POLíTICA | 21-09-2019 12:17

Los cazaperejiles y el "Protocolo PRO"

Cómo funciona la ciberpatrulla del Gobierno que detecta “amenazas” en redes sociales.

El Gobierno observa con mucha atención lo que ocurre en el mundo virtual, mucho más si se trata de la figura del Mauricio Macri. Una discusión política, un comentario agresivo o irónico o una imagen “sospechosa” en las redes sociales puede equivaler a terminar imputado bajo el delito de amenazas. En pleno año electoral, se duplicaron las denuncias y ya se registran hasta dos casos mensuales de ciudadanos que amenazan al Presidente, según calculan en el Ministerio de Seguridad.

Existen dos usinas para el “ciberpatrullaje”: uno es el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el otro, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que lidera Gustavo Arribas.

“No se denuncia si hay solo insultos contra el Presidente. Sí avanzamos contra las amenazas, que es distinto. Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera y no es un delito insultar a un funcionario público”, explicó el subsecretario de Articulación Judicial Guillermo Soares Gache, el funcionario encargado de llevar las denuncias de la cartera ante la Justicia. Tanto a imputados como a procesados, el Ministerio de Seguridad les imputa el gasto del proceso.

A todo esto, se suma un poderoso software que el Gobierno le compró en 2018 por 2 millones de dólares a la empresa israelí Rafael, especializada en ciberseguridad, cuyo representante local a través de la firma Codesur es el empresario Mario Montoto. Su instalación fue para el megaoperativo del G-20, sin embargo, siguen utilizándolo en el Ministerio de Defensa.

Delito virtual. Una ola de críticas tuvo que enfrentar el Ministerio de Seguridad cuando se conoció en 2017 que Nicolás Lucero, un joven de 20 años de José León Suárez, fue demorado durante un día por la policía y la Justicia le inició una causa por los delitos de “amenazas e Intimidaciones públicas”. Lucero había escrito en 2016 un tuit que decía: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”, en alusión a la conocida canción de cancha.

En abril de este año, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la acusación y declaró inocente al joven.

El 4 de septiembre hubo otro caso cuando la AFI denunció al homónimo del compositor y pianista de tango Osvaldo Pugliese, ex funcionario de la gestión de Humberto Zúccaro en Pilar. En un debate en Twitter por la estrategia macrista para las PASO tuiteó: “Y qué querés, que nos quedemos sin laburo, vamos a hacer lo posible por seguir sin trabajar y si tenemos que matarlo a Macri lo hacemos”.

El expediente tiene como denunciantes a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La AFI primero ratificó la denuncia ante la consulta para esta nota, pero horas después todo cambió. “Llamé al señor Pugliese para pedirle disculpas porque no me pareció justo ni para él ni para su familia que se vean involucrados en una denuncia penal cuando no había cometido ningún delito”, aseguró Majdalani a este medio.

*Integrante del Equipo de Investigación, conformado por periodistas egresados de Perfil Educación.

por Pablo Rodríguez

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