Los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas creían que la formación de las milicias era inminente. Y si no lo creían, lo decían. Era un argumento para sumar fuerzas a la rebelión. La quema de iglesias y la violencia discursiva de Perón fueron disparadores para la organización de un nuevo alzamiento.
El 2 de septiembre, el general Dalmiro Videla Balaguer, que había recibido la medalla a la “lealtad peronista” por su actuación en el bombardeo de junio, intentó sublevar la guarnición militar de Río Cuarto, en Córdoba, junto con otros cinco oficiales. El movimiento fracasó, se fugaron y no pudieron ser capturados. Fue el primer indicio. Perón no depuró de las filas castrenses a los sectores golpistas, tampoco realizó una reestructuración que favoreciera a los suboficiales que se mantenían leales a su mando.
Uno de los focos de la conspiración lo lideraba el general retirado Eduardo Lonardi que ya se había levantado contra Perón en 1951. Permaneció casi un año en prisión. Pero entre ellos había un antecedente más personal: en 1937, mientras servía en la agregaduría militar de la embajada en Santiago de Chile, el mayor Perón había tendido una red de espionaje que le proveía información sobre movimientos de tropas y compras de armas del ejército local. La red fue descubierta cuando él ya había abandonado la embajada y el caso estalló en las manos de su reemplazante, el mayor Lonardi, quien fue deportado de Chile por orden del presidente Arturo Alessandri Palma.
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Lonardi representaba a sectores nacionalistas y católicos del Ejército. Fue el coronel Arturo Arana Ossorio, de artillería, católico y también rebelde en el ’51, quien lo entusiasmó para liderar la sublevación. El 16 de septiembre de 1955, Lonardi tomó las escuelas militares de Córdoba. Los comandos civiles armados acompañaron su misión. El último bastión fue la policía local, que no se rindió y enfrentó a los insubordinados. Para la Marina, el alzamiento no resultó sencillo. Tomaron la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, pero el avance sobre la de Río Santiago, en La Plata, fue rechazado por el fuego de la artillería y la aeronáutica leales.
El general Pedro Eugenio Aramburu, que dudó en un primer momento de colocarse al frente del movimiento militar, viajó a Curuzú Cuatiá, en Corrientes, para tomar un regimiento. Al llegar tarde, su objetivo fracasó. Entonces huyó y dejó a la deriva a las tropas sublevadas.
Dos días después del alzamiento, los rebeldes estaban acorralados. En Córdoba, diez mil hombres de las tropas leales habían recuperado el aeropuerto. La base de Río Santiago había sido recuperada. Las guarniciones de Capital Federal no se habían levantado. Lonardi estaba a punto de rendirse. Solo la Marina de Guerra alzada, que había bombardeado la destilería de petróleo de Mar del Plata y amenazaba con continuar el ataque sobre los depósitos de La Plata, Dock Sud y Capital Federal, daba un poco de aliento al plan rebelde.
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Pese al cuadro favorable, el día 19 de septiembre, Perón renunció con un mensaje ambiguo, que el general Lucero transmitió por la cadena oficial, para asegurar una “solución pacífica”. Algunos oficiales le pidieron continuar la lucha, pero el jefe de Estado no varió su posición. Delegó el poder en una junta de generales, que se vio obligada a pedir una tregua a los insurrectos cuando estaban a punto de dar por finalizada su sublevación. Al día siguiente, la junta parlamentó con el almirante Isaac Rojas en un buque de guerra y acordaron la cesión del poder.
Si Perón esperaba que su decisión generara un nuevo 17 de octubre y la indignación popular lo repusiera en el poder, el cálculo político falló.
Algunos grupos sindicales habían reclamado armas para defender al gobierno —que le fueron negadas—, pero la nueva conspiración militar no desencadenó un estado de movilización en el peronismo. La CGT se mantuvo a la expectativa. Lo mismo sucedió en el Ejército. La mayoría de los oficiales estaban decepcionados con Perón —en especial por la quema de las iglesias—, pero no promovieron su derrocamiento porque se sentían ajenos a las luchas políticas. Sumidos en la incertidumbre, los leales, o mejor dicho los “legalistas”, demoraron la tarea: habían reprimido sin convicción.
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El 21 de septiembre de 1955 Lonardi asumió como “presidente provisional” de los argentinos y dos días después ingresó en la Casa Rosada. La Plaza de Mayo fue desbordada por el festejo. Perón se había embarcado en un buque de guerra paraguayo y emprendió viaje hacia ese país. No quería sentirse responsable de una guerra civil. Abandonó el poder y no hizo nada, ni dejó que nadie lo hiciese, por Evita. El padre Hernán Benítez le pidió unas líneas de autorización para que la madre retirara el cadáver embalsamado de su hija del salón de la CGT. No se las concedió. Perón volvería al país diecisiete años después.
* Fragmento de Argentina. Un siglo de violencia política 1890-1990. De Roca a Menem. La historia del país. (Sudamericana)
por Marcelo Larraquy*
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