Pullaro apunto contra el Kirchnerismo por el "garantismo" y respaldo la ley penal juvenil

El gobernador Maximiliano Pullaro, se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil tras ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, cometido por menores de edad. En ese marco, respaldó el anuncio del gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó Pullaro, al tiempo que cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años las políticas penales del país. En ese sentido, enfatizó: “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina. Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

El mandatario recordó antecedentes que marcaron su postura en esta discusión: “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”.Al ser consultado específicamente por el crimen de Jeremías Monzón, Pullaro sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho.

En esa línea, remarcó que se trata de una discusión estructural que el país debe dar: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan” y advirtió sobre el rol de las organizaciones criminales: “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor. Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”, señaló.

Hace semanas, la ciudad de Santa Fe y la vecina Santo Tomé quedaron estremecidas por el hallazgo del cuerpo sin vida de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que había sido visto por última vez esa tarde y que no regresó a su casa. Cuatro días después, su cadáver apareció en un galpón abandonado frente al estadio de Colón, con más de 20 puñaladas, en una escena que dejó una profunda marca en la comunidad local. 

Según fuentes de la causa, Monzón fue citado por una joven de 16 años con la que había mantenido contacto, lo que lo llevó hasta el lugar donde lo esperaban otros dos menores de edad. Allí fue víctima de un ataque brutal con arma blanca—algunos informes incluso señalan que fue torturado para obtener la clave de su teléfono— y posteriormente asesinado. En al menos un registro de video tomado por los propios agresores, se habría documentado parte de la agresión, material que posteriormente se viralizó en redes sociales y motivó una investigación paralela sobre su filtración.

Las autoridades detuvieron a la adolescente de 16 años, imputada por homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento, y quedó alojada con prisión preventiva mientras avanza la causa. También se identificó a otros dos menores implicados, uno de 14 años que ya fue imputado en una audiencia y otro más cuyo nombramiento también fue solicitado por la Fiscalía. Debido a la legislación penal juvenil vigente, varios de estos jóvenes quedaron en libertad tras ser identificados, al no ser considerados punibles por su edad.

La complejidad jurídica del caso puso en evidencia un punto doloroso para la familia de Jeremías: la legislación actual sobre menores limita las sanciones pese a la extrema violencia del hecho, lo que alimentó el reclamo de justicia de sus allegados. La tía del chico declaró públicamente que “es durísimo saber que los asesinos van a quedar libres por ser menores”, y advirtió sobre la dificultad de aceptar que la pena no se corresponda con la brutalidad del crimen

Además de la conmoción emocional, hubo manifestaciones sociales espontáneas y marchas en Santo Tomé  exigiendo justicia y cambios estructurales. Grupos de vecinos, organizaciones de derechos humanos y referentes ciudadanos se sumaron a la demanda de una revisión del sistema penal juvenil, argumentando que la causa de Monzón expone una falla en la respuesta institucional ante delitos graves cometidos por adolescentes. 

La repercusión del caso fue inmediata en la provincia. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó el asesinato como “aberrante” y volvió a poner en el centro del debate público la discusión sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina, reclamando que quienes cometen delitos de extrema violencia “deben pagar” y sugiriendo que las normas deben adaptarse a estas nuevas realidades.