martes, diciembre 10, 2019

OPINIóN | 19-07-2013 15:11

La rebelión de los jueces

Jaime. El símbolo de la corrupción kirchnerista pasó a ser el primer prófugo de la Justicia.

De ser otras las circunstancias, a Cristina le encantaría ver a Ricardo Jaime procesado y condenado a pasar muchos años en una cárcel común maloliente, pero sucede que el ex zar del transporte es emblemático de algo más que el mal gusto cuando de elegir corbatas de trata. Como tantos otros kirchneristas de la primera hora, entre ellos el mismísimo Néstor Kirchner, parecería que Jaime siempre tomó la política por una fuente casi inagotable de riqueza personal que le correspondería aprovechar a pleno, dejando que otros se preocuparan por nimiedades como el interés nacional, la calidad de servicios públicos como los proporcionados por trenes destartalados como los de la línea Sarmiento, el destino de millones de pobres que dependen del clientelismo para sobrevivir y, huelga decirlo, aquellos aburridos temas ideológicos que sirven para despistar a gente de pretensiones intelectuales.

Con todo, mientras que el fundador de la dinastía K se vería transformado póstumamente, aunque solo fuera por un rato, en una especie de héroe mítico, a Jaime le ha tocado desempeñar el papel ingrato de símbolo máximo de los vicios más antipáticos del kirchnerismo. Puede que pronto se vea acompañado por otros, muchos otros, pero en la actualidad escasean los dispuestos a darle la ayuda que precisa y que con toda seguridad cree merecer. Jaime no es un chivo expiatorio, ya que a diferencia del cuadrúpedo desafortunado nadie lo supone inocente, pero sería comprensible que sospechara que muchos kirchneristas rezaran para que el país se conformara con el sacrificio del miembro más vistoso del entorno omnívoro de Néstor.

Para Jaime, pues, ha llegado por fin la hora de enfrentarse con la Justicia, eventualidad que, según parece, esperaba postergar hasta las calendas griegas, ya que compartía con su jefe la opinión de un experto en la materia, Alfredo Yabrán, de que el poder significa impunidad y que por lo tanto sus felices dueños no tenían por qué tratar de pasar desapercibidos. Por el contrario, durante mucho tiempo los dos pingüinos actuaban con un grado realmente extraordinario de desfachatez, Jaime al hacer gala de su fervor consumista y Néstor de su astucia como empresario; ambos apostaban a que los demás se sentirían sumamente impresionados por el poder de quienes se sabían por encima de leyes acaso apropiadas para los mortales comunes pero no para líderes de verdad. No se equivocaban; siempre y cuando la mayoría sienta que la economía anda sobre rieles, corren con ventaja los “transgresores” que se mofan de las reglas.

Tal actitud ha determinado la forma que, andando el tiempo, asumiría el “modelo” o el “proyecto” de los santacruceños. No es producto de un esquema confeccionado por ideólogos sino de la necesidad de sus dirigentes de defender lo ya conseguido adquiriendo cada vez más poder. La razón por la que los kirchneristas van por todo no es que desde el vamos hayan fantaseado con llevar a cabo una especie de “revolución popular” retro del tipo esbozado en las arengas de Cristina, es que precisaban construir cuanto antes defensas inexpugnables contra los deseosos de obligarlos a rendir cuentas ante jueces no democráticos. Casi todo lo hecho por el gobierno de Néstor Kirchner primero y, después, por el de su viuda, se ha visto subordinado a dicho fin.

Desgraciadamente para Cristina y sus soldados, iniciaron la gran ofensiva contra la Justicia burguesa cuando ya se difundía la sensación de que su poder comenzaba a agrietarse. De haberlo hecho un año y medio antes, se hubieran visto beneficiados por los efectos soporíferos de un triunfo electoral antológico que desmoralizó a sus adversarios, pero en aquel entonces creían que pocos jueces se animarían a desafiarlos de modo que sería mejor dejarlos en paz. Demorar la ofensiva hasta fines de 2015 les hubiera acarreado algunos riesgos, pero hubieran sido menores que los planteados por la posibilidad alarmante de que durante los más de dos años que, de respetarse la Constitución, le quedan al Gobierno, Cristina y sus incondicionales sean blancos de un sinnúmero de ataques judiciales, además, claro está, de las consecuencias tal vez catastróficas de su forma extravagante de manejar la maltrecha economía nacional.

El juez federal que ordenó la detención de Jaime, que no vaciló en poner los pies en polvorosa, Claudio Bonadio, es considerado un “juez político” no solo porque su nombre figuró en la servilleta más célebre de la historia nacional que Domingo Cavallo dijo le había entregado Carlos Corach, el operador más hábil del gobierno de Carlos Menem, sino también porque se le atribuye la capacidad de prever los cambios de clima político. Según esta lectura, habrá sentido que ha llegado la hora de despegarse del kirchnerismo. Sea como fuere, Bonadio no es el único magistrado que ha reaccionado así frente a la “democratización” del Poder Judicial propuesta por Cristina. Muchos otros no tienen intención alguna de resignarse a ser barridos por un gobierno que ha hecho de la defensa de lo ganado en el transcurso de una década de virtual hegemonía una prioridad absoluta, uno cuyos integrantes tienen motivos de sobra para temer que, de funcionar como es debido las instituciones, les aguardarían años entre rejas. En los días últimos, han proliferado las impugnaciones, suspensiones, medidas cautelares y así por el estilo impulsadas por los decididos a frustrar los intentos del Gobierno por “reformar” la Justicia.

El apuro oficial puede entenderse. Que el gobierno kirchnerista haya privado al menemista del derecho a ufanarse de ser el más corrupto de la historia argentina dista de ser una novedad. Año tras año, lo han confirmado entidades especializadas como Transparencia Internacional. Sin embargo, como suele ocurrir en países que se han acostumbrado a ser gobernados por individuos de ética flexible, las denuncias en tal sentido no incidieron en las preferencias políticas de la mayoría hasta que la economía empezó a salirse de madre. Parecería que a juicio de muchos, es bueno que el país se vea en manos de personajes sin demasiados escrúpulos porque serán más inteligentes, más realistas y más eficaces que quienes se limitan a perorar acerca de la inmoralidad ajena.

Hasta ahora, la voluntad colectiva de creer que, a pesar de todos los errores –algunos grotescos– que ha cometido el gobierno kirchnerista es el menos malo disponible, le ha permitido mantenerse a flote, pero de surgir una alternativa convincente, la situación en que se encuentra podría modificarse en un lapso muy breve. Para abandonarla a su suerte, quienes votaron por Cristina en octubre de 2011 y que, según las encuestas, están dispuestos a apoyar a su delegado, Martín Insaurralde, en las elecciones legislativas, necesitarían contar con buenos pretextos. Pues bien, la inflación que está corroyendo los ingresos magros de la mayoría de los habitantes de las zonas más deprimidas del conurbano bonaerense les ha proporcionado uno, y el alud de denuncias de corrupción dirigidas contra Néstor Kirchner, Jaime y otros prohombres les brinda otro.

Así las cosas, a Cristina y los miembros de su entorno no les será del todo fácil conservar la alianza, muy similar a aquella que le dio a Menem su propia década ganada, de una minoría supuestamente ilustrada con una multitud de pobres “estructurales”, en la que descansa el poder que se las han arreglado para acumular. Tampoco les será fácil asegurarse la lealtad de gobernadores provinciales e intendentes municipales si estos llegan a la misma conclusión que los magistrados que se han puesto a defender la autonomía que en teoría es suya pero que en verdad siempre ha sido relativa.

Todos los gobiernos, incluyendo a los más fieles a los principios del liberalismo clásico, procuran asegurar que dominen el Poder Judicial juristas que comparten sus propias preferencias conceptuales, pero tienen que obrar con cuidado ya que en todas partes la Justicia suele evolucionar con mayor lentitud que el Poder Legislativo o, desde luego, el Ejecutivo. La negativa de funcionarios impacientes a entender esta realidad y tratar de impulsar cambios inmediatos siempre resulta contraproducente, ya que los magistrados están tan resueltos como el que más a aferrarse a lo que, si fueran sindicalistas, calificarían de sus “conquistas”.

Al embestir contra la Justicia, obligando a los jueces a optar entre ser militantes y correr peligro de verse expulsados de la “familia judicial”, Cristina cometió un error estratégico que podría costarle muy pero muy caro. En la Argentina, es tradicional que los ex presidentes, y ni hablar de sus colaboradores más notorios, se vean constreñidos a pasar por Tribunales antes de que les sea dado disfrutar de un período de tranquilidad en el llano. ¿Logrará transitar Cristina los juzgados sin sufrir muchos percances humillantes? ¿O se cumplirá el deseo de la diputada Elisa Carrió y muchos otros que quisieran verla encarcelada y forzada a devolver el dinero que, con su marido, se las ingenió para amontonar por medios que un juez severo podría considerar demasiado heterodoxos? Tal y como están las cosas, a menos que la Presidenta tenga muchísima suerte, le esperará un futuro pesadillesco.

* PERIODISTA y analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald”.

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