Martes 21 de septiembre, 2021

POLíTICA | 29-07-2018 09:14

Reforma militar: mentiras entre botas y votos

Los cambios que ordenó Macri en las FF.AA. tienen que ver con las elecciones. Bronca militar con el peñismo. El laberinto de Aguad.

Esta semana, una duda se instaló sobre el resto de las dudas que tienen en jaque a una Argentina tormentosa. ¿Para qué se quiere a las Fuerzas Armadas? El decreto que firmó el Presidente sobre el rol de los militares, que cambia menos de lo que la oposición y el oficialismo anuncian, volvió a poner en agenda un debate embarrado que cada Gobierno resucita según el apremio del reloj político. En este caso, con una economía a pique entre sequías, corridas bancarias y el fantasma del FMI, el apuro es grande. Y no hay un solo tema, aparte del bolsillo, que mueva tanto al electorado como el de la seguridad. El lunes 23, Macri desenterró la idea de una reforma militar, que él mismo había anunciado a comienzos del 2016 pero que había quedado empantanada por temas de mayor urgencia o más redituables a nivel político. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Presidente vuelve a ponerse el traje de San Martín para revolucionar a la institución militar. No sobra un voto.

Es la política estúpido. El cambio se anunció sobre dos pilares: el uso de las Fuerzas Armadas en zona de frontera para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, y el traslado de los gendarmes que trabajan en esos lugares al conurbano o zonas urbanas de alto riesgo. Ambas son verdades a medias. Aunque desde la vuelta de la democracia, el presupuesto para el cuerpo castrense se fue recortando drásticamente –hoy Argentina destina menos del 1% del PBI a esa área, siendo el único país de Latinoamérica, junto a Uruguay que asigna ahí menos de un dígito de su riqueza–, nunca abandonaron del todo las zonas fronterizas. Esa participación se acentuó a partir del 2007, con el Operativo Escudo Norte y el Operativo Fortín que ordenó el gobierno de CFK y que es muy similar al que anunció el actual Ejecutivo. A favor del macrismo: el decreto 683 que se publicó en el Boletín Oficial el martes 24 y que estableció que las FF.AA están para luchar contra “las agresiones de origen externo”, cerró el vacío legal que se había abierto en el 2006 con el decreto que había firmado Néstor Kirchner y que limitaba el rol de los militares a las “agresiones de origen externo por parte de otros Estados”. No sólo este Gobierno juega a la política: los opositores que ahora se rasgan las vestiduras ante la nueva medida callaron cuando durante la “década ganada” las Fuerzas Militares operaban en la frontera y al margen de la ley vigente en ese entonces.

El supuesto traslado de gendarmes a zonas urbanas también es relativo. Esa fuerza, que depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, tiene pensado mover a la mayor parte de los 600 gendarmes que van a ser reemplazados por militares en los “objetivos estratégicos” –represas, centrales nucleares y hidroeléctricas– a la “frontera caliente”. “Es ahí donde pasa el 80% del narcotráfico y el contrabando del país”, explica Matias Lobos, subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, que cuenta que ese trabajo va a ser reforzado por la compra de cuatro lanchas artilleras de Israel y cuatro nuevos centros de vigilancia en Salta y Misiones. Quizás en un futuro se destinen gendarmes a las zonas donde están la mayoría de los votos, pero la prioridad, explica Lobos, es la frontera. “El Gobierno quiere mandar una idea a la clase media que pide mano dura. Es una jugada oportuna y, junto al tema del aborto, se aseguran de que la agenda pública no se quede en la economía”, explica el consultor Carlos Fara.

Por Dios y por la Patria. A partir del primero de agosto entrarán en vigencia las reformas. 500 efectivos, casi todos del Ejército pero algunos de la Fuerza Aérea, irán hasta la provincia de Formosa. A partir de septiembre se esperan que comience el intercambio de militares por gendarmes. Desde Defensa calculan que estas primeras medidas costarán entre 10 y 15 millones de pesos, y estarán a cargo del General Carlos Pérez Aquino, Comandante Operacional de las FF.AA, multipremiado por la ONU. Para el trabajo de Aquino será fundamental la nueva “Directiva de Política de Defensa Nacional”, la hoja de ruta de las Fuerzas, que se conocerá en los últimos días de julio. Según fuentes que vieron el texto de más de 20 páginas, la DPDN es “light” y va en sintonía con lo que adelantó Macri: luchar contra las nuevas amenazas como el narcotráfico o el cyberterrorismo. Dentro de las Fuerzas corre el rumor de que la cúpula bajó la orden de rehuir al conflicto cuando estén en la frontera, aún cuando se encuentren en una situación extrema. “Los militares a los tiros quedan mal en los diarios”, explicó un general retirado.

“Necesitamos adaptar la Fuerza a las amenazas de este siglo”, asegura el ministro de Defensa Oscar Aguad. El radical, que según la Universidad de San Andrés tiene un 40% de imagen negativa, enfrenta una parada dura. La tragedia del ARA San Juan, que está por comenzar una nueva etapa de su búsqueda (ver recuadro), no sólo atrasó la implementación de la reforma, planeada para diciembre, sino que complicó las cuentas: ese rastreo ya costó más de mil millones de pesos, sobre el total de $ 116.000 millones que le asignaron en el Presupuesto 2018. Aguad todavía lamenta la corrida cambiaria y el ajuste que eso supuso, porque ya había apalabrado a Macri, que se comprometió ante él y ante los jefes de las FF.AA, para que Defensa pase del 0.94% del PBI de asignación al 1%. “¿Cómo hacés para que se te vaya tanta plata?”, lo reprendió a Aguad, medio en chiste y medio en serio, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, obsesionado con el recorte fiscal. “Es como si gobernara una provincia”, le contestó el radical. Algo de razón tiene: la compra de cuatro buques patrulleros OPV al gobierno francés costó U$S 284 millones –el primero estaría para el 2019–, y la adquisición de cuatro aviones “Super Étendard” a ese mismo país que salieron casi U$S 100 millones. Además, Defensa cuenta con uno de los ministerios más extensos: 70.000 militares y 10.000 civiles son parte de esa cartera, que gasta 90% de sus ingresos en sueldos y 10% en inversión. Para el año que viene el Ejecutivo buscará que se voten las leyes de Reserva y de Personal Militar que servirán para achicar el personal. Pero el recorte ya empezó: se vendió el edificio de Sastrería Militar a US$ 33 millones, se subastaron 8.267 hectáreas de campos del Ejército en Córdoba a US$ 80 millones, y se puso a la venta un predio en Neuquén que vale US$ 5 millones. En las FF.AA. no sólo hay bronca por el recorte, sino porque el Ejecutivo prometió el 30% de lo recaudado y, dicen, hasta ahora no llegó un peso. El ex jefe del Ejército, el general Diego Suñer, que dejó su cargo en febrero –cuando el Ejecutivo amagó con dar un 8% de aumento, pero que terminó en 20%–, dijo que todo esto era “un destrato”.

Presente. Los últimos tres meses de Aguad fueron de trabajo con Bari del Valle Sosa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, encargado de coordinar el trabajo entre la Fuerza. Tiene una ventaja: el ex combatiente de Malvinas tiene su oficina en el piso 10 del Ministerio, uno abajo del de Aguad, y en el noveno se encuentra Claudio Pasqualini, jefe del Ejército. El nexo con las FF.AA. y el Ejecutivo fue Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos, íntimo de Peña, que desde marzo comenzó a trabajar en asuntos de seguridad local. Pompeo mantuvo reuniones con la cúpula de las Fuerzas y ayudó a redactar el decreto y el DPDN. “Las Fuerzas Armadas se entienden mejor con Presidencia que con Jefatura de Gabinete. Pero con la interlocución de Pompeo la relación mejoró”, dice el historiador y analista Rosendo Fraga, en referencia a los recelos que hay entre las FF.AA. y el círculo de Peña. En el Ejército a los hombres de Jefatura les dicen “las fieritas del Excel”.

Fraga marca otro punto clave. “El Presidente ganó las últimas dos elecciones en las FF.AA con casi el 85%. Pero la reducción presupuestaria y la falta de atención fueron generando una situación de decepción que derivó en resentimiento”. Macri lo sabe: todos los votos valen lo mismo, sean de un civil o de un militar.

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