Daniel Roque Vítolo, el abogado que asumió como Inspector General de Justicia en diciembre de 2023 bajó el gobierno de Javier Milei, se convirtió en una figura central en la pulseada del Estado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su salida del cargo, formalizada hoy viernes 6 de marzo de 2026, llega justo después de haber impulsado medidas de control sobre la estructura económica del fútbol argentino.
Vítolo es un especialista en derecho comercial y societario con larga trayectoria académica. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y décadas más tarde obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante más de veinte años fue profesor titular de Derecho Comercial en la UBA y se consolidó como una referencia en temas vinculados a sociedades y regulación empresarial.
Su nombre también aparece ligado a reformas jurídicas relevantes. Participó como uno de los juristas convocados para trabajar en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2014 y fue parte de los equipos que intervinieron en la reforma de la ley de quiebras. En el ámbito universitario también dirigió durante más de una década el área económica vinculada a negocios dentro de la UBA.
Designado por el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, Vítolo llegó a la Inspección General de Justicia (IGJ) en reemplazo de Ricardo Nissen. Desde ese lugar puso el foco en entidades de gran visibilidad pública, entre ellas la Asociación del Fútbol Argentino.
En los últimos meses su gestión avanzó con observaciones a los balances de la AFA, intimaciones por documentación que no habría sido presentada durante años y pedidos para designar veedores que auditen la estructura económica del fútbol profesional. El análisis también alcanzaba a la Superliga, la asociación civil que manejó cerca de USD 348 millones en derechos audiovisuales entre 2020 y 2024.
El punto más sensible llegó ayer jueves 5 de marzo, en lo que terminaría siendo su último día efectivo en el cargo. Ese día firmó un segundo pedido de veedores por 180 días para revisar la contabilidad, decisiones económicas desde 2017, contratos de televisión y la relación institucional entre la AFA y la Liga Profesional. El expediente también ponía bajo la lupa la coexistencia de distintas estructuras dentro del fútbol y la participación de dirigentes como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, además de posibles contradicciones entre el carácter sin fines de lucro de las entidades y la distribución de ingresos millonarios.
Hoy viernes 6 de marzo, Vítolo presentó su renuncia formal al presidente Milei tras un pedido del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien había asumido ayer y comenzó a impulsar cambios en organismos clave del área. En su carta, el abogado expresó orgullo por su gestión, aunque lamentó no haber podido completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, una frase que fue interpretada como referencia al poder del fútbol.
Su salida abre interrogantes sobre el destino de las auditorías que había impulsado. El tema queda ahora bajo la órbita del propio Mahiques, en un contexto atravesado por suspicacias políticas: Carlos Mahiques, padre del ministro y camarista de Casación, celebró recientemente su cumpleaños en la quinta de Toviggino en Pilar.
El reemplazante designado al frente de la IGJ es Alejandro H. Ramírez.
Con un perfil técnico y académico más que político, Vítolo terminó convertido en un actor inesperado dentro de una disputa mayor: el intento del Estado de fiscalizar el entramado económico del fútbol argentino. Su salida, justo cuando avanzaban revisiones sobre millones de dólares en contratos y balances, deja abiertas preguntas sobre hasta dónde llegará ese proceso de control.
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