Desde el día en que, gracias a Cristina y el desplome de las acciones de Mauricio Macri, se supo que Alberto Fernández sería el próximo presidente de la Argentina, muchos, tanto aquí como en el exterior, están preguntándose: ¿Cuán kirchnerista será su gobierno? ¿Cómo se las arreglará para amalgamar el peronismo reformista de mentalidad conservadora con la belicosa ala ultra cuyos militantes fantasean con someter a sus adversarios a una serie de castigos ejemplares? ¿Será neoliberal, liberal, estatista, dirigista, desarrollista o rabiosamente populista la política económica?
El que siga siendo legítimo plantear tales interrogantes refleja el desconcierto que impera en el país a partir de la corrida cambiaria del año pasado. Ni Macri ni los resueltos a desbancarlo tenían un “plan B”. Todo hace pensar que aún no lo tienen.
Mientras que los macristas esperaban sobrevivir merced al temor a lo que significaría el regreso de Cristina, los peronistas entendían que oponérseles era más que suficiente como para asegurarles un triunfo contundente. Puesto que no tuvieron tiempo en que confeccionar un eventual programa de gobierno, la ciudadanía aún no sabe muy bien lo que el gobierno nacional se propone hacer. Las buenas intenciones abundan, pero no nos han dicho mucho acerca de cómo lograrán transformarlas en realizaciones concretas en un país sin dinero cuyo Estado nunca se ha destacado por su eficiencia o probidad.
Hace apenas una semana, se suponía que la Argentina tendría que prepararse para una etapa de “hipervicepresidencialismo”, pero en los días finales de una transición dificultosa y los primeros de la gestión de Fernández, las percepciones se modificaron. De acuerdo común, el gabinete, tan inflado como el de Macri, es levemente más albertista que cristinista, pero la señora es, por ahora cuando menos, muy fuerte en ambas cámaras del Congreso.
Lo mismo que tantos otros presidentes, sin excluir a los militares de facto, Fernández quiere que el país deje atrás las divisiones que, a su juicio y el de muchos otros, le impiden aprovechar sus muchas ventajas naturales. Pues bien, si sólo fuera cuestión de derribar lo que, en el discurso tranquilizador que pronunció ante la Asamblea Legislativa, llama “el muro del rencor y del odio entre argentinos” para entonces alcanzar un consenso acerca de lo que hay que hacer para que, por fin, el país se ponga “de pie”, podría enfrentar el futuro con optimismo. Con todo, aunque ayudaría que quienes se sienten representados por las distintas facciones (entre ellos, el propio Alberto), se expresaran de manera más civilizada de lo que ha sido habitual últimamente, convendría reconocer que un consenso malo puede ser peor que cualquier grieta.
En efecto, la evolución calamitosa de una nación que, varias generaciones atrás, era universalmente vista como una de las más prometedoras del mundo entero, pero que en la actualidad corre peligro de compartir el destino trágico de Venezuela, se ha debido al apego del grueso de sus dirigentes a una cultura política y económica corporativista que es incompatible con el desarrollo sostenible. Así las cosas, a menos que se debilite el viejo consenso, superar las divisiones o antinomias, que por cierto no son más graves que las existentes en Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y otros países, serviría para hacer más soportable la decadencia pero no para mucho más.
No se equivoca Fernández cuando subraya la importancia del compromiso de la mayoría con la democracia y la necesidad de preservar las instituciones correspondientes, pero el deseo de todos, salvo de aquellos fanáticos que sueñan con una revolución vengativa, de convivir en paz no asegurará que sea exitosa la gestión que acaba de iniciar. Los defensores del viejo orden saben muy bien cómo aprovechar el miedo a que haya más conflictos sociales para frustrar a quienes quisieran privarlos de sus “conquistas”. Mal que le pese a un presidente que quiere curar “las profundas heridas que hoy padecemos” y que por lo tanto preferiría avanzar con cautela sin incomodar a nadie, a menos que mucho cambie en los meses y años próximos, la Argentina continuará rodando cuesta abajo.
Aunque lo negaría, a juzgar por lo que ha dicho después de instalarse en la presidencia, las aspiraciones de Fernández son mucho más alfonsinistas que kirchneristas. Acaso le convendría recordar que, si bien Raúl Alfonsín, un demócrata cabal y un auténtico militante de los derechos humanos que merece plenamente el lugar protagónico que ahora ocupa en el panteón nacional, por su formación política y en cierto modo cultural nunca pudo dominar la economía que ya, hace más de treinta años, estaba atrapada en la crisis crónica que, en las décadas siguientes, se haría cada vez más destructiva.
A finales de su mandato, Alfonsín lo reconoció al confesar que “no supo, no pudo y no quiso” hacer lo necesario para que resultara viable. Fue una omisión que tendría consecuencias fatídicas. Si, en busca de la añorada unidad nacional, Fernández sea igualmente reacio a tomar medidas que crea antipáticas y que a buen seguro motivarían la resistencia furiosa de quienes temen verse perjudicados pero que, dadas las circunstancias nada felices que le han tocado serían imprescindibles para que el país se ponga en movimiento, su período en la Casa Rosada podría terminar prematuramente como la del gran radical.
Es tan malo el estado de la microeconomía que Macri no podrá enorgullecerse de su gestión en dicho ámbito, mientras que los únicos impresionados por los logros macroeconómicos que su equipo se atribuye son los especialistas en tales temas. En cambio sí tiene derecho a insistir en que no procuró movilizar al Poder Judicial y siempre respetó la libertad de expresión.
Por razones comprensibles, Fernández, que prevé que la “oposición constructiva” de los macristas se basará en los eventuales deslices institucionales que cometa, quiere convencer a la ciudadanía de que las pretensiones en tal sentido de Macri son inadmisibles. Ante los legisladores, insinuó que lo acompañó durante su gestión de su antecesor una banda de “operadores judiciales” que libraron una guerra jurídica (lawfare) contra la oposición con la colaboración de los inservibles servicios de inteligencia, y que ordenó a periodistas venales participar de “linchamientos mediáticos”. También, dice Fernández, Macri hizo de la publicidad del Estado “la propaganda del Estado”, algo que, huelga decirlo, jamás soñaron con hacer los gobiernos peronistas.
Las alusiones de Fernández a las deficiencias notorias de muchos miembros de la familia judicial que giran “según los vientos políticos del poder de turno” habrán complacido a Cristina, pero acaso no le gustó demasiado oírle decir que “queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme”.
El profesor de derecho Fernández se afirma absolutamente convencido de que todos los cargos en contra de Cristina son inventos de sus enemigos. Se trata de una opinión minoritaria: incluso hay partidarios de la señora que aceptan que pudo haber embolsado una cantidad notable de plata pero la exculpan por creerla una líder política irreemplazable. Huelga decir que si, para asombro de muchos, resultara que el Presidente está en lo cierto, las perspectivas frente al gobierno que encabeza, y al país, serían mucho mejores de lo que piensan los escépticos, pero escasean los inclinados a creerle.
Es en buena medida por tal motivo que, en otras latitudes, la imagen del nuevo gobierno es, digamos, rocambolesca. A Fernández le costará cambiarla. Aunque quiere que la Argentina tenga relaciones amistosas con todos los demás países, no le será del todo fácil superar la desconfianza ajena que se ve agravada por recuerdos de las extravagancias en política exterior del gobierno de la actual vicepresidenta.
Por injusto que le parezca, “el mundo” apoyó a Macri porque suponía que no tenía nada en común con sus antecesores peronistas. Persuadirlo de que no hay ningún riesgo de que el presidente Fernández caiga en la tentación ya tradicional de acusar al resto del mundo de responsabilidad por sus muchas desgracias requerirá mucho más que palabras balsámicas.
Si no fuera por la pesadilla económica y por la sombra que echa Cristina sobre su administración, Fernández podría dedicarse a las tareas que según parece más le interesan: mejorar el sistema educativo que, conforme a los resultados de las pruebas internacionales, ha degenerado hasta tal punto que es uno de los peores del planeta, instituir una “Gran Escuela de Gobierno” equiparable con las sumamente elitistas “grandes écoles” francesas que han formado generaciones de funcionarios de altísimo nivel, combatir la discriminación, atenuar el impacto del cambio climático, defender la biodiversidad y otras causas buenas.
Que un presidente se preocupe por tales asuntos es alentador en un país en que los políticos raramente ven más allá del corto plazo, pero a menos que consiga frenar la caída económica, no le será dado hacer mucho más que hablar de ellos.
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