En los primeros días de mayo hubo una designación oficial que levantó polémica. Fue cuando el Inadi, que comanda Victoria Donda, nombró a Beatriz Priolo al frente de una importante área administrativa de aquella institución. Podría haber sido una decisión más de las miles que toma un gobierno entrante a diario, pero el pasado de la flamante funcionaria prendió las alarmas: había estado detenida, sospechada por un acto de corrupción cuando era parte de la administración bonaerense de Daniel Scioli, en un hecho que desde el Inadi aseguraron desconocer. Tan así era que, horas después de designarla, a alguien en esa cartera se le ocurrió buscar en Google a la mujer en cuestión y ante el sorprendente descubrimiento tomaron una decisión igual de inesperada: la echaron al día siguiente de que asumió, aunque esas 24 horas alcanzaron para que un diputado macrista, Alberto Asseff, presentara una impugnación, cuestionando “la honestidad e integridad moral” de Priolo. Toda la escena podría ser graciosa si no fuera real.
Esta historia salió en su momento en el portal web de NOTICIAS, pero ahora suma otro capítulo. Es que Priolo, trabajadora de planta permanente de hace más de veinte años del ministerio de Trabajo de Buenos Aires, volvió a sus orígenes. La contadora, que se recibió en la Universidad de La Plata, volvió de la licencia sin goce de sueldo que se había tomado para asumir en el Inadi, y desde que la echaron de allí es, nuevamente, parte estable de la cartera bonaerense que hoy conduce la ministra Mara Ruiz Malec. Priolo hoy se desempeña en la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal. Es decir: la contadora, que estuvo detenida por estar acusada de corrupción, motivo por el cual desde el Inadi se despegaron de ella y la echaron, es hoy una funcionaria más del Ejecutivo de Axel Kicillof.
La causa. Priolo había sido encarcelada en agosto de 2016, junto a otro funcionario sciolista, por sospechas de fraude que habrían sido cometidas entre 2012 y 2013. En aquel entonces era directora general de Administración del ministerio de Salud de la Provincia, y fue investigada por un posible fraude al Estado mediante la compra de insumos para centros de adicciones y hospitales, en lo que había sido un gasto de $ 500 mil, y por irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención. Sin embargo, Priolo fue liberada luego de cinco días en prisión y nunca llegó a tener condena firme por los delitos. De hecho, desde el ministerio de Trabajo que hoy la emplea defienden su honor a capa y espada: deslizan que la causa estuvo armada, que los delitos jamás existieron y que está tan floja de papeles la denuncia que por eso el juicio no termina de avanzar y por lo tanto de cerrarse. “Todos queremos que se investigue, porque Beatriz jamás hizo algo indebido”, dicen en aquellos pasillos. ¿Polémica en puerta?
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