Hugo Tomei: cómo armó su estrategia el abogado de los rugbiers

Hugo Tomei, abogado de los 8 rugbiers imputados en el asesinato de Fernando Báez Sosa, desde el principio sostuvo que los medios intentaban hacer ver a los rugbiers como “unos salvajes”. En una de sus primeras entrevistas en 2020 insistió que al menos 6 de los rugbiers “no tenían nada que ver”. También sugirió irregularidades por parte de la Policía Bonaerense, y el equipo forense que analizó los celulares de los imputados, además de la propia fiscalía. 

“A mí me duele como ser humano lo que veo en la televisión. Lo poco que veo, porque ya no quiero ver porque me duele, porque la paso mal, porque no puedo entender que hay un chico fallecido y se hace un show sobre los diez detenidos y gran parte no tienen que ver (...) La agresión o la pelea, como quieras llamarlo, duró 13 segundos, según dicen los testigos. Se fueron. Algunos se pusieron ropa de playa, se fueron a desayunar y a dormir. (...) No hay posibilidad de que diez pibes le peguen a uno. No entran alrededor”, eran algunas de las cosas que Tomei decía cuando el Caso Báez Sosa sacudió a la opinión pública. 

Desde el inicio del caso, el abogado de los rugbiers sostuvo que los amigos de Fernando Báez Sosa fueron “modificando su relato” sobre lo ocurrido, ya que primero dijeron que los rugbiers “lo cagaron a palos” y luego que “no los dejaron ir a defender a Fernando”, marcó Tomei.

A mediados de 2021, Tomei presentó un recurso extraordinario para reclamar el fin de las prisiones preventivas de los jóvenes, ya que, según su argumento, a los acusados no les respetaron sus derechos “a ser oídos”, dado que la fiscal Verónica Zamboni reconoció haberles comunicado su imputación “a los 10 a la vez”.

Siguiendo este argumento, Tomei afirmó que la Fiscalía “a todos les imputó la misma conducta cuando después describió distintas acciones”. Además, acusó a la fiscal Zamboni de “exponer” a los rugbiers “ante un estado de total indefensión frente a la aparente actuación de la defensa oficial”.

Para la Suprema Corte de Justicia bonaerense el planteo de Tomei fue “inadmisible”, y lo rechazó. “Más allá de las dogmáticas alusiones a un ‘estado de indefensión’ y la vulneración del derecho a ser oído, no demostró la existencia de un cambio sorpresivo que hubiera obstaculizado el derecho que —de manera genérica— aduce vulnerado”, especificaron los jueces. Además, agregaron que Tomei tampoco explicó qué defensas se vio privado de ejercer, lo cual hace que la impugnación sea considerada “insuficiente”. 

A fines de febrero de 2022, Tomei denunció a Zamboni por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a los acusados. La estrategia se fundaba en que, según el abogado, en el comienzo de la causa hubo irregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias tomadas a los imputados luego de su detención. Gracias a esta estrategia, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó que los rugbiers acusados fueran considerados “particulares damnificados”.

Este año, cuando comenzaron las audiencias del juicio, Tomei incurrió en varias estrategias para favorecer a los imputados. Primero argumentó que los fiscales del caso, Verónica Zamboni y Walter Mercuri, nunca informaron a los jóvenes cuáles eran los cargos por los cuales se los acusaba, y eso les impidió ejercer el derecho a defensa. Los jueces no hicieron lugar al pedido. 

Otra de los planteos en la defensa de los rugbiers fue negarse a que los imputados fueran sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que habían sido solicitadas por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral. La decisión se amparó en que, según explicaron, no confiaban en la investigación en que los rugbiers sufrían una “persecución mediática”, promovida sobre todo por el abogado de la familia Báez, Fernando Burlando.

“No deseo prestar declaración porque no me siento bien, ya que desde un primer momento fue expuesta mi vida privada y la de mi familia, por lo que no quiero ofrecer más datos que sirvan para que el Dr. (Fernando) Burlando siga armando un show mediático de la causa”, manifestó Matías Benicelli, uno de los imputados a través de un comunicado presentado por Tomei. También Enzo Comelli y Máximo Thomsen se negaron a la pericia argumentando de forma similar a Benicelli. 

Pero la estrategia central de Tomei es demostrar que no hubo premeditación en el asesinato de Báez Sosa, y que tampoco hubo intención de matar. Esto haría que los años de pena se redujeran significativamente. Durante el debate oral, el defensor de los rugbiers planteó que el crimen fue en el contexto de un homicidio en riña o agresión que, según el artículo 95 del Código Penal, prevé una pena de entre 2 a 6 años de cárcel, muy lejos de la pena que pide la fiscalía para los imputados: cadena perpetua. 

En el último alegato, el fiscal Gustavo García sostuvo que el crímen fue cometido con “premeditación” aunque “no hubo roles ni funciones, todos hicieron de todo, se pusieron de acuerdo y lo golpearon”. "El concurso previo no requiere de mucha deliberación, puede ser instantáneo. En este hecho hubo una estrategia, una planificación de cómo iniciar el ataque", manifestó García, quien declaró que "a criterio de la Fiscalía fue homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y el concurso de dos o más personas y en concurso con lesiones leves reiteradas", definió.

“Es comprensible la estrategia de Tomei, yo hubiese hecho lo mismo. Desde el principio, intentando atacar la declaración indagatoria”, opina el abogado Pablo Fernández Pereira. Respecto a la estrategia de Tomei de demostrar que no hubo alevosía ni premeditación, Fernández Pereira se muestra escéptico. “Una estrategia posible sería intentar demostrar que fue un homicidio en riña, o un homicidio preterintencional, es decir, plantear que le pegaron a Fernando pero que no lo querían matar. Pero es que la carga de la prueba es tan grande que lo veo dificilísimo. Hay más de 20 testigos que dicen que no es así, y no hubo una pelea entre dos grupos para demostrar que fuera riña. Donde intentas demostrar que no hubo premeditación, hay una prueba que te lo refuta”, afirmó el abogado.

"A partir de los 35 años de pena cumplida se puede solicitar la libertad del condenado. Eso no quiere decir que se la vayan a dar. Se puede pedir, pero depende de la decisión del juez”, explica Fernández Pereira, quien además opina que este juicio está lejos de terminar ahora. “Tanto si les dan prisión perpetua como si no, las partes van a apelar. Esto va a Cámara porque van a apelar o por bajo o por alto”; concluyó.

por R.N.