La ley del rechazo: Ceuta cambió a Europa

El cuerpo de Abderrahim Fakir dejó de moverse sobre el asfalto de Pilastro, un barrio del noreste de Bolonia. Tenía 42 años, había nacido en Marruecos, vivía en Italia desde chico y era dueño de un pequeño comercio. Dos policías lo mantuvieron inmovilizado contra el piso mientras los sanitarios miraban. Pidió ayuda varias veces. La autopsia preliminar habló de compresión pulmonar. El video le dio la vuelta al país en horas y su muerte se convirtió en el primer caso en el que se invoca el escudo penal que la ley de seguridad de Giorgia Meloni les concedió a los funcionarios públicos: los dos agentes son investigados por homicidio culposo, pero no serán inscriptos como sospechosos formales salvo que se determine que la inmovilización fue injustificada. Volvieron a trabajar el lunes.

Pero la discusión que terminó tragándose el caso Fakir no empezó en Bolonia. Empezó doce días antes y a 2.500 kilómetros, en un espigón de Ceuta. El detonante fue una sentencia de fines de junio. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español resolvió que la ley de Extranjería no habilita las devoluciones en caliente de quienes entran nadando a Ceuta y Melilla, porque en el mar no hay elementos de contención equiparables a los de las fronteras terrestres.

El fallo se difundió en redes con una traducción brutalmente simple: se puede pasar a nado y no te pueden rechazar. Entre el 30 y el 31 de julio, según cifras del Ministerio del Interior, hasta 72.000 personas cruzaron en una sola jornada. Al menos 141 murieron en el intento. Más de 53.000 volvieron a Marruecos, buena parte por su cuenta, después de no encontrar ni comida ni techo del otro lado. En Melilla, el gobierno local ya venía denunciando que la llegada de menores no acompañados se había duplicado en pocas semanas.

La reacción europea fue instantánea y no vino de la extrema derecha marginal, sino de los gobiernos. Italia fue la primera: Georgia Meloni anunció el 31 de julio la suspensión temporal de Schengen con España y controles aleatorios a extracomunitarios que llegaran por avión o por barco desde territorio español. Otros siete países acompañaron el reclamo. Francia reforzó controles y Alemania le exigió a Marruecos readmitir a los irregulares.

Veintidós gobiernos firmaron una carta impulsada por Italia y Dinamarca pidiendo una respuesta común, con la reintroducción de controles internos temporales sobre la mesa. El comisario de Interior y Migración de la UE, el austríaco Magnus Brunner, salió a decir que Europa había superado la prueba, que nadie llegó a entrar al espacio Schengen y que había que aplicar plenamente el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Traducción: contuvimos el golpe, no discutamos el fondo.

El fondo, sin embargo, ya estaba escrito. El Pacto Europeo de Migración y Asilo se volvió plenamente aplicable el 12 de junio de este año, después de dos años de transición. El 17 de junio el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retorno, que habilita centros de retorno en terceros países considerados seguros. Y en febrero, el Reglamento 2026/463 flexibilizó la noción misma de tercer país seguro y eliminó el criterio de conexión entre el solicitante y el país al que se lo devuelve. Es decir: Europa terminó de construir la arquitectura jurídica de la expulsión meses antes de Ceuta. Ceuta le dio las imágenes.

Y las imágenes valen más que los promedios. El propio Brunner lo admitió con una frase que vale como epitafio de la política migratoria comunitaria: las escenas dramáticas les ganan a las mejores estadísticas. Los números lo confirman. En Alemania, la AfD orbita entre el 25% y el 27% y encabeza los sondeos en Sajonia-Anhalt con el 40%. En el Reino Unido, Reform UK marca 26% y saca ventaja sobre laboristas y conservadores. La ultraderecha lidera encuestas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania y el Reino Unido, y ya integra coaliciones en Italia, Croacia, la República Checa y Finlandia y sostiene al gobierno sueco. En España, Vox se movió menos de lo esperado tras Ceuta, del 17% al 18%, pero Santiago Abascal instaló que el abandono del enclave es deliberado y que Pedro Sánchez quiere entregárselo a Marruecos. Meloni, que va por un segundo mandato el año que viene, tiene que cuidarse por derecha de Roberto Vannacci.

Del otro lado, la crítica progresista sostiene tres argumentos que conviene no despachar rápido. El primero es de escala: si 53.000 de 72.000 personas volvieron solas en cuarenta y ocho horas, la palabra invasión describe mal lo que pasó. El segundo es de causalidad: el desempleo juvenil marroquí ronda el 37% y la economía española crece, de modo que la presión es estructural y no se resuelve con vallas. El tercero es el que encarna Fakir. Fabio Anselmo, abogado de la familia, dijo que el escudo penal puede sabotear la investigación y crear impunidad. Cecilia Sottilotta, politóloga de la Università per Stranieri de Perugia, lo formuló así: la migración fue convertida en arma, y con elecciones a la vista se va a ver más de lo mismo.

Ahí está el punto incómodo que ninguno de los dos bandos quiere mirar de frente. Pilastro tiene 7.000 habitantes y el 25% son inmigrantes. Es un barrio donde Matteo Salvini tocó un timbre en 2020 para preguntarle a una familia tunecina si vendía droga, y donde este año 33 vecinos acumularon miles de euros en multas por protestar contra una obra en el único parque, gracias a otro capítulo de la misma ley de seguridad. El reperfilamiento cultural de Europa no es una hipótesis futura: ya ocurrió en el mapa, y ahora está ocurriendo en el código penal. La pregunta no es si Europa cambió, sino qué está dispuesta a dejar de ser para no cambiar más.