Quién es la sindicalista que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

La aparición del nombre de María Soledad Calle en el edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, abrió un nuevo frente de controversia  judicial alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. La dirigente sindical y exconcejala bonaerense quedó bajo la lupa luego de conocerse que es la propietaria del departamento ubicado inmediatamente debajo del inmueble donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Su trayectoria estuvo siempre ligada al kirchnerismo y particularmente dentro del peronismo de provincia de Buenos Aires.

La operación inmobiliaria, concretada meses después de que la ex Jefa de Estado se instalara en ese domicilio, coincidió además con una investigación judicial que analiza el manejo de millonarios fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), organización con la que Calle mantiene una estrecha vinculación sindical y política. La dirigente bonaerense construyó su carrera política en Campana, donde fue concejala entre 2015 y 2019. Integró el bloque de La Cámpora en el Concejo Deliberante y durante esos años encabezó la oposición al intendente Sebastián Abella, del PRO. 

En paralelo a su actividad política, Calle desarrolló un fuerte perfil sindical. Es una de las dirigentes cercanas al secretario general de la UOM, Abel Furlán, y actualmente ocupa un cargo de representación internacional como presidenta de una federación sindical metalúrgica para América Latina y el Caribe. En los últimos años participó de congresos gremiales en Brasil, Turquía, Austria y otros países, representando al sindicalismo argentino en organismos internacionales vinculados a los trabajadores metalúrgicos.

Su identificación con el kirchnerismo quedó reflejada durante años en sus redes sociales. Allí publicó fotografías junto a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Carlos Bianco, Eduardo "Wado" de Pedro y Sergio Massa, además de acompañar distintos actos de La Cámpora. En marzo de 2023 escribió la consigna "Nada sin Cristina", mientras que para el acto del 25 de mayo de ese año difundió una de las frases más conocidas de la expresidenta: "Aunque me quieran matar o meter presa, yo nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo". 

El 20 de agosto de 2025 escrituró a su nombre un departamento en el primer piso del edificio de San José 1111, exactamente debajo del inmueble que ocupa Cristina Kirchner desde que comenzó a cumplir la prisión domiciliaria. Según registros del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, la operación se realizó por 189.000 dólares. La compra pasó inadvertida durante meses y tomó relevancia recién cuando trascendió en el marco de la investigación judicial sobre la UOM.

La adquisición llamó especialmente la atención por el contexto temporal. Cristina ya se encontraba viviendo en ese edificio cuando Calle concretó la compra, apenas dos meses después de iniciado el arresto domiciliario. El inmueble quedó ubicado justo debajo del departamento de la expresidenta, una circunstancia que generó especulaciones políticas y motivó pedidos judiciales para determinar el origen de los fondos utilizados en la operación.

Sin embargo, la investigación que involucra a Calle no está vinculada con la ex presidenta, sino con el manejo económico de la Unión Obrera Metalúrgica. La Justicia federal investiga un contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y la empresa USEM S.A., una firma creada pocos meses antes y de la cual Calle figura como vicepresidenta fundadora. Según la denuncia presentada por dirigentes opositores a Furlán dentro del gremio, ese convenio le otorgó a USEM la administración de una parte sustancial de los aportes de aproximadamente 200.000 afiliados metalúrgicos.

El expediente sostiene que la empresa pasó a percibir el 0,5% del total de los aportes sindicales, un porcentaje que, de acuerdo con la denuncia, representaría ingresos cercanos a 100 millones de pesos mensuales. Los investigadores intentan determinar si existió una incompatibilidad, ya que Calle tenía simultáneamente funciones vinculadas al sindicato y participación en la empresa beneficiada por el contrato. La causa está radicada en la Justicia Federal y alcanza también al exsecretario general de la UOM, Abel Furlán, bajo sospechas de presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

Los querellantes sostienen que la empresa USEM habría sido creada específicamente para administrar recursos del sindicato y que la estructura contractual permitió desviar fondos provenientes de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. En ese contexto, la compra del departamento y otros bienes adquiridos por Calle comenzaron a ser analizados como posibles movimientos patrimoniales que merecen ser investigados.

Según La Nación, uno de los elementos que profundizó las sospechas fue que, según documentación incorporada al expediente, el mismo mes en que compró el departamento Calle también adquirió un automóvil BMW valuado en alrededor de 70.000 dólares. La sucesión de compras de alto valor patrimonial motivó pedidos para reconstruir su evolución económica y verificar si sus ingresos declarados alcanzaban para justificar ambas operaciones.

A partir de esa información, la querella solicitó al juez federal Julián Ercolini el allanamiento del departamento de San José 1111 y medidas para profundizar la investigación sobre el origen del dinero utilizado en la compra. El planteo judicial sostiene como hipótesis que fondos eventualmente provenientes de las maniobras investigadas dentro de la UOM podrían haber sido utilizados para adquirir o incorporar bienes al patrimonio de la dirigente sindical. El pedido también reclama pericias patrimoniales y financieras sobre Calle.

Hasta el momento, la propia María Soledad Calle rechazó públicamente las acusaciones y negó haber cometido irregularidades. En diversas declaraciones sostuvo que la causa responde a una disputa interna dentro del sindicalismo metalúrgico y afirmó que se convirtió en un blanco político de sectores enfrentados con la conducción oficialista. A los medios, la dirigente declaró: "No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida".