El jueves 31 de marzo, el juez Sebastián Casanello le pidió al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que instruya a una fuerza de seguridad para que haga tareas de inteligencia y seguimiento al empresario K Lázaro Báez, Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y Sebastián, el hijo de este. De inmediato, se llamó a la DIFOC (División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales) para que ubique a todos los hombres solicitados por el juez y comenzaron a “caminarlos”.
Una delegación viajó a Río Gallegos para estar cerca del empresario y avisaba todos los movimientos al juzgado. El martes 5 de abril comenzó el movimiento intenso. El avión patente LV–BPL de la empresa Top Air, propiedad de Báez, comenzó con movimientos en la pista del aeropuerto de la capital santacruceña y eso alertó a los agentes. Intentaron conseguir el plan de vuelo, pero no se pudo. Estaban encubiertos y no podían llamar demasiado la atención con preguntas incómodas. Se le informó al juez que sabían que Lázaro Báez estaba abordando un avión pero no sabían adónde iba. Esto alertó a Casanello, por lo que decidió pedir de inmediato la captura del empresario, al sospechar que podría fugarse, según el escrito del magistrado.
Cuando Báez llegó al juzgado se quejó por haber quedado detenido. “Tengo sesenta años, y he vivido prácticamente toda mi vida en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Carezco de cualquier antecedente computable o no computable en los términos de mis circunstancias personales. Formo parte de una familia que está fuertemente arraigada en la ciudad, con negocios lícitos en el país. Soy conocido, la imagen de mi rostro fue objeto de amplia divulgación en todos los medios audiovisuales del país. Estoy absolutamente comprometido con el proceso y soy incapaz de sustraerme del mismo”, afirmó Báez en su escrito judicial.
Sobre el video que indignó a un amplio sector de la sociedad en el que se ve al hijo de Báez contando dólares en la financiera “La Rosadita”, el empresario justificó el origen de los fondos en una serie de compras y ventas de terrenos y la construcción de un complejo inmobiliario que habría sido clave en el incremento patrimonial. Pasó de una inversión de 650.000 dólares a tener 6,5 millones en cinco años.
Como si fuera un pase de comedia, el empresario afirmó que el emprendimiento había sido en la zona de Tortuguitas. Cuando el dato trascendió en los pasillos de Comodoro Py, no faltaron los bromistas que hicieran referencia al mote de “Tortuga” con el que que el periodista Jorge Lanata bautizó al juez.
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