Hay figuras que trascienden sus roles y pasan a representar el clima político de una época. Carlos Stornelli es una de ellas. Su nombre circula en un territorio donde Justicia, política e inteligencia se superponen y donde cada movimiento se interpreta como un mensaje. A lo largo de más de 30 años, su rol como funcionario público lo puso en diferentes situaciones que pasaron a la historia. Discusiones públicas con Carlos Menem, Néstor Kircher y Cristina Kirchner lo dejaron en el centro del conflicto que ordena la vida pública argentina desde 1993 hasta el presente.
Su último hit es la Causa Cuadernos, un expediente en el que Stornelli quedó asociado a la idea de un fiscal que investiga un sistema de recaudación ilegal que, según su hipótesis, llegaba hasta la cima del poder político. Para un sector, ese rol lo convirtió en garante de la investigación más relevante de la democracia. Para otro, fue el operador que usó expedientes sensibles para tensionar al kirchnerismo. Esa lectura se profundizó cuando, en paralelo a su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, su nombre apareció en escenas del caso D’Alessio, un expediente en el que se investigaba el rol de un pseudoabogado y espía que extorsionaba personas en nombre de Stornelli.
Ambas historias —la arquitectura acusatoria de Cuadernos y las sombras del expediente D’Alessio— se combinan para moldear un personaje que ya no se explica solo por su trabajo como fiscal. Stornelli encarna la manera en que la política lee y usa a la Justicia, y la forma en que los servicios de inteligencia encuentran espacios para operar en esa zona gris. Por eso su biografía se volvió inseparable de la polarización: porque cada causa que lleva su firma alimenta, de un lado y del otro, un relato sobre el poder. En ese cruce se define hoy la pregunta central: si Stornelli es un fiscal atrapado por la grieta o si es una pieza decisiva en su propio engranaje.
Cuadernos. La imputación de Stornelli contra Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos se levanta sobre una idea madre: entre 2003 y 2015 funcionó una estructura de recaudación ilegal que, según el fiscal, tuvo a Néstor y a Cristina Kirchner en la cima. Debajo, Julio De Vido como organizador, Roberto Baratta como enlace cotidiano y un grupo de empresarios que, según esa lectura, aceitaban el mecanismo con aportes “obligatorios”.
Para vincular a la entonces presidenta con el flujo de bolsos, Stornelli usa tres pilares: lo que contaron choferes y secretarios, lo que admitieron empresarios arrepentidos y el rastro de los destinos finales del dinero. El ex secretario Fabián Gutiérrez habló de bolsos que entraban a la Casa Rosada y salían con Daniel Muñoz; Oscar Centeno explicó sus anotaciones compulsivas y ubicó entregas en Uruguay 1306 (el departamento de Cristina Kirchner) y en la Quinta de Olivos. Para el fiscal, la secuencia siempre termina igual: Muñoz recibiendo plata en lugares ligados a los Kirchner. De ahí una frase central del requerimiento: la “principal receptora” sería Cristina Fernández.
Los arrepentidos terminan de armar el cuadro. José López dijo que coordinaba con Muñoz y afirmó que en 2011 habló del sistema directamente con Cristina. Carlos Wagner aceptó el régimen de “contribuciones”, Juan Chediack contó que López se presentaba como emisario con línea directa a la ex presidenta y Ernesto Clarens aseguró que transmitía “órdenes” atribuidas a ella sobre cómo recaudar y distribuir trabajos. Para Stornelli, esto prueba no solo conocimiento sino participación.
Durante las primeras jornadas del juicio de la Causa Cuadernos, la lectura de la acusación avanza sobre los hechos puntuales: pagos de Wagner en 2010 que salían de Baratta hacia Muñoz; seis entregas de IMPSA entre 2008 y 2010; aportes de Isolux Corsán, Electroingeniería, siempre con la misma coreografía: empresario–Baratta–Muñoz. En algunos casos, las cifras trepan a los US$ 3 o 4 millones en un solo día.
El fiscal construyó esa arquitectura acusatoria durante 2018, pero en 2019 se enfrentaría a un caso que correría en paralelo a su investigación. Mientras avanzaba la hipótesis de una asociación ilícita encabezada por los Kirchner, surgieron escenas que lo ubicaron en el centro de otro expediente sensible: el caso D’Alessio.
Complicado. La historia de Stornelli dentro de este último expediente incomoda incluso a los habitués de Comodoro Py. Porque, según los relatos del expediente, habría usado una red de inteligencia ilegal para cuestiones non sanctas. La primera señal llegó con la denuncia de Pedro Etchebest, un productor agropecuario que se encontró con Marcelo D’Alessio, un personaje ansioso por mostrarse como espía. Según la Justicia, D’Alessio le pidió 300 mil dólares en nombre de Stornelli para evitar que lo metieran en la causa Cuadernos. No fue un acting improvisado: venía con supuestos chats, audios, anotadores y una seguridad que sólo se puede sostener cuando uno se siente cerca del centro de gravedad del poder. Hubo una escena en Pinamar que fue decisiva. En el balneario CR, D’Alessio organizó un encuentro donde Etchebest vio a Stornelli sentado con él. Al finalizar la reunión, D’Alessio lo llevó a saludar al fiscal como si fuera parte de un trámite administrativo. Un saludo breve, dos frases educadas y una lectura inevitable: para Etchebest, ese gesto sellaba un pacto que jamás había consensuado. A partir de ahí, la supuesta extorsión tomó vuelo.
La mecánica se repitió en el caso del ex directivo de PDVSA, la petrolera venezolana, Gonzalo Brusa Dovat. No hubo pedido de dinero, pero sí una presión organizada para llevarlo a declarar ante Stornelli. D’Alessio lo trasladó en una Range Rover, acompañado por dos supuestos agentes de la DEA. El viaje fue intimidante y prolijo: promesas de protección, advertencias veladas y la idea de que, al final, la palabra que esperaba su testimonio era la del hombre que llevaba adelante la causa más caliente del país.
En ambos episodios, el Tribunal Oral Federal 8 que condenó a D’Alessio observó un patrón: el poder de Stornelli como recurso central de la maniobra, aún sin pruebas directas de que él haya participado de manera activa. El expediente no logra despejar qué hizo Stornelli mientras su figura era usada como garantía de operaciones turbias. No hacía falta que firmara nada ni que diera órdenes. Bastaba con que su nombre quedara disponible para que otros completaran la escena. Esa disponibilidad involuntaria —o no tan involuntaria— sigue siendo el aspecto más incómodo dentro de Comodoro Py. De aquellos días todavía se mantiene el recuerdo que Stornelli se había negado a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla. En la televisión le contaban los días que estuvo rebelde.
La segunda parte del expediente suma dos historias que cruzan Justicia, servicios de inteligencia y vida privada. Los protagonistas son el abogado José Manuel Ubeira y el piloto Jorge Christian Castañón. En ambos casos, el interlocutor de D’Alessio es el mismo: el fiscal Stornelli.
El plan contra Ubeira aparece en una serie de chats reconstruidos por el Tribunal Oral 8 integrado por Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. Ubeira defendía a Oscar Thomas en la Causa Cuadernos y cuestionaba la actuación de la fiscalía. D’Alessio le mandó al fiscal videos de una cámara oculta. Stornelli respondió: “Dame una mano”. La devolución de D’Alessio fue inmediata: “Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago”. Días después, D’Alessio informó que ya tenía “los datos del letrado atrevido”. Y avisó que el “plan con la cámara loca” estaba en marcha, en una sala de un hotel con cámaras propias. El Tribunal interpretó todo esto como un esquema delictivo dirigido a armar una escena falsa para perjudicar a un abogado que cuestionaba la actuación del fiscal.
El caso del piloto Jorge Castañón se mueve en una línea más personal. Se trata del ex marido de la actual pareja de Stornelli, Florencia Antonini. Según el fallo, Stornelli le mandó a D’Alessio una seguidilla de mensajes describiendo a Castañón: que decía haber sido piloto de la Marina, que trabajaría en United, que era peruano nacionalizado y “bagayero”. D’Alessio respondió: “Ya me encargo”. Tres días después, el fiscal preguntó: “¿Averiguaste algo del peruano?”. Y D’Alessio ya tenía un organigrama interno de United Airlines con el puesto, el jefe y el código interno del piloto. Después lanzó la frase que quedó subrayada en el fallo: “Vos decidís si lo corto en USA o acá”. El Tribunal interpreta ese mensaje como una oferta de perjudicar a Castañón en uno u otro país. Stornelli no objetó el ofrecimiento: preguntó qué se podía hacer y quedó en hablarlo en persona. D’Alessio incluso llegó a ofrecer “ponerle algo en la valija” al piloto, para que tenga problemas. En el juicio, Castañón confirmó la veracidad de los datos aportados por D’Alessio.
En las dos historias, los jueces aclaran que Stornelli no es acusado porque nunca fue requerido como tal. No pueden, por razones formales, avanzar sobre su responsabilidad penal. Pero aún con ese límite, los fundamentos lo dejan en un rol central del ecosistema en el que se movía D’Alessio. El hilo conductor es siempre el mismo: D’Alessio se movía como operador dispuesto a limpiarle el camino al fiscal, ya sea con cámaras ocultas, espionaje o maniobras que rozan lo ilegal. Y Stornelli recibía los reportes, respondía y habilitaba la continuidad de las acciones.
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