Con esa frase, Susana Gimenez escandalizó al país después de la muerte de Gustavo Lanzavecchia, su amigo decorador. Fue en auxilio de ese sentimiento popular que Daniel Scioli, gobernador de la provincia por aquel entonces, promovió la sanción de la ley de juicio por jurados, una práctica que ayer dejó en libertad al médico Lino Villar Cataldo, acusado del asesinato de un joven ladrón que le había robado su auto y no pudo concretar la huida por su falta de educación. No sabía maniobrar en un auto automático y quedó a merced de la 9mm del cirujano.
El juicio por jurados no venía mostrando una gran performance desde su instalación en el 2015. El promedio de condenas ronda el 60%, el resto se va a la casa declarado “no culpable”, en juicios donde se persigue a delincuentes con penas en expectativa de más de 15 años de máximo de prisión (homicidios, secuestros, abuso sexual agravado).
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Sin embargo, los jurados populares (donde no puede haber abogados) no tienen la rigurosidad que la gente en la tele podría suponer. “Que se pudra en la cárcel”. “El que mata debe morir” son frases que escuchamos a diario. Pero al momento de la condena, como ya vimos, la Justicia profesional es más estricta que la popular. En Tandil, mi ciudad, durante el 2018 hubo 109 juicios orales, 103 condenas y sólo 6 absueltos. En el mismo departamento de Azul, durante el año, la estadística de populares es 8 a 8. Empate.
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El juicio al ladrón de Cataldo no dejó nada bueno para la sociedad. La madre habló de “acomodo” y cualquiera sabe que no fue así. Cataldo vivirá con miedo porque esa misma madre lo amenazó al terminar. Un chico está muerto, y en realidad no fue la Justicia la que lo condenó sino un médico, dispuesto a salvar vidas, que se la arrebató.
*Abogado.
por Mauricio D'Alessandro*
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