El Gobierno anunció otra medida contra extranjeros: "Se terminó la salud gratis"

En redes sociales, el vocero presidencial Adrián Ravier notificó una controversial medida del Gobierno que condicionara a los extranjeros a concurrir a hospitales públicos nacionales. "A partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales. En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente para cubrir los costos, el hospital exigirá el pago de la prestación previo a brindarla, excepto en los casos de riesgo de vida en los que la atención sanitaria de emergencia continuará garantizada", tuiteó el portavoz de Casa Rosada. 

En su cuenta de X, Ravier agregó: "El Ministerio de Salud de la Nación termina así con uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven acá, no trabajan acá, ni pagan impuestos acá. Ya dimos un paso fundamental en 2025 cuando se habilitó a las universidades públicas a cobrar un arancel a los extranjeros, ahora los hospitales darán el ejemplo". El mensaje fue acompañado con la imagen del anexo del comunicado que incluye las disposiciones expresadas. 

La administración de Javier Milei avanzó esta semana con una de las medidas más controvertidas de su política migratoria al solicitar a los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina la condición de contar con un seguro de salud o pagar previamente por la atención médica que reciban en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional. La disposición comenzó a aplicarse a partir de una resolución del Ministerio de Salud publicada el 11 de agosto de 2026 y pone en funcionamiento una modificación de la Ley de Migraciones impulsada por el Poder Ejecutivo en 2025.

El alcance de la medida, sin embargo, es más acotado de lo que puede sugerir la expresión “extranjeros”: no afecta de la misma manera a todas las personas nacidas fuera del país y mantiene la atención gratuita e inmediata en situaciones de emergencia. La modificación central había sido establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que reformó distintos artículos de la Ley 25.871. En materia sanitaria, el nuevo artículo 8 establece que cualquier extranjero, independientemente de su situación migratoria, conserva el derecho a recibir atención cuando existe una emergencia.

A su vez, los extranjeros con residencia permanente mantienen el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. Para los restantes casos, en los hospitales y establecimientos administrados por el Estado nacional, la atención médica habitual queda condicionada a la presentación de un seguro de salud o al pago anticipado de la prestación. La resolución que comenzó a instrumentar el Gobierno establece así una diferencia entre la atención de urgencia y aquella que puede ser programada o considerada no urgente.

Por ejemplo, un extranjero que llegue a un hospital nacional con un infarto, un accidente cerebrovascular, un traumatismo grave, una quemadura extensa o una emergencia obstétrica, pediátrica o neonatal deberá ser atendido sin que se le pueda exigir previamente un seguro o el pago del tratamiento. El Gobierno Nacional sostiene que esta garantía busca preservar el principio de asistencia inmediata frente a situaciones que comprometen la vida o requieren una intervención sanitaria urgente.

El cambio se concentra, por lo tanto, en los extranjeros que se encuentran en el país sin residencia permanente y necesitan prestaciones que no revisten carácter de emergencia. En esos casos, el establecimiento podrá cobrar la atención directamente al paciente si no cuenta con cobertura, mientras que quienes posean un seguro de salud podrán utilizar esa cobertura para afrontar el costo de las prestaciones. De esta manera, el Estado nacional pretende que la atención sanitaria de los no residentes deje de recaer automáticamente sobre el presupuesto público nacional.

La medida forma parte de una política migratoria más amplia impulsada por la administración Milei desde 2024 y profundizada mediante decretos durante 2025 y 2026. En diciembre de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que el Gobierno modificaría el régimen migratorio y adelantó expresamente el objetivo de terminar con la gratuidad de la atención médica para extranjeros en hospitales públicos, además de plantear cambios en el acceso de estudiantes extranjeros no residentes a las universidades nacionales.

Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma es el costo que, según sus propios cálculos, representan las prestaciones recibidas por extranjeros en hospitales nacionales. En los fundamentos del Decreto 366/2025, el Poder Ejecutivo sostuvo que durante 2024 las consultas realizadas por inmigrantes en hospitales nacionales implicaron un gasto aproximado de $42.000 millones, mientras que los egresos hospitalarios de extranjeros demandaron unos $72.000 millones. El mismo decreto afirmó que los egresos de extranjeros representaron el 10,58% del total de egresos registrados en esos establecimientos.

La discusión, sin embargo, tiene una dimensión institucional particularmente relevante porque la disposición nacional no modifica por sí misma el funcionamiento de todos los hospitales públicos del país. La nueva regla alcanza a los establecimientos administrados por el Estado nacional. Argentina tiene un sistema sanitario descentralizado, en el que las provincias y municipios administran una parte sustancial de los hospitales públicos, por lo que cada jurisdicción conserva capacidad para establecer sus propias condiciones de atención dentro de su marco constitucional y legal. Esto significa que la resolución nacional no equivale a una orden general para que todos los hospitales públicos provinciales y municipales comiencen a cobrar a extranjeros no residentes.