"Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia. Detrás del cinismo de un supuesto “control”, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses. No cuestionan el precio. No cuestionan el procedimiento. No cuestionan la idoneidad de las empresas. No cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba. La licitación para incorporar drones de última generación a la fuerza fue frenada sin un solo argumento jurídico, luego de más de 70 instancias administrativas y con la intervención de todas las áreas técnicas y legales del Estado", sostuvo el ministro Juan Pablo Quinteros, titular de la cartera de Seguridad de Córdoba.
El funcionario apuntó Luis Juez por la denuncia que el dirigente opositor presentó contra la gobernación serrana. En redes sociales, acompañado de un spot del Ministerio de Seguridad, Quinteros detalló: "El palo en la rueda lo puso lo peor de la política: la que quiera asociarse a la delincuencia y tomar a los cordobeses de rehenes. En cambio, en el dictamen que frena la incorporación de drones para seguridad lo que sí abundan son opiniones personales, valoraciones ideológicas y juicios sobre la conveniencia, la oportunidad y el 'tamaño' de la política de seguridad. Eso no es control de legalidad. Eso es militancia disfrazada de dictamen jurídico. Los juecistas vuelven a su primer amor: el kirchnerismo. Y eso vulnera de manera directa el principio básico de nuestro sistema republicano: la división de poderes. Mientras el delito se organiza, se profesionaliza y utiliza tecnología de punta, hay quienes prefieren que el Estado llegue tarde, mal o nunca".
Compartiendo el tuit de su ministro, en su cuenta de X, el gobernador cordobés Martín Llaryora señaló: "Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses. Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad". De esta manera, el mandatario provincial cargó contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, hoy en manos de la oposición, que objeta una licitación del Ministerio de Seguridad para la adquisición de drones software, antenas y servicios asociados por unos 6,8 millones de dólares. Dicha licitación tuvo un único oferente y en septiembre de 2025 ya estaba preadjudicada a la UTE Vantac SAS-Huinoil SA, por U$S 6,8 millones (hoy, cerca de 10 mil millones de pesos).
Luis Juez contestó al dirigente peronista. A través de la misma red social y compartiendo los dichos de Llaryora, el senador nacional advirtió: "No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados. Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones".
En los últimos meses, el legislador ha elevado el tono de sus críticas contra el gobierno provincial y las denuncias han ido más allá de los cruces políticos habituales para posicionarse como líneas de conflicto que involucran acusaciones de irregularidades, uso de instituciones públicas y cuestionamientos al manejo de recursos y transparencia. La disputa se intensificó tras las elecciones donde Llaryora resultó gobernador, y Juez no solo cuestionó la legitimidad del proceso electoral, describiendo el conteo de votos y el escrutinio como “raro” y sospechoso, en un reclamo por presuntas irregularidades en la carga de datos y en el desarrollo del comicio provincial en 2023.
Las denuncias de Juez no se limitan a esas contrataciones: en el discurso público y en entrevistas, ha acusado al gobierno de Llaryora de favorecer siempre a las mismas empresas en licitaciones públicas, vinculando al Ejecutivo provincial con prácticas de “capitalismo de amigos” donde los procesos de contratación favorecen a firmas que históricamente han resultado beneficiadas en Córdoba. Según estos planteos, “se reparten la torta entre tres o cuatro empresas, en procesos dibujados para simular competencia”, reflejando su percepción de un manejo sesgado de fondos y obras estatales.
La confrontación alcanzó incluso al sistema judicial provincial. En declaraciones radiales, Juez acusó a la administración peronista de realizar un “desembarco” en organismos judiciales de Córdoba y anunció que impulsaría la remoción de vocales del Tribunal Superior de Justicia por ‘complicidad’ con el oficialismo. Según el senador, determinadas designaciones en la Procuración Penitenciaria y la Fiscalía General reflejarían un intento de “colonizar” la justicia cordobesa, una frase que subraya la gravedad de sus críticas sobre la independencia institucional.
Estos cuestionamientos se producen en un clima de tensión política más amplio entre el juecismo y el justicialismo provincial, donde desde el oficialismo se contrarresta que muchas de las acusaciones de Juez surgen en contextos de disputa política y táctica electoral. La réplica oficial, por ejemplo, ha sido calificar sus planteos como “oportunismo político”, y señalar que las críticas no reflejan un análisis técnico de gestión sino un uso de la discrepancia con fines partidarios.
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