No es casualidad que Mauricio Macri haya demorado pocas horas en vetar este 31 de mayo la ley que retrotraía las tarifas de gas, electricidad y agua a noviembre pasado. Es que la eliminación de subsidios a esos servicios y el recorte de transferencias de la Nación a las provincias son claves del ajuste que ofrece la Argentina en su negociación del rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el gobierno de Macri pretenden que el ajuste no se centre en un área sino que se recorten gastos en todas. Reconocen que existen áreas fáciles de cortar, como la obra pública, donde ya se anunció una poda del 15% de lo previsto, sobre todo las que iban a comenzar en la segunda mitad del año. En los ministerios del Interior y Obras Públicas y de Transporte niegan que vaya a haber nuevos recortes.
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El Gobierno considera que también debe meterse con los gastos difíciles de disminuir, aunque enfrente restricciones políticas y operativas. Por ejemplo, quiere volver a la carga con la eliminación de pensiones por discapacidad que juzga indebidas porque el beneficiario cuenta con suficientes ingresos o bienes. Ya lo intentó en 2017, pero lo moderó ante la polémica en un año electoral. También se proseguirá en la unificación de programas sociales.
Pero el Ejecutivo admite que donde más se puede recortar es en subsidios. Por algo este 1 de junio se aplicó un nuevo tarifazo en el transporte público. La devaluación del peso encarecerá la producción dolarizada de gas y electricidad, lo que se traducirá en más aumentos de las facturas, aunque parte se compensará con más subvenciones. El Gobierno analiza la ralentización de aumentos programados, de modo de evitar una mayor inflación, que ascendería hasta 28%, según la consultora Eco Go.
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Gobernadores. Macri pretende que el ajuste también sea asumido por las provincias. Por el fallo de la Corte Suprema de fines de 2015 y el Pacto Fiscal de 2017, los gobernadores reciben más fondos y en el Gobierno sostienen que deberían hacerse cargo de erogaciones que en la actualidad corren por cuenta de la Nación, incluidas obras públicas. Habrá que ver si los estados provinciales las terminan ejecutando. Por lo pronto abarcan áreas como transporte –como el asfaltado y los metrobuses–, salud –quizás las vacunas–, educación o seguridad. Los gobernadores peronistas como el cordobés Juan Schiaretti ya sienten la presión y responden que la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ambas del PRO, deberían hacerse cargo de AYSA y del control de las concesiones de Edenor y Edesur.
El empleo público representa un porcentaje menor del gasto de la Nación, pero el Gobierno pretende reducirlo aún más. Ofreció un aumento de apenas 12% en una paritaria que promete ser dura y además prosigue con la ronda de despidos en diversos organismos. En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) temen una poda, aunque en el Ejecutivo nieguen que vaya a ser masiva. También admiten que el ahorro con un alza salarial del 12% sólo llegaría al 0,1% del PBI, con lo que quizás al final otorguen la cláusula gatillo.
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Las empresas públicas también ajustarán. Sin mayores conflictos con los gremios, Aerolineas Argentinas pasó de perder 700 millones de dólares por año en promedio durante el kirchnerismo a recibir 85 millones de subsidios este año y apuntar al equilibrio en 2019. En paralelo, el Ministerio de Transporte destaca que con licitaciones “transparentes y competitivas” bajó a la mitad el costo de construir autopistas y en un 68% el de los registros de conducir.
Habrá un ajuste más simbólico de gasto político, unos 20.000 millones de pesos ya anunciados, en vuelos en business o choferes. También puede haber alzas de impuestos: el Gobierno insistiría con la eliminación de exenciones tributarias a ciertos sectores que hicieron lobby en diciembre pasado y así zafaron de la reforma tributaria. En cambio, menos imperiosa será una nueva reforma previsional que eleve la edad jubilatoria de la mujer de 60 a 65 años.
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“En esencia de lo que ha hecho el Gobierno hasta el momento es haber transferido parte de los subsidios a los agentes económicos, sosteniendo la rentabilidad de las empresas concesionarias”, comenta el economista Enrique Dentice, de la Universidad de San Martín. “Y en los últimos meses ha subejecutado partidas en distintos ministerios, pero se ha incrementado mucho el gasto en los intereses por la deuda tomada en los últimos dos años. La huida al Fondo es encontrar al malo de la película para profundizar el volumen de déficit, inflación e inestabilidad social que el Gobierno no estaría dispuesto a pagar políticamente”, opina Dentice.
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