Detienen al príncipe Andrés: el escándalo Epstein vuelve a sacudir a la monarquía británica

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor —conocido públicamente como el "príncipe Andrés"— el mismo día en que cumplía 66 años marca un punto de quiebre inédito para la monarquía británica. La Policía del Támesis confirmó el arresto bajo sospecha de “misconduct in public office”, un delito que en el Reino Unido puede acarrear hasta cadena perpetua. Aunque las autoridades evitaron nombrarlo, el operativo incluyó allanamientos en domicilios de Berkshire y Norfolk, entre ellos la residencia en Sandringham donde fue fotografiado el arribo de vehículos sin identificación policial.

El cargo no refiere directamente a delitos sexuales, pero se inscribe en el largo y turbulento capítulo de su relación con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos sexuales y acusado de liderar una red de explotación de menores. Andrew siempre negó haber cometido ilícitos y dijo “arrepentirse” de su amistad con Epstein. Sin embargo, desde la explosiva entrevista que concedió a la BBC en 2019 —en la que intentó explicar su vínculo con el magnate y terminó hundiendo aún más su reputación— la presión pública y judicial no dejó de crecer.

El caso Epstein, lejos de extinguirse tras la muerte del financista en 2019 en una cárcel de Nueva York —oficialmente un suicidio—, volvió a cobrar fuerza en Estados Unidos por la apertura de nuevos documentos judiciales. La desclasificación parcial de testimonios y registros vinculados a demandas civiles reavivó nombres, contactos y presuntas complicidades. En ese marco, resurgen referencias a reuniones, vuelos y encuentros sociales en los que Andrew habría coincidido con Epstein y con algunas de sus denunciantes.

En 2022, el príncipe llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad y víctima de la red de Epstein. Andrew no admitió responsabilidad, pero el pago —estimado en más de 12 millones de dólares— selló su salida definitiva de la vida pública y el retiro de sus títulos militares y funciones oficiales. Desde entonces, su figura quedó suspendida en una zona gris: sin rol institucional pero aún miembro de la familia real.

La reapertura del debate en Estados Unidos, con cuestionamientos incluso al Departamento de Justicia por posibles omisiones en la protección de identidades y redacciones incompletas en documentos judiciales, añade un nuevo componente internacional al escándalo. Lo que durante años fue presentado como un problema de imagen para la Corona hoy adquiere dimensión penal. El primer ministro británico, Keir Starmer, fue tajante ante las preguntas en Westminster: “Nadie está por encima de la ley”. La frase, cargada de simbolismo en un país donde la monarquía es jefe de Estado, apunta a blindar la independencia judicial frente a cualquier sospecha de privilegio dinástico. También refleja la sensibilidad política del momento: la credibilidad institucional está en juego.

Es extremadamente raro que un miembro senior de la familia real sea arrestado. El antecedente más citado se remonta a 2002, cuando la princesa Ana fue condenada bajo la Dangerous Dogs Act después de que su perro mordiera a dos niños. Aquello fue un episodio menor comparado con la gravedad de las acusaciones que hoy rodean al duque de York. La investigación recién comienza y no hay imputaciones formales. Pero el daño simbólico ya está hecho. La detención de Andrés no solo reactiva las sombras del caso Epstein; también pone a prueba la resiliencia de la monarquía en una era de transparencia forzada y escrutinio global.