Cuáles son las operaciones con criptomonedas que hizo Adorni y no declaró

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó en los últimos días un nuevo eje de análisis: operaciones con criptomonedas que no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción y que, según la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita y el juzgado de Ariel Lijo, podrían resultar relevantes para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. La pesquisa avanzó luego del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su pareja Bettina Angeletti y de las sociedades vinculadas a ambos, entre ellas MasBe. 

De acuerdo con los primeros informes incorporados al expediente, los investigadores detectaron movimientos de “entrada y salida” de activos digitales que no aparecían consignados en la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2024. Entre las criptomonedas bajo análisis figuran Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT), mientras que las plataformas señaladas en los requerimientos judiciales incluyen a Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango. También fueron oficiadas firmas y billeteras digitales como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay, Digifin, Ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar para que aporten legajos, registros de movimientos, cuentas asociadas y direcciones IP vinculadas a las operaciones. 

Hasta el momento, la Justicia no difundió el monto total operado mediante criptomonedas ni estableció si esos fondos fueron utilizados para financiar adquisiciones inmobiliarias, viajes o reformas. Sin embargo, la fiscalía considera que las operaciones detectadas podrían ser relevantes porque los activos digitales debían estar incluidos en la declaración patrimonial del funcionario. Los investigadores analizan ahora la trazabilidad de esas transferencias mediante estudios técnicos sobre blockchain para determinar el origen y destino final de los fondos. 

La causa se concentra especialmente en el crecimiento patrimonial de Adorni durante los últimos dos años y en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia bonaerense. Uno de los expedientes bajo revisión es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, donde, según declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, se habría efectuado un pago adicional por fuera de la escritura formal. Ese monto se suma a otras erogaciones que la fiscalía considera difíciles de justificar con los ingresos declarados por el funcionario. 

La Justicia investiga particularmente el rol de la escribana Adriana Mónica Nechevenko interviniente porque habría sido quien certificó la operación inmobiliaria y la documentación vinculada al crédito privado utilizado para concretar la compra. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la operación formalizada ante escribanía no reflejaría la totalidad del dinero entregado por el inmueble. Los investigadores sostienen que existirían indicios de un pago complementario de aproximadamente USD 65.000 que no habría quedado asentado en la escritura pública ni en la declaración patrimonial posterior del funcionario. 

La operatoria bajo análisis habría funcionado en varias etapas. Primero, la propiedad fue escriturada por un valor declarado oficialmente inferior al estimado de mercado. Luego, parte del financiamiento se justificó mediante una hipoteca privada entre particulares por USD 100.000, mecanismo que Adorni sí incluyó en su declaración jurada patrimonial. Sin embargo, la fiscalía sospecha que además existieron pagos paralelos en efectivo —principalmente dólares billete— que no fueron bancarizados ni registrados formalmente. Esa diferencia entre el precio escriturado y el monto efectivamente abonado es uno de los ejes centrales de la causa. 

Según declaró Nechevenko ante la Justicia, la operación del departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, se escrituró por USD 230.000. Adorni habría entregado USD 30.000 en efectivo como anticipo y el resto —USD 200.000— quedó financiado mediante una hipoteca privada otorgada directamente por las vendedoras, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. El acuerdo contemplaba el pago total a un año y, de acuerdo con la declaración de la escribana, sin intereses. 

En ese contexto, la escribana quedó bajo la lupa judicial porque su intervención fue clave para validar la documentación de la compraventa, certificar firmas y protocolizar tanto la escritura como el esquema de financiamiento. Los investigadores buscan determinar si tuvo conocimiento de pagos por fuera de la escritura o si únicamente actuó sobre la documentación formal presentada por las partes. Hasta ahora no existe imputación pública contra la profesional, pero sí requerimientos judiciales orientados a reconstruir el circuito documental completo de la operación.

Otro de los bienes bajo investigación es una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según la documentación judicial y testimonios recogidos en el expediente, las remodelaciones de esa propiedad habrían demandado alrededor de USD 245.000 pagados en efectivo y sin facturación formal. El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento que esos trabajos fueron abonados en dólares billete, un dato que la fiscalía considera central para establecer si existió una desproporción entre ingresos y gastos. 

La Justicia también analiza otros gastos relevantes atribuidos al funcionario y su entorno familiar. Entre ellos aparecen USD 4.800 para un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 para un pasaje desde Nueva York a Buenos Aires utilizado por Bettina Angeletti, USD 5.800 para un viaje a Aruba y USD 8.900 en hospedaje en ese destino. Sumados los viajes, reformas y pagos inmobiliarios detectados hasta ahora, la investigación calcula movimientos por al menos USD 349.640 en poco más de un año. 

En su declaración jurada 2024, Adorni informó un patrimonio total de $107.894.833,66, declaró USD 42.500 en efectivo y una cuenta en Estados Unidos con USD 6.220,23. También consignó una hipoteca privada por USD 100.000 para la compra de la vivienda en Indio Cuá y otros USD 20.000 invertidos en esa operación. Sin embargo, las erogaciones detectadas por la fiscalía superan ampliamente los montos exteriorizados oficialmente, motivo por el cual Lijo y Pollicita continúan requiriendo información bancaria y financiera sobre cuentas, billeteras virtuales, exchanges y movimientos patrimoniales desde enero de 2022 hasta la actualidad.