Cuál fue la respuesta de Emiliano Yacobitti a Javier Milei por la auditoría de las universidades

El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA) escaló luego de que el presidente arremetiera contra la institución, acusándola de resistirse a una auditoría del gasto universitario. El vicerrector de la UBA y diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti, respondió enérgicamente a través de su cuenta en X (ex Twitter), donde planteó la postura de la universidad frente a las acusaciones del mandatario. “La UBA le ha solicitado por escrito a la Auditoría General de la Nación que audite los gastos de la universidad en el 2025 tal como lo hizo en el 2021, 2022 y 2023”, aseguró Yacobitti, subrayando que la institución siempre ha estado dispuesta a rendir cuentas.

En un contexto de creciente tensión, Yacobitti destacó que “la UBA inició un proceso de licitación para que una firma privada nacional o internacional realice, además de la AGN y las auditorías internas, la verificación de los gastos y el sistema de control interno de la universidad”. El diputado radical defendió la autonomía universitaria y el principio de transparencia, pero advirtió sobre el riesgo de injerencia política al insistir el gobierno en que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sea la encargada de la auditoría. “Ante la insistencia del Gobierno de que la SIGEN (cuyas autoridades las designa directamente el presidente) intervenga las universidades públicas, la UBA le pidió a la justicia una declaración de certeza para dejar claro si eso corresponde o no”, argumentó Yacobitti, enfatizando que se trata de “preservar la libertad de enseñar y aprender de tentaciones autoritarias y populistas”.

Este cruce con el gobierno tiene un trasfondo político que involucra a figuras del radicalismo como Martín Lousteau y el propio Yacobitti, quienes han sido críticos de las políticas de Milei hacia el ámbito universitario. La UBA, controlada históricamente por sectores afines al radicalismo, ha manifestado su rechazo a que la Sigen, un organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo, audite sus finanzas, argumentando que la supervisión de las universidades nacionales corresponde legalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), que goza de independencia del gobierno central.

La controversia se intensificó cuando la Sigen envió notificaciones a la UBA solicitando un representante para participar en la auditoría, sin obtener respuesta. Poco después, la universidad presentó un recurso ante la Justicia para impedir lo que considera una violación de su autonomía. En su defensa, el gobierno ha argumentado que no existe contradicción entre la autonomía universitaria y la potestad de la Sigen para auditar los fondos públicos, citando precedentes en los que la sindicatura supervisó distintas facultades sin objeciones.

En este contexto, las declaraciones de Milei fueron contundentes. El presidente afirmó que “los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace, las paga”, y se comprometió a “ir a buscar a los chorros hasta el último rincón de la Argentina y meterlos presos”. A pesar de la dureza de sus palabras, también aclaró que nunca estuvo en agenda la privatización ni el arancelamiento de las universidades públicas, desestimando las críticas que se han esgrimido desde el ámbito académico.

Para el gobierno, la auditoría en las universidades busca garantizar la correcta utilización de los recursos públicos, centrándose en posibles desvíos de fondos y en la contratación de servicios, como sondeos de opinión. Desde la Casa Rosada, se ha insistido en que la Sigen tiene la capacidad legal para realizar estos controles, y que el rechazo de la UBA es infundado y responde más a intereses políticos que a un verdadero problema de autonomía.

Por su parte, Yacobitti y Lousteau sostienen que el conflicto es una muestra de la "tentación autoritaria" del gobierno, y han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de interferencia en la libertad de cátedra. Esta postura forma parte de una estrategia más amplia de la UCR para defender su influencia en las universidades públicas y oponerse a lo que perciben como avances del gobierno sobre instituciones autónomas.

La decisión judicial que se espera sobre el recurso presentado por la UBA podría marcar un punto de inflexión en esta disputa, ya que determinará si el gobierno podrá avanzar con la auditoría por medio de la Sigen o si deberá respetar el reclamo de la universidad de que sea la AGN la que lleve a cabo la supervisión. Mientras tanto, el gobierno se mantiene firme en su intención de auditar las universidades, advirtiendo que apelará cualquier fallo adverso y agotará todos los recursos legales disponibles para avanzar con la fiscalización de los fondos públicos.