Uno de los puntos más llamativos de los argumentos anti aprobación de la ley por la despenalización del aborto que se están escuchando hoy es “la necesidad de mejorar la prevención”. Diputados, diputadas, mediáticos y usuarios de redes sociales se han llenado la boca con este argumento: el de utilizar métodos anticonceptivos para garantizar la no concreción de un embarazo. Este argumento redundó, en los peores casos, en descargar culpas sobre mujeres y hasta sobre prepúberes y adolescentes: “Si no te cuidaste, bancátela” (dicho en términos mucho más soeces que no hace falta mencionar).
Más allá de que este tipo de comentarios y posiciones pone todo el peso sobre el sexo femenino (cualquiera sea su edad, porque ni siquiera las niñas de diez, once, doce años se salvan de ser descalificadas, sin tener siquiera en cuenta que un embarazo a esas edades nunca es buscado ni consentido, es simple y llanamente, producto de una violación), lo cierto es que desconocen datos básicos de la realidad argentina en materia de educación sexual. Y también en cuanto a que, lamentablemente, no todos los embarazos son saludables y viables.
Del primer al tercer mundo. Argentina tiene una de las tasas de aborto más altas del planeta: 40%, el doble del promedio de América Latina (dato validado por las principales publicaciones científicas actuales) y la mayoría de los procedimientos se realizan bajo condiciones inseguras. “En el año 2008, por ejemplo, más del 20% de las muertes por emergencias obstétricas fueron causadas por abortos inseguros, que es la principal causa de mortalidad materna en Argentina”, decía un editorial de la revista científica The Lancet en el año 2010.
El Código Penal estableció, en 1903 que la tentativa de aborto no fuera pasible de pena. Luego, en 1921, se especificaron los casos de abortos no punibles a lo largo del artículo 86: cuando fueran practicados por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta; si fueran realizados con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no es factible de ser evitado por otros medios; o en situaciones en la que el embarazo provenga de una violación “o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
En 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional, se diseña “en base a la comprensión fundamental de que todo el personal del efector de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación. Los equipos de salud son los primeros responsables por la provisión de ILEs (práctica también conocida como aborto no punible o ANP), y de prevenir y buscar evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate de los subsistemas público, de obras sociales o privado”.
Sin embargo, aún en esas situaciones, los médicos y las clínicas ponen obstáculos en el camino del aborto: largas demoras, referencias innecesarias, solicitudes de permiso del marido (contrarias a la ley) o incluso la negación de la práctica legalmente aceptada. Es decir que, aún habiendo normas legales (muy avanzadas para su época), las mismas no se cumplen.
Educación fallida. Y si volvemos al punto de la “prevención”, una ley de 2002 estableció el acceso libre y universal a los anticonceptivos. Pero las mujeres en la Argentina todavía luchan por obtener un acceso adecuado y oportuno al control de la natalidad. Cuando llegan a ellos, los centros de salud pública no brindan continuidad en el método anticonceptivo y, a menudo, brindan anticonceptivos vencidos. Los programas de salud sexual en escuelas y colegios secundarios se cumplen raramente y a los tropezones, y la incidencia de enfermedades sexuales como HIV y sífilis aumentaron notoriamente en los últimos años, producto del no cumplimiento de programas de salud sexual por parte de los gobiernos nacional y provinciales.
Embarazo enfermo. Un último punto: un embarazo no es sólo producto de no haber “querido usar anticonceptivos” por parte de una mujer. Ningún método es ciento por ciento efectivo; la violencia de género incluye violaciones (sin preservativos) y también la prohibición del uso de condones por parte de las parejas ; son muchas las mujeres que no pueden (por razones de salud) recurrir a los anticonceptivos hormonales y que no cuentan con los recursos económicos para colocarse un dispositivo intrauterino; y, dramático pero frecuente, hay embarazos cuyas malformaciones en el feto son detectadas luego de las 12 semanas, malformaciones que determinan la muerte intrauterina o el fallecimiento inmediato minutos después de nacer. Son demasiados los médicos, médicas e instituciones de salud que aún en esos casos se niegan a realizar un aborto para salvar la vida y la psiquis de la mujer embarazada, que pasa por un verdadero infierno de clandestinidad, miedos, extorsiones, estafas, para no verse obligada a llevar en su vientre a un feto ya sin vida.
En temas como la sexualidad y el embarazo las cosas no son tan sencillas como para encerrarlas en consignas como “las dos vidas”.
Como siempre, la vida humana es mucho más que una palabra de cuatro letras. Sobre todo porque vida es un concepto biológico mientras que “vida humana”, algo que involucra aspectos mucho más complejos que la eventual unión de un espermatozoide y un óvulo.
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