la falta de rehabilitación de cientos y miles de personas que vuelven a la calle constituyen un grave cuadro que nos convoca a todos a contribuir en polí­ticas de inmediato, corto, mediano y largo plazo”, dijo Petit, quien agregó que lo peor es que el pésimo pano­rama es “crónico”. “Ante lo crónico, la reacción suele ser el acostumbramiento”, se lamentó. “La política pú­blica y el rol del Estado son romper la naturalización del horror y buscar soluciones de política pública: racio­nales, basadas en datos empíricos, prácticas posibles y sustentables en el tiempo”.

El comisionado parlamentario de cárceles propuso en su plan que cada unidad penitenciaria de rehabilita­ción debe tener un alcalde coordina­dor, equipo técnico, funcionarios y un programa definido de rehabilitación.

Parrado ironiza con que si Petit lle­ga a lograrlo le da “aplauso, medalla y beso”, y recuerda que esa moda­lidad ya se utilizó en Uruguay, en última instancia en el gobierno de Jorge Batlle, pero llegó la izquierda y aplicó su reforma carcelaria. “Em­pezaron los cambios de nombres, la típica, montar y desmontar estruc­turas, innovando y sobre la marcha corrigiendo con mucho voluntaris­mo, pero mucha improvisación, que genera caos”, agregó.

Llamada en espera. Por si fuera poco, a principios de febrero el direc­tor del INR, Alberto Gadea -a quien NOTICIAS no pudo entrevistar, por­que no fue autorizado a hablar por el Ministerio del Interior-, anunció en conferencia de prensa que las autori­dades carcelarias estaban evaluando que los presos pudieran utilizar celulares, pese a que la Justicia comprobó recientemente que reclusos utilizaron teléfonos celulares para delinquir desde su celda con dos estafas.

“Los celulares están prohibidos pero estamos en discusión de si esa es una medida que debe mantener­se”, dijo Gadea a principios de febrero en conferencia de prensa. “El celular permite, más allá de sacar información y cosas que pasan, que el privado de libertad se comunique con su familia, por lo tanto hay que analizar hasta dónde es bueno o malo utilizar el celular”, dijo.

Vale recordar que en diciembre la Justicia de Young, Río Negro, condenó a un preso de la cárcel de Las Rosas que usaba ocho teléfonos mó­viles para engañar a personas a las que extorsionaba para que le giraran dinero. Y en enero se procesó por estafa a un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez, dado que se ha­cía pasar por un funcionario de la Aduana que vendía mercadería in­cautada a precios bajos, pero nunca la entregaba.

Denisse Legrand dijo que su co­lectivo acompaña la idea de los celulares. “Estamos a favor del uso de celulares en la cárcel. Los celulares se usan en el sistema, los usan to­dos, aunque esté prohibido. Regu­lar su uso podría incorporar herra­mientas de control, pero no solo hay que pensar lo negativo. Debe haber 10.000 celulares en las cárceles y, ¿cuántos fueron los casos anecdóti­cos sobre los que supimos que se de­linquió desde un celular? Trascendió uno de extorsión y uno de estafa”, mi­nimizó. Para ella, los reclusos -en mayor medida- lo usan pa­ra lo mismo que los que vivimos en socie­dad: para comuni­carse con sus seres queridos, y suele ser una válvula de es­cape necesaria para aliviar tensiones.

Para Garcé es, sencillamente, un disparate. “El deli­to se planifica y se organiza desde la cárcel y se ejecuta afuera, en base a las facilidades que da el Ministerio del Inte­rior. La cartera no ha podido con este problema, salvo en 2012 con el sistema de inhibición de ce­lulares, que ya que­dó obsoleto”, dijo. Para el excomisio­nado parlamenta­rio el gobierno con­funde el derecho que tienen los reclusos a la comunicación con el exterior, con el uso de celulares. “Y al anunciar que lo está estudian­do, ya lo está legitimando”, agregó.

Carrera, senador del FA, tampoco aprueba el uso de celulares en las cárceles. “Si vos establecés un régi­men progresivo donde vas evaluan­do la rehabilitación, esa persona va cumpliendo etapas, está en un régi­men de máxima confianza y próximo a cumplir su pena, puede ser. Pero si no, no estoy de acuerdo”, sostuvo.

A todo esto, ¿en qué quedó la re­habilitación? ¿Todos los privados de libertad son “recuperables”? Legrand prefiere no hablar de rehabilitación sino de “desistimiento”: “Rehabilitación es un término que de­ja al sujeto como un ser pasivo, al que habría que aplicar un tratamiento. De­cimos desistimiento que es el alejamiento del mundo delicti­vo”. Y más allá de lo semántico, cita un informe del propio Garcé -cuando ofició de comisionado- pa­ra decir que hay un 10% de la población carcelaria que está porque tuvo algún accidente o una riña y terminó ahí, don­de se dice que hay delito pero no delin­cuente. Otro 10%, en el otro extremo, que son personas con más de 10 antecedentes penales y tienen escasas o nu­las chances de dejar de delinquir. Pero la inmensa mayoría (el 80% del medio) quie­re salir de la cárcel, pero no sabe si pue­den lograrlo. “Sobre todos ellos hay que aplicar políticas socioeducati­vas”, aseguró.

“Lo que pasa es que todos estamos disponibles para ver El Marginal en Netflix, pero no para ver a personas privadas de libertad motivadas en cuestiones alternativas”, dice. Claro, los que hacen las cosas bien (quizás algún día canten el himno al levan­tarse en su celda), salen adelante aprendiendo a trabajar en huertas y juegan al fútbol sin pelearse no han inspirado a ningún productor de Net­flix. Todavía.

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NADA CRECE EN LA SOMBRA

La ONG Nada crece a la sombra comenzó a trabajar en cárceles en 2014, cuando se dio la campaña por el No a la baja de la edad de imputabilidad penal adolescente. Primero fue una intervención corta, de tres meses, en Comcar, la cárcel femenina y la de Punta de Rieles, solamente con talleres de rap como herramienta socializadora. “Ahí empezamos a ver cómo era la realidad adentro y qué pensaban ellos sobre bajar la edad de imputabilidad penal”, explicó Denisse Legrand, gestora cultural, terminando ahora un diploma en penalidad juvenil en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.

ONG. Nada crece a la sombra atendió a 175 reclusos de tres módulos del Comcar, con talleres de rap, radio y fútbol, durante 2018. //Gentileza de Nada crece a la sombra.

En 2015, luego del famoso video donde algunos funcionarios del Inau estaban en una celda mientras se golpeaba a un grupo de internos, fueron llamados por la dirección de Políticas Sociales del Mides para trabajar en centros del Inisa, en régimen de voluntariado. Para 2016 la ONG consiguió financiación externa y volvió a trabajar en el Cerrito y el centro Belloni del Inisa. Durante 2017 los profesionales que integran la ONG se dedicaron a especializarse, y en 2018 firmaron un contrato con el Ministerio del Interior en régimen de la contratación de 10 talleristas zafrales. El contrato fue por seis meses a partir del 31 de enero, y prorrogable por única vez por seis meses más.

La explicación viene a cuento de un informe del programa Así nos va de radio Carve. Sus conductoras Patricia Madrid y Viviana Ruggiero presentaron un informe en el que informaron que la ONG no ganó ningún llamado a licitación ni entraron a desarrollar su proyecto en cárceles por haberse presentado a un fondo concursable. “¿Compitió con alguna otra organización civil interesada en brindar espacios de recreación y taller a los privados de libertad? No. Las autoridades del Ministerio del Interior lo resolvieron de forma absolutamente arbitraria y discrecional”, concluyó el informe. También señalaron que el ministerio había invertido 80.000 dólares en el proyecto.

“No somos objeto de licitación. Nada crece a la sombra no tiene vinculación formal con el Ministerio del Interior. Presentamos una pro­puesta de trabajo, y fue aceptada. Hay distintas formas de contrata­ción, la nuestra fue como talleristas zafrales. Nuestro equipo estaba integrado por 30 profesionales, por lo que sólo 10 cobramos, y 20 trabajaron de forma voluntaria. Cobramos un salario reducido pero salario al fin, de 20.000 pesos no­minales, 16.000 en la mano, y ahí estuvimos durante un año lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 horas, con talleres de rap, fútbol y radio por donde pasaron 175 personas”, contó Legrand, coordinadora de Nada crece a la sombra.

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Las cifras

10.800

Se estima que son algo menos de 11.000 todas las personas privadas de libertad. Uno de cada tres está en el Comcar de Santiago Vázquez.

60

Es el porcentaje de reincidencia, aunque según el Partido de la Gente, en realidad araña el 70%.

15.000

Son los niños que tienen madres, padres o tutores privados de libertad, según la ONG Nada crece a la sombra.

26

Son las recomendaciones que le dio la ONU al gobierno uruguayo para que mejore su situación carcelaria. También son 26 los establecimientos carcelarios en todo el país.

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DISTINTAS VOCES

Daniel Martínez (precandidato del Frente Amplio), en conferencia: “Yo haría cárceles más chicas, más homogéneas en el tipo de presos, para no permitir la mezcla en el tipo de delitos. En Campanero hay un porcentaje de no reincidencia mucho mayor”.

Verónica Alonso (precandidata del Partido Nacional, en Teledoce: “Quiero a los presos que se levanten, icen la bandera, canten el himno, usen uniforme, aprendan un hábito y adquieran conductas”.

Juan Sartori (precandidato del Partido Nacional), en El País: “Las cárceles están en medio de la ciudad y eso genera un montón de problemas. Se podrían vender y armar cuatro cárceles modelo en el medio del campo”.

Ernesto Talvi (precandidato del Partido Colorado), en La Diaria: “En Suecia están cerrando cárceles, porque tienen tanto éxito en la
reintegración que se están quedando sin presos. ¿Por qué, si otros países imitan el modelo sueco, no podemos nosotros?”

Edgardo Novick (candidato del Partido de la Gente), en radio Monte Carlor): “Los militares tienen hoy el control externo de las cárceles, para que no se escapen. Nosotros estamos proponiendo el control de la gente que entra a las cárceles”