De una trabajadora del Garrahan a Eduardo Feinmann: "Hacé terapia, vas a ser más feliz"

“Deberías ir a terapia Feinmann, así vas a ser más feliz”, aconsejó Norma Lezana, secretaria de la Asociación de Trabajadores del Hospital Garrahan, a Eduardo Feinmann. El periodista le contestó: “Yo estoy superfeliz”, pero la delegada remató: “No se te nota, comunícaselo a tu cara”. Ante semejante respuesta, el conductor asintió: “Bueno, está bien, me domó”. Así finalizó el reportaje que Feinmann desarrolló en su ciclo de A24 sobre los reclamos de los empleados del Hospital Garrahan.  

Trabajadores del Hospital Infantil Dr. Juan P. Garrahan mantienen desde mediados de 2025 una disputa abierta con el Estado nacional que combinó paros, asambleas, ocupaciones y una pulseada pública por salarios y condiciones de trabajo. El epicentro del conflicto fue la ocupación de la Dirección Médica por parte de personal nucleado en gremios y asociaciones profesionales, una medida de presión que se hizo visible el 31 de octubre y que, según los protagonistas, buscó revertir descuentos salariales aplicados tras jornadas de huelga. 

El reclamo de los trabajadores tiene varias patas: pedidos por recomposición salarial real, denuncia de pérdida sostenida del poder adquisitivo —especialmente entre residentes y personal técnico—, y rechazo a descuentos y sanciones disciplinarias que las autoridades habrían aplicado tras los paros. Representantes gremiales advirtieron que los descuentos por adhesión a medidas de fuerza llegaron a montos que algunos llegaron a calificar como “excesivos”, en casos que denunciaron superaban los cientos de miles de pesos para equipos completos. 

Las organizaciones que condujeron las protestas incluyen a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras agrupaciones internas y de apoyo. Los gremios sostienen que, además del ajuste salarial, hay medidas administrativas y controles, como la implementación de sistemas biométricos de presentismo, que se interpretan como intentos de disciplinamiento del plantel y de “vaciamiento” institucional. Desde la conducción del hospital y el gobierno, en tanto, se responsabilizó a sectores del personal por desorganizar turnos y servicios durante las medidas de fuerza. 

En este marco de escalada, el gobierno nacional anunció a comienzos de noviembre un aumento remunerativo para el personal. Se comunicó un incremento de alrededor del 60% en la asignación básica del personal del hospital, una medida que el Ejecutivo presentó como respuesta para “normalizar” la situación y recomponer parte de los haberes. Para los gremios, el anuncio llegó tras meses de lucha y presiones pero no neutralizó de inmediato todas las demandas: persisten reclamos por los descuentos ya practicados, reparaciones por eventuales sanciones y garantías sobre la sostenibilidad del financiamiento del centro. 

El conflicto se inscribe en una disputa mayor entre amplios sectores de la salud pública sobre recortes presupuestarios y reorganización administrativa iniciada durante 2025. Distintas fuentes e informes periodísticos documentaron renuncias de profesionales, reducción de recursos y confrontaciones entre autoridades y trabajadores. Estos hechos  alimentaron la percepción, entre los gremios, de una política de ajuste que afecta directamente la atención pediátrica de alta complejidad. Ese contexto explica por qué el conflicto del Garrahan trascendió el ámbito local y convocó a marchas y apoyos de otros sectores. 

A lo largo del conflicto, las protestas incluyeron concentraciones en Plaza de Mayo y pedidos públicos de “ley de emergencia pediátrica”. Dirigentes sindicales exigieron no sólo aumentos salariales inmediatos, sino también garantías presupuestarias a largo plazo para el funcionamiento de servicios críticos (quirófanos, hemoterapia, oncología pediátrica, trasplantes). Por su parte, el gobierno y la conducción del hospital defendieron la legitimidad de medidas administrativas adoptadas y sostuvieron que las transferencias y asignaciones deben acompañarse de “orden y eficiencia” en el manejo institucional. 

La combinación de paros prolongados, recortes de personal y discusiones sobre financiamiento genera riesgos operativos concretos que, según especialistas consultados por diferentes medios, terminan afectando a los pacientes más vulnerables. Para los trabajadores, la disputa es también por preservar la calidad asistencial de un hospital que atiende a centenas de miles de pacientes al año y tiene servicios de referencia nacional. 

Además del monto del aumento y su pase a la liquidación de sueldos, los puntos que siguen abiertos son la restitución o compensación por los descuentos ya practicados, el levantamiento de sanciones disciplinarias y la definición de un esquema presupuestario estable que evite la recurrencia del conflicto. El diálogo se mantiene intermitente y con mediaciones oficiales, pero se requerirá acuerdos escritos y mecanismos de control independientes que garanticen continuidad asistencial y condiciones laborales dignas.