Si se aprueba, el proyecto de ley oficialista para imponer un impuesto extraordinario a los argentinos más ricos, recaudaría entre los 50 mayores millonarios del ranking de la revista Forbes entre $ 101.364 millones y 153.136 millones, es decir, entre US$ 1.333 millones y 2.014 millones. Así surge del cálculo que elaboró el Equipo de Investigación de Perfil a partir de los montos de los patrimonios informados por Forbes y las alícuotas que aplicaría la iniciativa del Frente de Todos (FdT) que presentaron los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller y que varía según los bienes estén radicados en la Argentina o en el exterior.
Se trata de una aproximación a cuánto abonarían, pero el número concreto solo puede surgir de las declaraciones juradas secretas de cada contribuyente. En los casos en que las fortunas sean compartidas por dos hermanos, como Juan Carlos y Sebastián Bagó, dueños de Laboratorios Bagó, o un hermano y los herederos del otro, como Alejandro y Carlos Bulgheroni, la tasa se aplicó según la división de ese patrimonio, por lo que abonarían menos que si estuviera en cabeza de solo uno.
El aporte por única vez del FdT recaudaría entre los 50 más ricos una cifra superior que el propuesto por Juntos por el Cambio (JxC), que llegaría a $ 72.702 millones, o US$ 956 millones, y que además puede deducirse de inversiones y donaciones. Pero menos que el tributo que impulsa el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que recolectaría $ 274.588 millones, o US$ 3.613 millones.
Si bien los Bulgheroni, accionistas de Pan American Energy (PAE) y sus estaciones Axion, son los dueños de la mayor fortuna del país, Alejandro está radicado hace años en Uruguay y, por tanto, esquivaría el gravamen del FdT.
El que más abonaría sería Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. Pese a que cambió su residencia fiscal a Uruguay a principios de año, los tres proyectos de ley se basan en las declaraciones patrimoniales al 31 de diciembre pasado. Tendría que poner entre $ 11.155 millones y 16.758 millones, de acuerdo con la iniciativa del FdT. Sin embargo, pagaría menos porque buena parte de su fortuna está radicada en un trust -fideicomiso- irrevocable en Nueva Zelanda. No es el único millonario argentino que ha ubicado su riqueza en un instrumento así, lejos del control de la AFIP.
Le seguiría Paolo Rocca y familia, con entre 9.027 millones y 13.566 millones, aunque su prima Elena Bonatti migró a Italia y no pagaría. Lo que aportaría cada uno de los 50 más ricos según los proyectos del FdT, JxC y FIT puede verse en la infografía adjunta.
Además de Alejandro Bulgheroni, otros ricos cambiaron su residencia fiscal hace tiempo y zafarían del aporte: Hugo Sigman, dueño del grupo Insud, de laboratorios y otros negocios, vive en España; Jorge Pérez, con negocios inmobiliarios en EE.UU.; Samuel Liberman Falchuk, que hizo su fortuna con Video Cable Comunicación (VCC) y ahora se dedica a hoteles, hipódromos y otras actividades desde Panamá; Lionel Messi, aún jugador del Barcelona; y Martín Varsavsky, que se hizo rico en España con la telefónica Jazztel y ahora invierte en fertilización asistida y movilidad autónoma. En cambio, deberán abonarlo aquellos que se marcharon este año a Uruguay como Gianfranco Macri. La familia del ex presidente tendrá que desembolsar entre $ 1.419 millones y 2.154 millones, si se aprueba el proyecto del FdT. En cambio, con el de la coalición de Mauricio Macri pagarían 1.021 millones.
El proyecto del FdT está dirigido a las riquezas mayores a los $ 200 millones, apenas encima de los US$ 2,5 millones. Según las estimaciones del oficialismo, alcanzaría a 12.000 personas, 0,02% de la población. Se aplicaría por una única vez. Si los bienes se encuentran en el país, se impondría un monto fijo y un porcentaje sobre el excedente que escala desde 2% hasta 3,5% para los patrimonios superiores a los $ 3.000 millones. Los activos radicados en el extranjero no pagarán un monto fijo sino una alícuota más alta sobre el monto total, escalando desde el 3% para los patrimonios superiores a los $ 200 millones hasta el 5,25% para los que superen los 3.000 millones. Si se repatría un 30% o más de las tenencias financieras, la alícuota sería igual a la de los bienes en el país.
La principal diferencia con el proyecto de un grupo de senadores del Pro, encabezados por el sanjuanino Roberto Basualdo, yace en que este da la oportunidad de invertir el monto de la alícuota (2,5%) en bienes de capital, construcción y remodelación de propiedades o en donaciones a la Cruz Roja y comedores infantiles, entre otros, en el plazo de un año. El gravamen se cobraría sobre el monto que exceda la fortuna de $ 200 millones y, si se invierte o dona, lo destinado a ese fin no se computaría en la base imponible de Bienes Personales por un período fiscal.
El Frente de Izquierda presentó su propia iniciativa con una alícuota extraordinaria más agresiva que va desde el 5% al monto que exceda los $ 100 millones, el 7,5% para lo superior a 600 millones, el 10% para lo excedente de 3 millones y el 15% para los de más de 50 millones. Un dato curioso es que con este esquema los Bulgheroni residentes en el país, Julio Fraomeni (dueño de Galeno), la familia Poli (Pluspetrol) y el desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini (Consultatio) aportarían mucho menos que con el FdT o JxC, o menos que otros empresarios con inferior patrimonio, como los Bagó, la familia Urquía (Aceitera General Deheza) o Javier Madanes Quintanilla (aluminio Aluar y neumáticos Fate). Además, el FIT estipula la creación de un paquete de tributos adicionales que afectarían a los dueños de más de 5.000 hectáreas, los tenedores de viviendas ociosas, a las ganancias bancarias y a las rentas que superen los $ 65 millones.
Propuesto por Heller y Máximo Kirchner, el Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia busca inyectar recursos al sistema de salud en plena pandemia y achicar la caída de la recaudación tributaria. El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados José Luis Gioja, Hugo Yasky, Itai Hagman, Fernanda Vallejos, Juan Carlos Alderete, Leonardo Grosso, Lucía Corpacci, Ariel Rauschenberger, Gabriela Cerruti, Alicia Aparicio, Elda Pertile, Marcelo Casaretto y Martín Soria.
El proyecto de ley de JxC prevé una modificación en el artículo 85 del impuesto a las ganancias para sacar el límite de deducción por donaciones a organismos como la Cruz Roja, hospitales públicos y comedores escolares. Se llama Ley de Contribución Extraordinaria para la Inversión y el Desarrollo Productivo de la Argentina y establece una sanción del 5% del patrimonio que exceda los 200 millones de pesos si el contribuyente incumple con el compromiso de inversión.
Asimismo, en los fundamentos del proyecto se asegura que lo que necesita el país en el contexto de la pandemia es la recuperación del empleo “a través de capitales nacionales para poder reducir los márgenes de pobreza y reactivar la economía”. En la misma línea, se afirma que el país “no tiene márgenes fiscales y la posibilidad del financiamiento monetario debe ser administrado con cautela”, y luego completa asegurando que “el arsenal a disposición del Gobierno es muy limitado”. La propuesta fue respaldada por los senadores Alfredo De Angeli, Claudio Javier Poggi, Gladys Gonzalez, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Humberto Schiavonni, Juan Carlos Romero y Nestor Braillard Poccard.
Lla iniciativa del Frente de Izquierda fue presentada por Nicolás del Caño y Romina del Pla y prevé conseguir una recaudación extraordinaria de 20.000 millones de dólares para crear un fondo de emergencia que afronte las complicaciones inherentes a la pandemia de coronavirus.
La opinión de los economistas. Daniel Artana, economista jefe en FIEL y especialista en política fiscal, asegura que un impuesto de esta naturaleza es difícil de justificar inclusive en medio de una pandemia dado que entre 2016 y hoy la alícuota de bienes personales se multiplicó por cinco para los bienes en el país y por nueve para aquellos en el exterior. Además, Artana afirma que los tributos de esta índole siempre terminan afectando al ahorro y la inversión privada y, además, incentiva a los ciudadanos de mayores recursos a cambiar su residencia fiscal.
En cambio, su colega Agustín D'Attellis asegura que la implementación del impuesto no tendría impactos negativos en la macroeconomía si se implementa de manera correcta y si es bien informado a la sociedad. El economista oficialista también afirma que la implementación del proyecto de ley del FdT no supondría una mayor presión en el tipo de cambio dado que el aumento en el dólar se estaría dando por la dinámica propia de la economía. Finalmente, asegura que si no se sanciona el proyecto, tendría un impacto negativo en la economía dado que el mercado de crédito está cerrado para el país y el Estado necesita recaudar para aliviar las arcas públicas.
Eduardo Amadeo, economista y ex diputado nacional por Cambiemos, afirma que el proyecto solo contribuye a un “desorden generalizado” en la economía y que el dinero que se recaudaría no es un monto que “quite el sueño”. Además, el referente del PRO asegura que el proyecto, junto con el intento de expropiación de Vicentin y la intervención del mercado de telecomunicaciones, enviaría señales equivocadas al mercado que aumentarían la incertidumbre y alejarían posibles inversiones en el país.
Por su parte, el economista Sergio Chouza asevera que, al ser un impuesto extraordinario, no cambia la situación fiscal dado que es un monto simbólico pero aporta “un poco de holgura” para realizar algún desembolso en particular para combatir la pandemia de Covid-19. El economista opina también que para los inversores “los impuestos son mala palabra” y que cualquier nueva imposición podría desalentar inversiones privadas. Aclara que este tipo de conductas responden a un fenómeno global en el que el país no sería la excepción.
*Integrante del Equipo de Investigación de Perfil Educación.
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por Alan Ares*
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