Arrancó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner: qué bienes se ven afectados

Sin dudas uno de los capítulos más importantes de la causa Hotesur-Los Sauces involucra el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner. El expediente reúne dos líneas de investigación vinculadas con los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia, las relaciones comerciales con empresarios que recibieron contratos de obra pública durante los respectivos gobiernos kirchneristas y la hipótesis de que parte de esos negocios habría servido para canalizar fondos de origen ilícito.

Según los antecedentes judiciales y las resoluciones del Tribunal Oral Federal N.º 5, los bienes centrales de la investigación son las propiedades administradas por la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A., los establecimientos hoteleros vinculados a Hotesur S.A. y los ingresos que ambas empresas recibieron de compañías relacionadas con los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El juicio oral unificado comienza este 23 de octubre y busca establecer si esas operaciones respondieron a actividades comerciales genuinas o si fueron utilizadas para introducir dinero presuntamente ilícito en el patrimonio familiar de los Kirchner.

Sin embargo, la principal diferencia entre las dos causas está en la clase de activos investigados. En Hotesur, el eje son los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz y los contratos de administración y explotación turística. En Los Sauces, el centro está en los alquileres de departamentos, oficinas y otros inmuebles que la familia poseía a través de su sociedad inmobiliaria. La acusación sostiene que los pagos de esas empresas permitían presentar como alquileres o ingresos hoteleros fondos que, según la hipótesis fiscal, tenían relación con beneficios obtenidos por empresarios favorecidos con contratos de obra pública.

Entre los activos más relevantes de Hotesur figura el hotel Alto Calafate, uno de los establecimientos principales de la familia, cuya administración fue entregada a Valle Mitre, firma vinculada al grupo Báez. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Valle Mitre pagó a Hotesur $28.597.624 por la cesión y explotación del establecimiento entre 2008 y 2013. La fiscalía considera que esos ingresos deben analizarse en relación con los fondos que Valle Mitre recibía de empresas del grupo empresario.

También está involucrada la hostería Las Dunas, ubicada en El Calafate. La investigación identificó pagos por $6.909.708 asociados con su explotación. El tercer establecimiento central es el hotel La Aldea del Chaltén, vinculado a Los Sauces S.A., por el que se registraron pagos por $2.836.724 en el período examinado. Por supuesto, los importes corresponden a operaciones históricas documentadas en la investigación, no a la valuación actual de los hoteles ni al monto de un eventual decomiso.

La acusación fiscal también reconstruye cómo se habría financiado la adquisición y explotación de esos emprendimientos. Entre las firmas que aparecen en las operaciones figuran Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y otras empresas vinculadas a Báez. Según los peritajes citados en el requerimiento, Valle Mitre recibió $75.870.060,24 de compañías del grupo Báez entre 2007 y 2015, de los cuales $70.949.170,95 habrían provenido de Austral Construcciones. La fiscalía sostiene que parte de esos fondos terminaba en las sociedades familiares mediante los pagos por administración y alquiler de los hoteles.

En el caso de Los Sauces S.A., los bienes investigados incluyen inmuebles destinados a alquiler en distintos puntos del país, especialmente en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los activos más mencionados es un dúplex en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, relacionado con contratos de alquiler a empresas vinculadas al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Para los investigadores, la relevancia de esas operaciones no reside solamente en la propiedad de los inmuebles, sino también en quiénes los alquilaban, cuánto pagaban y si existía una actividad económica real que justificara los contratos.

Respecto de Cristina Kirchner, la fiscalía la señala por su participación en las sociedades familiares y por operaciones patrimoniales y comerciales que, de acuerdo con la acusación, habrían contribuido al circuito investigado. En Hotesur, el expediente examina su condición de accionista y su intervención en decisiones relacionadas con la administración hotelera y los movimientos de fondos. En Los Sauces, se analizan los ingresos que habría recibido la sociedad por los alquileres y el beneficio económico atribuido a sus accionistas.

En el caso de Máximo Kirchner, se investiga su intervención en la administración de las empresas, la adquisición de propiedades, la firma y el cobro de cheques y la celebración de contratos de locación. La fiscalía sostiene que esas actuaciones contribuyeron a sostener el mecanismo presuntamente ilícito; no obstante, son imputaciones que deben diferenciarse de una condena dictada en este proceso.

Hay, además, una distinción importante respecto de los embargos que alcanzan a propiedades de la familia. En agosto de 2026, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el embargo preventivo de 13 inmuebles vinculados a Hotesur y Los Sauces, entre ellos el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario; un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en Madero Center; el hotel La Aldea del Chaltén; y cuatro propiedades en El Calafate y cuatro en Río Gallegos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente la continuidad de esas medidas cautelares.

Ese embargo fue dispuesto en el marco de la ejecución patrimonial de la condena por la causa Vialidad, con el objetivo de preservar bienes mientras se determina su eventual afectación al decomiso ordenado en ese expediente. Pero, en definitiva, la investigación busca determinar si esos activos y sus rendimientos formaron parte de un circuito de lavado de dinero. La existencia de contratos, propiedades o sociedades no prueba por sí sola un delito: el juicio deberá establecer el origen de los fondos, la autenticidad de las operaciones y la eventual responsabilidad penal tanto de Cristina como de Máximo Kirchner.