Las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires se levantaron a coro. La bonarense fue la primera, con una lista de 14 reclamos entre los que se incluían: que no haya “represalia de ningún tipo de de tipo para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas”; aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general; aumento del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales; aumento de la hora compensación de recargo de servicio a $189; pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (hoy se paga con 120 días de retraso, explican fuentes policiales).
También la provisión del uniforme y equipo de trabajo, y aumento del decreto 1315 (que regula el mantenimiento del uniforme) a $3.800; derecho a la vivienda digna y planes de vivienda para el personal policial; la no obligatoriedad de la obra social IOMA (la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, la segunda más numerosa del país); la democratización de las fuerzas y el derecho a la sindicalización (hay reclamos que ya han llegado a la Corte Suprema); móviles en condiciones; capacitación y re entrenamiento permanente; asistencia psicológica y el cese de las represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).
Al petitorio de la Bonaerense se sumó el de el Pervicio Penitenciario con varios puntos en común: no a las sanciones ni traslados al personal por el justo reclamo por mejores condiciones laborales; un aumento del 56% al sueldo básico de todos los escalafones, sean activos y retirados; incremento del salario familiar; aumento de horas extras y que sean actualizadas semestralmente; incorporar las horas extras al salario básico; potenciar la capacitación y la suma de elementos de bioseguridad e higiene; brindar academias para el manejo de armamentoy prácticas de tiro; la provisión de uniformes e incremento del decreto 1315; planes de viviendas para todo el personal; la no obligatoriedad de la obra social IOMA; una mesa de diálogo para resolver los problemas de las distintas unidades; reacondicionar móviles unidades y alcaldías; la reducción horaria en oficinas; y acondicionar los hospitales penitenciarios con el fin de poder atender a los internos y no trasladar a hospitales públicos, evitando así exponer al contagio comunitario al personal penitenciario.
“Nosotros seguimos trabajando en la decisión definitiva que se presentará con el plan de seguridad entre mañana y el viernes. Al ser tantos los actores que están involucrados, aparecen todo el tiempo nuevas demandas. Vamos a ir recolectando todas para hacer una propuesta integral, qué aporte soluciones definitivas”, dicen desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde insisten con que el problema de la situación policial es herencia de la gestión del ex ministro Cristian Ritondo y la gobernadora María Eugenia Vidal.
“Claramente se le fue de las manos mal. Subestimaron ese ministerio y esa gente, que es realmente muy difícil”, dicen desde el despacho del hoy diputado, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en el Congreso nacional. “Los policías se enojaron mal, encima lo ven al ministro (por Sergio Berni) todo el día en la tele y haciendo campaña”, agregan explicando el enojo de la fuerza en su conjunto. Y lo atribuyen a un mal manejo en la comunicación y una imprevisión tras los anuncios del refuerzo presupuestario. “Haces anuncio de guita para la poli y tenés unidades de todas las fuerzas en el acto, salvo de la bonaerense, eso era obvio que iba a caer mal”, remarcan.
“Es así, tras el anuncio de presupuesto era lógico que viniera un reclamo de la fuerza. El sueldo de los policías está en el orden de los 33 mil pesos. Y ponen el cuerpo todos los días y más durante la cuarentena, corriendo el riesgo de enfermarse”, refrenda Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús. “El reclamo de la Policía Bonaerense es justo y su actualización salarial necesita una solución inmediata. Confiamos en que la oferta del gobierno de la Provincia que se conocerá en los próximos días resuelva este conflicto que nos preocupa”, agrega Kravetz.
“El reclamo de los agentes de la policía es legítimo, porque durante el período 2016 y 2019, el salario cayó un 30%. Sabemos de su valor, de que cada día ponen el cuerpo y arriesgan su vida para cuidarnos con esfuerzo y compromiso, pero me preocupa que haya dirigentes y responsables de la oposición que quieran aprovechar este conflicto para desestabilizar las instituciones. Hay sectores que pretenden perjudicar al gobierno a través de expresiones golpistas y antidemocráticas”, cerró el intendente de tigre Julio Zamora, coincidiendo con la versión oficialista.
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