Un polémico choripán oncológico

Que los gobernantes populistas hacen cualquier cosa para mantenerse en el cargo es un hecho tan banal que la mayoría de sus actos en este sentido no llega a ser noticia. Cuando una decisión gubernamental de un país latinoamericano aparece en el The New York Times, es porque ya pasó de ciertos límites. Cuando la indignación invade las páginas de las revistas científicas Nature y Science es porque se trata de un caso de estudio. Eso ocurrió el pasado 14 de abril cuando la presidente de Brasil, Dilma Roussef, sancionó una ley que permite la comercialización y uso de una substancia sin evidencias científicas de utilidad para lo que se publicitaba: la cura del cáncer. Ese día fue aún más lejos que cuando Menem apoyó el agua de México, aquel liquido milagroso que ni siquiera era potable. Porque la firma que involucra la participación de la presidenta Dilma Roussef en esa irresponsabilidad la hizo a horas de la votación con la cual la Camara de Diputados iba a decidir si ella podía seguir sentada en el sillón presidencial.

¿Qué es la fosfoetanolamina? Es una sustancia natural del cuerpo, que fue sintetizada en un laboratorio de la Universidad de San Pablo (USP) en 1980 por un químico- hoy jubilado – el Dr. Gilberto Chierice. Chierice se asoció con otros científicos para investigarla en animales y, a pesar de los resultados débiles, la substancia se convirtió por arte de magia en medicamento humano. No solo estuvo disponible en un hospital público del interior del estado de San Pablo, sino, aun más grave, se entregó gratuitamente a miles de pacientes en la propia USP (Campus San Carlos). Esa locura que nadie quiso ver duró nada menos que dos décadas.

¿Sirve? No hay evidencias de que sea útil y, si bien hay un pedido de patente, nunca fue sometida a los organismos que deberían autorizar su uso como tratamiento médico (el equivalente al ANMAT que en Brasil se llama Anvisa). Las pruebas in vitro que el Estado comenzó a financiar recientemente -cuando se sintió presionado- no son favorables. La primera conclusión fue que las cápsulas que se entregaban a los pacientes tenían apenas el 30% de fosfoetanolamina, o sea era una mezcla de substancias. La segunda conclusión fue que la mezcla contenida no tenía los efectos esperados. (Habría incluso evidencias en la bibliografía de que por el contrario, la fosfoetanolamina ampliaría el alcance de los tumores). Las primeras investigaciones en humanos acerca de su seguridad comenzaron recién ahora.

Por si quedan dudas, y en pocas palabras, todos los científicos y médicos de Brasil están en contra. No solo los independientes: ninguno de los informes técnicos preparados por los ministerios de Salud; Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y ni siquiera los abogados generales de la República apoyaron el proyecto. Tampoco los médicos de Dilma quien, cuando tuvo cáncer, acudió a la medicina basada en evidencias del mejor nivel en el Hospital Sirio Libanés de San Pablo.

Pero una historia de veinte años de negligencias, acusaciones de curanderismo, llantos frente a cámaras, y miles de personas que la usaron sin que se supiera a ciencia cierta qué diagnóstico tenían, y que pasó después con ellas (ya que no existe ningún estudio clínico de los usuarios) no se enfrenta fácilmente con informes técnicos. Ya es conocida popularmente como la “Píldora de la USP” y ese nombre le da una cierta aura de seriedad que nunca tuvo. Cuando se prohibió la entrega, en el 2014, su fama era tal que la gente empezó a hacerle juicio a la USP. Con más de 15.000 pedidos, el departamento de Legales se dedicaba solo a eso y lo peor, los jueces fallaban a favor de los pacientes. Quienes seguían el tema en los medios no se aburrían: como en una novela, un día se liberaban las dosis para un paciente terminal, otro, la universidad lacraba el laboratorio. Y la Corte Suprema de Justicia se colocó en un dudoso medio mandando entregar la substancia, pero solo hasta que se acabara el stock.

Apuro. Aunque Brasil es, en muchos sentidos, un país serio y por eso la autorización de tratamientos médicos está perfectamente reglamentada, nada sirvió en este caso. En los últimos seis meses el asunto de la fosfoetanolamina mantuvo ocupados a los tres poderes, porque después del judicial entró en escena el legislativo. Los parlamentarios vieron en el compuesto un instrumento para ganar la simpatía del electorado y una vitrina para las elecciones. Un grupo de 26 diputados hizo un proyecto y la aprobación (en la que no hubo discusión ni oyeron a los expertos ) fue relámpago: tomó apenas unas semanas. Finalmente, a horas de la votación que dió inicio al proceso de impeachment, la presidenta Dilma aprobó la fosfoetanolamina.

La Asociación Médica Brasileira declaró la actitud de la presidente Dilma de “imprudente”. Las propias autoridades sanitarias del Estado lanzaron inmediatamente un comunicado diciendo que “analizarán todas las medidas posibles de ser adoptadas para eliminar o reducir los riesgos a la salud de la población por la Ley nº 13.269”, incluyendo ir a la justicia. La revista británica Nature destaca el caso haciendo mención a que semanas antes el ministro de Ciencia había anunciado que la droga había fracasado en los primeros ensayos de laboratorio.

Esta decisión política basada en el resurgimiento mesiánico de las pseudociencias, como declaró el presidente de la Sociedad Brasilera de Oncología Clínica a la revista estadounidense Science, ya es foco de acciones criminales, pero nada de eso importa cuando el poder está en juego. Según denuncia el periodista Mauricio Tuffani, del site de análisis, opinión y periodismo investigativo “Direto da ciencia”, la Empresa Brasil de Comunicação (EBC) intentó desviar la atención internacional a las críticas y divulgó por medio de la Agência Brasil (estatal) dos comunicados, uno en español y el otro en inglés, que no menciona estas críticas.

A partir de ahora, la fosfoetanolamina será de libre elección en Brasil: el paciente deberá presentar un laudo médico que compruebe el diagnóstico y firmar un consentimiento informado. La pagará de su propio bolsillo, el Estado no la va a ofrecer de forma gratuita, pero tampoco está reglamentado quien podrá fabricarla. Y la autorización de fabricación depende de instancias que justamente están procesando al Ejecutivo por este motivo. El mercado negro tiene así las mejores condiciones para operar, incluyendo la publicidad gratuita.

En un país en el que la ciencia de vanguardia se destaca, el retroceso hacia los tiempos en los que no existía un método científico de evaluación de medicamentos fue puramente político. La “capsula da USP” tiene muchos seguidores, algunos por mera ignorancia, o que conocen o vieron en la tele a personas “curadas por la fosfo”. Otros están siendo manipulados a través de un falso sentimiento de privación de acceso a un tratamiento eficaz. Y amplificando ambos grupos, las falsas conspiraciones de todos los días que encuentran terreno fértil en las redes sociales. En esta situación crónica, la esfera política en lugar de investigar vistió a la cápsula azul y blanca de falsos brillos y la llevó a la fiesta de un gobierno en crisis de popularidad en el periodo de máxima turbulencia. La protección de las personas en situación de fragilidad no fue la primera bandera abandonada por Dilma para blindar su cargo. Pero ésta que afecta a los pacientes con cáncer produce mucho daño, y a ella no le sirvió de nada.