Gustavo González, de 24 años, tomó una medida dramática: se cosió la boca con un hilo, mientras manifestaba frente a los Tribunales de San Justo para exigir la liberación de su hermano. A Carlos Javier González lo acusan de robar un supermercado chino y se encuentra preso desde hace un año y cuatro meses. En señal de protesta, su familia viene realizando acciones extremas como encadenarse frente a los Tribunales. Ellos consideran que esta, es “una causa armada” y que el joven “es inocente”. “Ahora me van a escuchar mejor”, escribió en un cartel el hermano del muchacho detenido.
El caso. El 23 de abril del 2018, a las 21.30, el dueño de supermercado chino, Weng Longmel, estaba por cerrar el comercio cuando un hombre le pidió que le venda un cajón de cerveza. Al acceder, se introdujeron al local de forma violenta seis hombres con armas de fuego, que obligaron a los clientes a arrojarse al suelo. Robaron teléfonos celulares, el dinero de la caja y dos computadoras con las memorias de las cámaras de seguridad.
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A Carlos Javier González, de 25 años, lo acusaron de este robo cuatro días después al ir a comprar al negocio. Cuenta Guillermina González, su madre: “Cuando mi hijo, va a pagar, el custodio lo apuntó con una pistola y le gritó que era uno de los ladrones que habían entrado a robar el lunes”. "Ese fue el principio de esta pesadilla de la que todavía no despertamos", dice Guillermina.
Consultado por NOTICIAS, el abogado defensor Juan Carlos Cabrera aseguró que “esto es una causa armada”. Y detalló: “El único testigo del robo que aparece en la causa fue obligado a sindicarlo como autor del hecho y después, en dos oportunidades, se desdijo por voluntad propia, pero la Justicia no hizo lugar a estas declaraciones”. Agregó: “En la denuncia del robo se describe que los ladrones tenían entre 40 y 50 años, mientras que González tiene 24. Además, las características físicas no se corresponden en lo más mínimo”.
Por otra parte, la familia denunció a uno de los policías de Virrey del Pino que lo llevó detenido por “apremios ilegales y tortura” ya que, según cuenta la madre, “lo golpeó ferozmente”.
Carlos era dueño de un pequeño comercio en el Barrio Esperanza de Virrey del Pino. “El día del robo, y a esa hora, mi hijo estaba cerró su negocio, después pasó a saludar a un amigo que cumplía años acá cerca, y volvió a casa. Hay cinco testigos de esto. Sin embargo no llamaron a ninguno”, protesta Guillermina.
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La casa de González fue allanada dos días después que lo llevaran detenido. Buscaban seis iphone y doscientos mil pesos. Según la familia, “sólo encontraron una casa llena de ropa sin arreglar”. "Ese noche tiraron a mis hijos Gustavo y David al suelo les pisaron la espalda. David tiene una discapacidad mental y cuando los policías intentaron pegarle, los vecinos empezaron a gritar. Eso lo salvó, aunque quedó muy asustado", cuenta.
El juez que va a intervenir en el juicio oral. A realizarse el 23 de noviembre, Gustavo Omar Navarrine, denegó la morigeración de la prisión preventiva y aconsejó un tratamiento psicológico para Carlos. Consultado por NOTICIAS, dijo que "el fiscal Claudio Polero ofreció un juicio abreviado en esta causa" y agregó: "En Provincia de Buenos Aires firmar un abreviado es una calificación legal y es aceptar la pena en el caso de que el juez lo encuentre culpable, pero en mi Tribunal hay muchísimos casos que salieron absueltos: este año pasó casi en un 50 %". Sin embargo, para el abogado defensor el ofrecimiento del fiscal fue para “quebrar la voluntad de González ya que eso les permitiría no investigar a los verdaderos culpables” y agregó: “Nosotros ya tenemos a los autores del hecho, la causa está siendo investigada en la UFI 13 y dimos con los nombres y la ubicación de quienes conforman esta banda”.
El fiscal Polero, quien estará presente en el debate oral, y ante la afirmación de la familia que denuncia que esto es una causa armada, respondió: "Eso habrá que demostrarlo en el juicio".
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La fiscal de Instrucción de la causa, Mariana Teresa Soggio, no recibió a NOTICIAS. Y en la Fiscalía General respondieron que las pruebas que incriminan al joven están en el expediente.
La familia pidió ayuda al CELS. “Yo me pregunto -finalizó Guillermina-. ¿En qué mundo es posible esta farsa policial y judicial que elige a mi hijo, un muchacho de 25 años para robarle la vida?".
por Adriana Vanoli
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