A principios de abril, el Programa de Atención Médica Integral del Instituto Nacional de Prestaciones Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– había comunicado oficialmente que dejaría de dar cobertura del 100% a un listado de 150 medicamentos. La noticia, que puso en alerta a los afiliados de la tercera edad, se completó el 7 de abril, cuando desde el instituto comandado por Carlos Regazzoni firmaron una segunda resolución mediante la cual se ponía como fecha de inicio de la medida fines de abril, tiempo que aprovecharán para revisar nuevamente el listado.
Si bien desde el PAMI sostuvieron que los fármacos que se quitaron del listado lo fueron tras una revisión previa de la que surgió que son de eficacia dudosa o que ya están obsoletos, las numerosas críticas obligaron a una nueva revisión.
En medio de la polémica, Regazzoni –quien recientemente obtuvo el apoyo del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino– aseveró que la medida tiene lógica pero fue mal comunicada, dado que hay medicamentos que se incluyen en el listado que no son cubiertos por ningún país en el mundo. “No está bien comparar al PAMI con otras obras sociales o similares en Europa”, señaló en diálogo con NOTICIAS Rubén Sajem, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal, quien agregó que, si bien en otras partes del mundo se entregan medicamentos gratuitos, “el sistema de salud es muy distinto y lo que ganan los jubilados también es muy distinto: uno que quiere consumir un medicamento para la artrosis puede ir a la farmacia con la receta y pagarlo. No son comparables ni el poder adquisitivo ni el sistema de salud”.
La diputada nacional Graciela Ocaña sostuvo que “el vademecum que tiene el PAMI es más amplio que las coberturas de las obras sociales”. En diálogo con NOTICIAS, la ex ministra de Salud afirmó que “una decisión de descartar coberturas debe ser tomada con racionalidad: por un lado, hay medicamentos que no tienen ningún sentido su utilización, y otros que sí”. Ocaña apuntó también a los negociados de los medicamentos al denunciar que “tampoco uno puede soslayar que los laboratorios pagan incentivos a funcionarios”. Para justificar su afirmación, la diputada recordó que durante su gestión había una cobertura de más de 900 drogas y en la actualidad llega a 1.200. “Pueden ser nuevos medicamentos, pero la Organización Panamericana de la Salud entiende que con un vademecum de 600 drogas se puede atender todas las enfermedades y tenemos el doble”, puntualizó.
“Si vamos a hablar del uso racional de medicamentos, todos vamos a estar de acuerdo, porque todos sabemos lo que produce el abuso de medicamentos”, señaló Sajem, y manifestó que desde su sector quieren “un cambio general del sistema en el que los farmacéuticos intervengan en estos convenios que hace el PAMI con la industria farmacéutica”. La queja de Sajem se ampara en que “las entidades médicas le dicen al doctor Regazzoni que están de acuerdo con el uso racional de medicamentos. Claro, los farmacéuticos también estamos de acuerdo, pero queremos sentarnos en la discusión y tener conocimiento de las medidas que toman”.
En el sentido de la racionalización del presupuesto del PAMI, Ocaña también apuntó a los beneficios que reciben los médicos al momento de prescribir una droga por su nombre comercial. “Si bien es cierto que algunas drogas son mejores si pertenecen a determinada marca, no es una regla. Y si bien muchos médicos son invitados a capacitaciones por laboratorios, otros se van de viajes de placer con todos los gastos pagos. Queremos que en las recetas se declare que el médico no tiene ningún tipo de interés comercial con el laboratorio que produce la droga prescripta”.
Más allá de la polémica actual, lo cierto es que el PAMI continúa siendo un lugar habitual de problemáticas en cualquier gobierno desde su creación hace más de cuatro décadas. Tan cierto como que a la hora de ajustar las clavijas, no da lo mismo cualquier recorte si está la salud de la tercera edad en juego.
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