Discapacidad: la nueva afrenta del Gobierno

Si el nuevo proyecto de ley sobre discapacidad impulsado por el ministro de Salud Mario Lugones se convirtiera en norma, miles de personas con discapacidad podrían perder coberturas esenciales, prestaciones terapéuticas y certezas económicas que hoy sostienen tratamientos, traslados, acompañamientos y rehabilitaciones. La alarma no se concentra sólo en los recortes explícitos, sino en una arquitectura normativa que, según denuncian familiares, prestadores y organizaciones, desarma derechos adquiridos y convierte en incierto lo que hasta ahora era obligatorio. El punto más sensible, y acaso más profundo, es la eliminación del nomenclador nacional: la herramienta que fija valores mínimos y homogéneos para las prestaciones en todo el país. 

Minuto cero. El proyecto ingresó al Congreso bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, una denominación que ya generó rechazo en el sector por considerar que coloca bajo sospecha generalizada a quienes perciben beneficios por discapacidad. Pero detrás del nombre aparece una reforma de mayor alcance. La iniciativa propone revisar padrones, reempadronar beneficiarios, modificar el financiamiento de prestaciones y alterar mecanismos laborales vinculados a trabajadores con discapacidad. Para las organizaciones especializadas, la narrativa del "fraude" funciona como antesala de un ajuste presupuestario. 

La anulación del nomenclador es el corazón del conflicto. Hoy ese sistema establece aranceles de referencia para transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, escuelas especiales, rehabilitación, psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología y múltiples servicios incluidos en el esquema de cobertura. Con su eliminación, los valores pasarían a negociarse entre obras sociales, prepagas y prestadores. En teoría, una desregulación; en la práctica, advierten los especialistas, una pulseada desigual donde el financiador tiene mayor poder que quien brinda la prestación y, sobre todo, que la familia que la necesita. 

¿Qué ocurriría entonces? Primero, una caída de ingresos para miles de profesionales e instituciones que ya denuncian atraso arancelario y pagos demorados. Segundo, el cierre de pequeños centros terapéuticos incapaces de sostener costos fijos. Tercero, una reducción de oferta: menos transportes adaptados, menos vacantes en centros de día, menos acompañantes disponibles. Y cuarto, una segmentación brutal: quien pueda pagar diferencias accederá; quien no, quedará en lista de espera o sin tratamiento. 

Para las familias, el escenario sería demoledor. Muchos hogares organizan su economía alrededor de terapias semanales, medicamentos, dispositivos, traslados y apoyos escolares. Si las coberturas dejan de ser integrales o pasan a depender de negociaciones particulares, el costo se traslada al núcleo familiar, lo que para muchos hogares sería un gasto imposible de afrontar. Por lo tanto, la persona discapacitada podría perder terapias o prestaciones que son fundamentales para su desarrollo. En un país de salarios erosionados, los tratamientos por discapacidad podrían convertirse en un privilegio para pocos.

También preocupa el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Si bien el Gobierno argumenta la necesidad de depurar irregularidades, organizaciones del sector recuerdan que cada proceso masivo de revisión genera meses de incertidumbre, trámites engorrosos, certificados reiterados y suspensiones preventivas. Para personas con movilidad reducida, trastornos cognitivos o barreras burocráticas severas, la exigencia administrativa puede ser una exclusión encubierta. 

Rechazo. En las calles ya comenzó la reacción. Frente al Ministerio de Salud se realizaron marchas masivas con familiares, trabajadores y personas con discapacidad que denunciaron “ajuste” y “abandono”. La protesta incluyó cese de actividades y advertencias sobre una crisis terminal del sistema: instituciones endeudadas, prestaciones demoradas y servicios funcionando al límite. 

La actriz Lola Berthet fue una de las voces públicas más contundentes. En declaraciones difundidas por distintos medios, cuestionó el espíritu del proyecto y aseguró que la política oficial “aplasta derechos”. Su intervención aportó visibilidad a un conflicto que muchas veces queda encapsulado en expedientes técnicos, aunque impacta sobre vidas concretas: niños con autismo, adultos con parálisis cerebral, personas con discapacidad intelectual y familias enteras que dependen de una red de asistencia constante. 

Valentina Bassi, madre de un chico autista, también rechazó el proyecto bajo su contundente conclusión: "Es una ley nefasta”, dijo, poniendo el foco en la eliminación del nomenclador nacional. “Sin nomenclador, cada obra social va a cobrar lo que quiera”. También sostiene que la iniciativa “implica un retroceso de 30 años”, porque deja a prestadores y familias librados a negociaciones desiguales y amenaza la continuidad de terapias, escuelas y centros especializados. Y agrega: “Lo más terrible es lo que dan a entender, porque la ley se llama 'Contra el fraude de las pensiones', que las personas con discapacidad porque tienen pensiones son criminales que atentan contra las finanzas del Estado. Una locura”.

Juan Grabois, a su manera, decargó: “Le escupen en la cara a los discapacitados mientras se pasean en hoteles cinco estrellas por el mundo”. Más allá de su tono desafiante, su declaración resume la sensibilidad pública que despierta cualquier reforma sobre un universo particularmente vulnerable. 

Voz oficial. A su vez, Mario Lugones, médico cardiólogo y actual ministro de Salud, defiende una línea de reorganización estatal basada en eficiencia, auditorías y reducción de gastos, para él, "improductivos". En su defensa. la nueva ley describe que entre los años 2003 y 2023 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez otorgadas en el país tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 76 mil beneficios que existían en el primero de los años, a más 1.2 millones de beneficios en 2023. 

El proyecto de ley anuncia que ni países atravesados por guerras han tenido tal incremento en su población de personas con invalidez. El problema, señalan sus críticos, aparece cuando la poda alcanza estructuras indispensables y de una gran sensibilidad humana. Porque en discapacidad no se discuten privilegios sino apoyos. El Congreso, que ya sancionó una ley de emergencia en discapacidad que el Gobierno no quiere poner en marcha pese a que la Justicia se lo ordenó, tendrá ahora la última palabra. ¿Cuánto vale, para el Estado, la vida cotidiana de quienes necesitan más acompañamiento? 

Si la respuesta se mide sólo en términos fiscales, el costo real lo pagarán los jubilados, los docentes universitarios y las personas con discapacidad, condenadas a perder sus derechos