La semana pasada hubo un caso que recorrió al país por la polémica que levantó. Se trató de la apertura de una causa judicial a Kevin Guerra, un joven de 21 años de Balcarce que había realizado un tuit que incluía la palabra “saqueo” y que había sido detectado por el área de ciberpatrullaje de la Gendarmería Nacional. El hecho ocurrió días después de que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, admitiera que su cartera hace ese tipo de rastreo para medir “el humor social” de la población. Estos acontecimientos llevaron a que diputados opositores le reclamaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunciara sobre el tema. Finalmente, el organismo lo hizo: alertó “preocupación” por este tema.
La CIDH realizó ayer un comunicado en el que advertían “preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de los Estados a la pandemia del COVID-19”. En el texto, en el que analizan caso por caso a los países latinoamericanos y sus problemáticas específicas en relación a este tema, el organismo advierte sobre Argentina. “En Argentina se habrían iniciado causas penales por ‘intimidación pública’ contra al menos cinco personas que publicaron en sus redes sociales información que sería falsa. Tanto en Colombia como en Argentina se estarían realizando labores de ‘ciberpatrullaje’, que tendrían como objetivo identificar cuentas que difundan información falsa. En el caso de Argentina, la ministra de Seguridad de la Nación afirmó que dichas tareas buscaban detectar "el humor social"; sobre el particular, el gobierno argentino informó que la secretaria de Estado precisó que la actividad será regulada por un protocolo de actuación, que se construye en línea con los estándares interamericanos y en consulta con la sociedad civil”, dice el comunicado.
De esta manera, la CIDH se expresa luego de que cuatro diputados opositores –las autoridades de la comisión de Comunicaciones e Informática de esa Cámara, Karina Banfi, Waldo Wolff, Gustavo Menna y Álvaro de Lamadrid- le pidieran una opinión sobre el tema. Según cuentan en esos pasillos, el Relator del organismo les aseguró que "le está dando seguimiento a las causas que recolectaron" y que se contactó con la ministra " alertando preocupación". La polémica sobre el “ciberpatrullaje” es un tema presente en Argentina desde que lo popularizó la gestión de Patricia Bullrich, que usó esta herramienta para abrir causas a casi 70 personas. Frederic heredó esta lógica de trabajo, y estuvo en el ojo de la tormenta las últimas semanas por estos hechos. Desde entonces, la cartera que comanda se reunió con la Defensoría del Pueblo de la Capital Federal y con organismos civiles y de Derechos Humanos para empezar a trabajar en un “protocolo” para realizar ciberpatrullaje de una manera más clara y aceptada por la sociedad civil.
Galería de imágenes
Comentarios