Thursday 28 de March, 2024

MUNDO | 23-09-2017 00:00

Chau España: Cataluña a horas de su Brexit

Desafiando a Madrid y el gobierno de Rajoy, los catalanes se preparan para salir de España los primeros días de octubre. Un conflicto de gravedad impredecible.

España y Cataluña avanzan hacia un agujero negro. El primero de octubre resulta un enigma oscuro. El gobierno independentista intentará ese domingo convertir a Cataluña en una república independiente. Nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará esta inédita pulseada, pero resultan claros sus inquietantes riesgos.

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont están en posición de duelo. Uno caerá abatido y el otro quedará en pie.

Como en todo duelo, no puede haber dos ganadores. Si queda en pie el presidente de la Generalitat, entonces Rajoy se convertirá en el gobernante al que se le partió España y deberá abandonar el poder dejando un país más pequeño que el existente desde la Guerra de Sucesión. Y si gana el presidente del gobierno español, entonces Puigdemont tendrá que dejar su cargo y quedar en la historia como el irresponsable cabecilla de una aventura separatista que terminó en fracaso.

El precio. Lo que aún no se vislumbra es cómo se daría el triunfo de uno u otro, ni cuál será el precio a pagar por la sociedad catalana y por toda España. Semejante disputa no puede zanjarse sin altos costos institucionales.

Lo que está claro es que no hay marcha atrás, ni en Barcelona ni en Madrid. El gobierno separatista ha llegado demasiado lejos y ya no puede volver sobre sus pasos. A esta altura, sólo la independencia lo resguarda de sanciones que podrían incluir prisión.

El liderazgo que encabezan Puigdemont y Oriol Junqueras ha quemado las naves y no tiene más alternativa que escapar hacia adelante. La alianza centroizquierdista Junt Pel Si y los anarquistas de la CUP alcanzaron un punto sin retorno. Sólo en una “República de Cataluña” quedarán a salvo de los procesos judiciales que les iniciará Madrid.

Por eso la Generalitat impuso una ley de referéndum que, en sí misma, implica la desconexión jurídica de España. En la consulta se impondrá la secesión. No hay posibilidad de que ocurra lo contrario porque la ley de referéndum no estableció un piso de votantes y quienes concurrirán serán los partidarios de la independencia.

Según las encuestas, la mayoría de los catalanes no quieren dejar España.

El problema es que esa aparente mayoría españolista no puede ir a votar porque, como sostienen Madrid y el Tribunal Constitucional de España, el referéndum es ilegal y anticonstitucional.

La trampa en la que cayeron los españolistas catalanes es que, si van a votar derrotarían a la opción independentista, pero legitimando un proceso refrendario que no pueden legitimar. Y si no van a votar, se preservan de dar legitimidad a la consulta, pero garantizando el triunfo separatista.

Es así porque, al no establecer un piso necesario de votantes (que para dar semejante paso debiera superar el cincuenta por ciento del padrón) la ley de referéndum que implicó la desconexión jurídica porque necesariamente se coloca por encima de la Constitución del Reino, encierra a los españolistas catalanes en un callejón sin salida: hagan lo que hagan, pierden.

De tal modo, planteado como está, aunque en el referéndum participara apenas el diez por ciento del electorado, o aún menos, y el “Sí” se impusiera por un solo voto, en las 48 horas posteriores al domingo primero de octubre, la Generalitat y el Parlament declararán la independencia y proclamarán la república.

Presiones. Para asegurarse que las presiones de Madrid no desbanden la colaboración de las alcaldías, las escuelas, los correos y demás instituciones necesarias para que pueda realizarse la consulta, el gobierno local que encabezan Puigdemont y Junqueras presionó y comprometió a la máxima cantidad de funcionarios posibles, en todas las escalas.

Lo que no está claro que haya hecho el liderazgo separatista, es organizar la secesión en términos económicos. ¿Estará en condiciones de emitir moneda, si Madrid y la Unión Europea le cortaran velozmente la provisión de euros? ¿Preparó planes para soportar una temporada de aislamiento económico y demás sanciones que podrían aplicar Madrid y Bruselas?

En las primeras décadas de su larga dictadura, Franco buscaba que la mayor cantidad posible de militares y de funcionarios estatales se relacionaran, de un modo u otro, con los fusilamientos, las torturas y los encarcelamientos, para que queden obligados a sostener el régimen en defensa propia.

En una dimensión sin crímenes atroces, Puigdemont y Junqueras trabajaron para que la máxima cantidad posible de funcionarios catalanes se involucren en el proceso hasta que vean en la independencia un refugio seguro, en el que no podrá alcanzarlos la Justicia española.

En la antesala del inquietante primero de octubre, son muchos los que sienten que ya no se puede volver atrás.

Tampoco Mariano Rajoy puede volver atrás. Por eso comenzó, soterradamente, a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en términos de un Estado federativo, como Argentina, equivale a la intervención federal.

¿Cómo reaccionará el liderazgo separatista si se suspende la autonomía? ¿Qué hará para defender su continuidad en el poder? ¿Y qué hará Rajoy para que el artículo 155 pueda regir en Cataluña?

Las preguntas se multiplican en un país que avanza hacia un limbo desconocido, pero la principal es qué hará el jefe de gobierno español si, en las 48 horas posteriores al referéndum, la Generalitat proclama la secesión. Rajoy no lo especifica, pero dice que no hay que subestimar “la fuerza de la democracia española”.

En Irak. El último lunes de octubre, los kurdos del norte de Irak intentarán realizar su referéndum para independizarse de Bagdad. El primer ministro iraquí, Haider Abadi, ya dijo que usará la fuerza militar para impedir que se viole la Constitución del 2005. Según esa carta magna, promulgada dos años después de la caída de Saddam Hussein, Kurdistán es la única autonomía y tiene derecho a tener sus propios gobierno, parlamento y fuerzas de defensa: los pershmergas. Pero no tiene derecho a la secesión.

La constitución española otorga a las autonomías derechos similares (con diferencias como que los Mossos d’Escuadra son una fuerza policial y no una fuerza militar) pero, igual que la Constitución iraquí, la ley fundamental de los españoles no incluye el derecho a secesión ni a realizar referéndums independentistas.

¿Llegará Rajoy a lo que Haider Abadi ya anunció que hará si los kurdos intentan independizarse? ¿Usará el ejército? ¿Prepararon los separatistas catalanes un plan para defenderse de una acción militar?

por Claudio Fantini

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios