El ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva al menos una semana de atraso en el cronograma de renegociación de la deuda que anunció en enero. En el calendario se preveía que en la primera semana de marzo se iba presentar la propuesta de pago a los bonistas, en la segunda se abriría el canje de títulos actuales por los nuevos con quita y comenzaría un roadshow por el mundo con los acreedores y en la cuarta finalizaría el período de aceptación. En el mejor de los casos, acabará a principios de abril.
En la primera semana de marzo comenzaron los 10 días de intercambios de visiones con los bonistas, previstos para fines de febrero. Fueron encuentros con desencuentros.
Cuando en enero Guzmán se presentó por primera vez ante los fondos de inversión en Nueva York, dejó una mala impresión por la dureza de su planteo de reestructuración. Desde entonces, algunos inversores comenzaron a operar contra él y a conjeturar con que podría terminar como Yanis Varoufakis, famoso economista griego que duró medio año de 2015 como ministro de Economía hasta que la entonces coalición gobernante de izquierda se deshizo de él por sus posiciones radicales ante la negociación de deuda.
A mediados de febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el otro acreedor relevante de la Argentina, difundió un comunicado en el que consideraba que la deuda del país era insostenible y les reclamaba a los bonistas una "contribución apreciable". El mensaje cayó mal en los fondos de inversión y así se lo manifestaron al FMI en las reuniones periódicas que mantienen en Washington. La Argentina le debe US$ 44.000 millones al Fondo y en principio debe devolverlos sobre todo entre 2022 y 2023, mientras que la deuda en dólares con el sector privado ronda los 90.000 millones, de los cuales 60.000 millones están emitidos bajo legislación extranjera y, por tanto, son susceptibles de juicios en los tribunales de Nueva York o Londres.
Riesgo. Las declaraciones de Guzmán y del FMI impulsaron una suba del riesgo país en febrero, pero en marzo comenzó a revetirse. Por un lado, el 1 de marzo el Gobierno anunció que contrataba al banco francés Lazard como asesor en la renegociación y al norteamericano Bank of America y al británico HSBC como colocadores de los nuevos bonos. Por otro, el parate económico mundial por el coronavirus, que si bien desalienta las exportaciones necesarias para crear los dólares que pagarán el pasivo, ha forzado una nueva baja de tasas de interés en el planeta y eso torna atractiva cualquier promesa de rentabilidad, incluso si la propuesta de canje implica reducir el cupón de la deuda argentina del 6% promedio al 3%, según comentaba un banquero en el primer encuentro público que protagonizó el presidente Alberto Fernández con empresarios, el 4 de marzo en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).
El mismo interlocutor destacaba el apoyo del FMI a una fuerte quita, pero advertía que eso resulta insuficiente para que los bonistas la acepten. También alertaba sobre el retraso en la negociación de la deuda en medio de una economía que sigue en recesión –la recaudación tributaria lo demuestra y complica el gasto del Gobierno– y que empeora las condiciones sociales.
Otro banquero rescataba en el Cicyp que el equipo del académico Guzmán, con poca experiencia en el mundillo del negocio financiero, haya puesto como intermediarios a bancos internacionales que conocen bien ese ámbito. Atrás quedaron las peleas del gobierno de Cristina Kirchner contra Gabriel Martino, que dejó la presidencia del HSBC Argentina y se fue a la casa matriz en Londres después de la victoria de los Fernández en las primarias de agosto pasado.
El riesgo país también comenzó a bajar porque el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, empezó a escuchar más a los acreedores locales para organizar los canjes de la deuda que iba venciendo. Lo hizo después de algunos traspiés, pero lo hizo. El 4 de marzó anunció que canjeó el 65% de los bonos Bogato, que, aunque parezca broma, había emitido el gobierno de Mauricio Macri un mes antes del estallido de 2018. Al comunicar ese resultado, el Ministerio de Economía dejó una advertencia para los próximos reperfilamientos de deuda local y la negociación de bonos internacionales: "Las conductas de tipo oportunistas y de persecución de rentas extraordinarias en períodos de corto tiempo no contribuyen a los objetivos de sostenibilidad".
Los fondos de inversión llegaron en marzo a Buenos Aires con entusiasmo. Enterados de su ilusión, en el equipo de Guzmán comentaron en privado: "Se les va a caer".
El ministro y sus asesores recibieron a representantes de los fondos que se habían embobado en su momento con la llegada de Macri al poder: Pimco, Ashmore, BlackRock, Templeton, Fidelity –el que bloqueó el reperfilamiento bonaerense–, Macrosynergy, Greylock y Monarch, entre otros. También hay fondos que habían invertido en la Argentina kirchnerista como Fintech, del mexicano David Martínez, socio minoritario de Telecom Argentina. Fintech es uno de los fondos que el Gobierno considera "colaborativos". A otros los tacha de "no colaborativos".
El Ejecutivo ansía que la mayoría se incluya entre los primeros y se eviten juicios de fondos buitre y otros acreedores. Para ello, requiere que el canje sea aceptado por el 85% de los tenedores de bonos emitidos por el kirchnerismo –cuando reestructuró la deuda en default en 2001– y por el 75% de los que colocó Macri. Si se alcanzan esos porcentajes, las minorías que rechacen el trueque no podrán recurrir a la Justicia.
Pero para llegar a esos guarismos, Guzmán no está dispuesto a ceder respecto de exigirles a los bonistas la "contribución apreciable" de la que habló el Fondo. Por eso, varios fondos de inversión se retiraron disconformes de su reunión con Guzmán. Lo encuentran tímido, parco, repetitivo de sus ideas y poco permeable a las propuestas que ellos le llevan. En Economía esperan nuevas operaciones de desgaste contra el ministro.
Analistas advierten que todo el gobierno y su gasto están congelados a la espera de la renegociación de la deuda y la paciencia dentro del Frente de Todos y en el resto de la sociedad puede acabarse pronto. Algunos especulan con que Fernández puede obligar a Guzmán a ceder con tal de evitar un default, pero otros advierten que si al ministro le va mal, el Gobierno puede radicalizarse por influencia de la vicepresidenta Kirchner. Pero en Economía sostiene que todos los contactos de Fernández y Guzmán con líderes mundiales demuestran la intención de evitar un default.
Un grupo de acreedores integrado por BlackRock, Templeton y Fidelity se arroga la representación del 40% de los tenedores de bonos con legislación extranjera, pero en el mercado y en el Gobierno no le creen. También hay bonistas argentinos. En general, los fondos se mostraron dispuestos a una quita del 15%, mientras el Ejecutivo habla de entre el 30% y el 50%. En la actualidad, los bonos cotizan con una poda del 55% y si bajaran aún más, al 65%, estarían en precios atractivos para buitres.
Cómo. Además del porcentaje, también discuten por cómo se aplicará la poda. Si se aplazan todos los pagos de capital e intereses por cuatro años, el gobierno de Fernández carecería de incentivos para ordenar las cuentas, según algunos acreedores. El Gobierno los atemoriza pidiendo quitas de capital e intereses, pero les recuerda que se equivocaron por apostar al modelo de Macri.
El Ejecutivo también se ilusiona con que está cerca de un acuerdo con el FMI, que reprogramaría los vencimientos de 2022 y 2023. Pero en el Fondo, a pesar del diálogo intensificado por la misión finalizada este 5 de marzo, por ahora no analizan un convenio sino el programa de gobierno y la estrategia de renegociación de la deuda. Un pacto como el que ansía Guzmán puede llevar dos meses más de conversaciones.
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