Glaciares (CEDOC)
Alertan que la reforma de la ley de glaciares contradice el acuerdo del Mercosur con la UE
En redes sociales, el legislador Maximiliano Ferraro se pronunció contra el proyecto de el Ejecutivo que pone en foco la situación ambiental y los recursos naturales.
El gobierno nacional envió al Congreso a fines de diciembre de 2025 un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), vigente desde 2010, con el argumento oficial de que la normativa actual genera “inseguridad jurídica”, obstaculiza inversiones productivas y limita el ejercicio de competencias provinciales sobre sus recursos naturales. Según la Presidencia, la iniciativa busca “ordenar el marco normativo vigente” y consolidar un esquema de “federalismo ambiental” que, aseguran, sea compatible con la Constitución Nacional.
El eje principal de la propuesta enviada al Parlamento consiste en redefinir los criterios de protección ambiental, orientándolos a resguardar únicamente aquellos glaciares que cumplan “una función hídrica efectiva” como reservas de agua, y otorgar a las provincias mayor poder para determinar qué zonas periglaciales están protegidas, en lugar de mantener el alcance amplio de la ley actual. Esto implicaría, en los hechos, reducir la extensión de territorios con protección federal y abrir la puerta a actividades que hoy están prohibidas en la cercanía de estas zonas.
La iniciativa, que será debatida en las sesiones extraordinarias del Congreso convocadas entre el 2 y el 27 de febrero, ha encendido un fuerte debate público y político. La oposición y organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma implicaría un retroceso en la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas clave para la provisión de agua dulce en regiones áridas y montañosas del país, y que podría facilitar la explotación minera en zonas hoy vedadas por la legislación vigente.
En redes sociales, el legislador Maximiliano Ferraro señaló: "El gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero y expuso una contradicción grave y peligrosa. En el temario incluyó la aprobación del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, que en su artículo 26.2.3 es claro: ninguna de las partes debe debilitar los niveles de protección ambiental para fomentar el comercio o la inversión. Pero, al mismo tiempo, impulsa la modificación de la Ley de Glaciares, una reforma regresiva que reduce la protección de glaciares y del ambiente periglacial, habilita actividades hoy prohibidas y viola el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú".
"El acuerdo Mercosur–UE es una decisión geoestratégica a favor de las democracias, del multilateralismo y de reglas claras, y del comercio como herramienta central para el desarrollo, la generación de empleo y la inserción internacional del país. Justamente por eso exige coherencia, seriedad y respeto por los estándares ambientales que el propio Estado argentino se comprometió a sostener. Esta torpeza, burda e improvisada, no solo pone en riesgo la protección del agua y el sostenimiento de las economías regionales: debilita la palabra de la Argentina y desdibuja un acuerdo que llevó décadas de negociación. No hay inserción internacional posible con compromisos débiles y retrocesos ambientales", remató el diputado de la Coalición Cívica.
Defensores del proyecto, incluyendo gobernadores de provincias productoras de litio y cobre —como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan—, respaldan las modificaciones argumentando que la normativa actual ha generado trabas para el desarrollo económico y para la inversión en sectores extractivos estratégicos, y que la reforma propone un equilibrio entre la protección ambienta y el aprovechamiento de recursos naturales bajo un enfoque de “federalismo real”.
Sin embargo, críticos de la propuesta advierten que adaptar la ley para permitir actividades mineras más cercanas a los glaciares pone en riesgo no solo la conservación de estos cuerpos de hielo, sino también el abastecimiento de agua para consumo humano y uso productivo en amplias zonas del país, además de contradecir lo que consideran estándares ambientales mínimos consagrados en la Constitución Nacional.
El proyecto de ley de glaciares, en suma, representa una pulseada entre quienes buscan flexibilizar las restricciones ambientales para promover inversiones extractivas y quienes defienden la integridad de una legislación considerada pionera en la región para la protección de reservas hídricas esenciales, un debate que en 2026 continuará siendo uno de los más relevantes en el ámbito ambiental y político argentino.