Escándalo Adorni: Villarruel le deseó "una cascada de éxitos" a un seguidor

El escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni se consolidó a partir de una serie de investigaciones jque pusieron bajo sospecha la evolución de su patrimonio, particularmente en relación con operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en un contexto donde la Justicia intenta determinar si existió enriquecimiento ilícito y maniobras irregulares en la adquisición y mejora de bienes.

En el caso del country Indio Cúa Golf Club,  tuvo como punto de partida la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que derivó en una investigación encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. En ese expediente se analiza un incremento patrimonial que, según los registros oficiales, superó el 500% en un corto período, una variación que el propio funcionario atribuyó a préstamos familiares y revalorizaciones de activos, pero que los investigadores consideran insuficientemente justificada.

La propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz, esta formalmente a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. La compra fue realizada en noviembre de 2024 mediante escritura firmada ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko, aunque la titularidad no habría sido actualizada en los registros municipales, donde aún figuraba el vendedor original, Juan Ernesto Cosentino.

Sobre esa vivienda se desplegó una compleja operatoria de refacciones que constituye hoy el núcleo más comprometedor del expediente. El arquitecto y contratista Matías Tabar, vinculado al grupo Alta Arquitectura, declaró bajo juramento que las obras demandaron 245.929 dólares y que fueron abonadas íntegramente en efectivo, sin facturas ni registros formales. Según su testimonio, los pagos se realizaron en múltiples entregas en dólares, directamente en mano y dentro del propio country, entre noviembre de 2024 y julio de 2025. 

El presupuesto original de la obra, cercano a 94.000 dólares, se incrementó progresivamente con la incorporación de mejoras de alto costo: remodelación integral, instalación de porcelanatos, construcción de parrilla, reformas en cocina con isla y desayunador, revestimientos con mármol travertino, y modificaciones en la pileta que incluyeron un sistema de jacuzzi. Sin embargo, el elemento que concentró mayor atención mediática y política fue la construcción de una cascada ornamental en el jardín de la vivienda.

Este curioso detalle de la "cascada de Adorni", fue replicado en redes sociales en torno de broma y burla. Incluso, la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo uso de este punto al enviar un mensaje de cumpleaños, a través de su cuenta de X, a uno de sus seguidores. "Feliz cumpleaños atrasado. Que tengas una cascada de éxitos este año", posteó la compañera de formula de Javier Milei. Un dardo teledirígido, por parte de la presidenta del Senado, para seguir condimentando la interna entre libertaria en el Ejecutivo. 

Aunque el detalle de la cascada es aparentemente menor, dentro del conjunto de obras, ya se transformó en un símbolo del caso. Según la declaración del propio contratista y documentación aportada a la causa, esta obra en partiular tuvo un costo específico de 3.500 dólares y fue abonada, al igual que el resto de las refacciones, en efectivo y sin comprobantes. La pregunta sobre cómo se financió ese tipo de gastos  es uno de los ejes centrales de la investigación.

El expediente también incorpora elementos que apuntan a inconsistencias adicionales, como la ausencia de registros contables, la eliminación de mensajes entre el funcionario y el contratista —cuyo teléfono fue secuestrado para peritaje— y la falta de correspondencia entre el valor de compra del inmueble y el monto invertido en su remodelación, que en algunos casos habría llegado a duplicar el precio original de la propiedad.

Otra de las operaciones bajo análisis es la compra de un departamento en Caballito concretada en noviembre de 2025 por unos 230.000 dólares. La singularidad de la transacción radica en su estructura de financiamiento: casi el 90% del valor fue cubierto mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes además eran titulares del inmueble. Ambas aportaron 200.000 dólares como préstamo hipotecario, quedando como acreedoras de la operación, lo que generó dudas sobre la lógica económica del acuerdo y el vínculo entre las partes. 

Los investigadores también pusieron el foco en la posible discrepancia entre el valor declarado y el valor de mercado del inmueble, así como en el rol de intermediarios y la eventual subvaluación o sobrevaluación en la operatoria. A esto se suma que, según informes judiciales, la adquisición se produjo sin que el funcionario informara la venta de propiedades previas en sus declaraciones juradas, lo que refuerza las sospechas sobre omisiones patrimoniales. 

En conjunto, las operaciones en Caballito y Exaltación de la Cruz configuran un entramado que involucra a prestamistas, vendedores, profesionales de la construcción y funcionarios públicos, y que hoy es analizado por la Justicia para determinar si existieron maniobras de simulación, ocultamiento de activos o ingresos no declarados. Mientras tanto, Manuel Adorni ha rechazado las acusaciones y sostiene que podrá justificar la totalidad de su patrimonio en futuras presentaciones, en un caso que continúa escalando en el plano político y judicial.