La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa una de las mayores crisis institucionales y judiciales desde la muerte del ex presidente de la entidad Julio Grondona. La serie de denuncias por presuntas irregularidades financieras, evasión tributaria, retención indebida de aportes, lavado de dinero y administración fraudulenta colocaron bajo investigación a la conducción encabezada por Claudio Tapia y su principal operador político y financiero, Pablo Toviggino.
Por ese motivo, el Ministerio de Justicia tomo la decisión de enviar veedores a la sede de la AFA luego de un pedido impulsado por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que venía reclamando acceso a balances, contratos, documentación administrativa y movimientos financieros de la entidad. Los veedores designados fueron el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes recibieron facultades para inspeccionar libros contables, acuerdos comerciales y operaciones económicas realizadas por la conducción de la AFA durante los últimos años.
La imposibilidad de los veedores de ingresar a la sede de la AFA en las últimas horas terminó transformándose en un episodio clave dentro del escándalo institucional que envuelve a Tapia y a Toviggino. Lo ocurrido no fue un hecho aislado ni meramente administrativo, el cierre de la sede de Viamonte apareció como una nueva señal de resistencia de la conducción de la AFA frente a la auditoría ordenada por el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ).
Los veedores enviados por el Ministerio de Justicia llegaron a la histórica sede de la calle Viamonte 1366 con el objetivo de iniciar formalmente la auditoría sobre balances, contratos, estados contables y documentación financiera de la entidad. La medida había sido ordenada por 180 días a partir de una resolución oficial impulsada tras las denuncias por presuntas irregularidades millonarias en la administración de la AFA. Pero al llegar se encontraron con las puertas cerradas y sin personal que los recibiera. Dejaron el requerimiento formal de documentación debajo de la puerta y posteriormente se dirigieron a las oficinas de la Superliga, también incluidas dentro de la investigación.
El episodio adquirió todavía mayor gravedad política porque en la entrada de la sede había un cartel que indicaba que la administración se trasladaba a Mercedes 1300, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ese detalle se convirtió inmediatamente en el centro de la polémica. El gobierno nacional sospecha que el intento de mudar la sede legal de la AFA hacia Pilar responde a una estrategia diseñada para salir de la órbita de control de la IGJ, organismo con competencia en la Ciudad de Buenos Aires.
La IGJ ya había objetado previamente esa mudanza. Según los informes, el supuesto nuevo domicilio administrativo en Pilar no contaría con la estructura operativa necesaria para funcionar efectivamente como sede institucional. Para los investigadores, el traslado podría constituir una maniobra destinada a dificultar el control estatal y entorpecer la auditoría. Por eso el hecho de que los veedores llegaran y encontraran la sede cerrada fue interpretado como una posible obstrucción indirecta a la tarea de fiscalización.
La auditoría busca esclarecer inconsistencias contables que, según la denuncia presentada por la IGJ, alcanzarían unos 450 millones de dólares en los balances de los últimos ocho años. Los veedores tenían facultades para revisar libros contables, movimientos financieros, contratos comerciales, vínculos con empresas privadas y operaciones relacionadas con sociedades investigadas por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.
Entre las empresas bajo sospecha aparecen TourProdEnter y Sur Finanzas, firmas vinculadas a operaciones comerciales y financieras de la AFA que son investigadas por posibles triangulaciones de dinero. También está bajo análisis la creación de la denominada Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), cuya estructura administrativa y financiera habría presentado irregularidades y falta de habilitación formal.
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