Salariazo mata motosierra: los ministros cobrarán 8,1 millones de pesos

El gobierno nacional dispuso a comienzos de 2026 una recomposición salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo que implicó, en pocos meses, una duplicación de sus ingresos. La medida se formalizó a través del DNU 931/2025, publicado el 2 de enero, y alcanzó al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, dejando expresamente afuera al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos haberes permanecieron congelados. 

De acuerdo  a lo difundido en diversos medios, el incremento no fue lineal sino progresivo a lo largo de los primeros meses del año. Hasta diciembre de 2025, un ministro percibía un salario bruto de $3.584.006. Con la entrada en vigencia del decreto, en enero ese ingreso prácticamente se duplicó al ubicarse en $7.129.501. En febrero volvió a actualizarse hasta alcanzar los $7.272.091, mientras que en abril —a cobrarse en mayo— llegó a $7.902.331. La proyección para mayo indica que los salarios escalarán a $8.020.866, consolidando así una suba superior al 120% en apenas cinco meses.

El mecanismo dispuesto estableció, además, que los salarios de estos funcionarios quedaran atados a las actualizaciones de la administración pública nacional, lo que explica los incrementos sucesivos luego del salto inicial de enero. La decisión respondió, según la explicación oficial recogida por distintos medios, a la presión interna generada por la pérdida de cuadros técnicos y funcionarios que migraban al sector privado ante la brecha salarial. En ese sentido, la recomposición buscó equiparar parcialmente los ingresos del gabinete con los niveles del mercado, tras un período de aproximadamente dos años de congelamiento. 

Hacia el segundo trimestre del año los ministros comenzaron a percibir ingresos cercanos a los 8 millones de pesos mensuales, mientras que los secretarios superaron los $7,3 millones y los subsecretarios rondaron los $6,6 millones. El jefe de Gabinete quedó equiparado a los ministros. La magnitud de estas cifras cobró relevancia en comparación con otros salarios del sector público y privado, ampliamente inferiores, lo que alimentó el debate político sobre la medida. 

La decisión generó especial controversia por el contraste con el discurso de austeridad que había caracterizado la campaña presidencial de Milei. Durante ese período, el entonces candidato construyó su identidad política alrededor de la idea de la “motosierra”, una metáfora que sintetizaba su propuesta de recorte drástico del gasto público, reducción del Estado y eliminación de privilegios de la dirigencia política. Ese mensaje apuntaba directamente contra lo que denominaba “la casta”, a la que acusaba de vivir de recursos estatales con salarios elevados y beneficios injustificados.

Milei había prometido una fuerte reducción del tamaño del Estado, incluyendo la disminución de ministerios, la eliminación de estructuras consideradas innecesarias y un ajuste severo del gasto político. Parte central de esa narrativa era la idea de que los funcionarios debían cobrar menos y ajustarse al esfuerzo que —según su discurso— se exigiría al conjunto de la sociedad. La austeridad en los sueldos de la dirigencia aparecía como un símbolo de ese cambio de paradigma.

Ya en el gobierno, esa política se tradujo inicialmente en el congelamiento de los salarios de las máximas autoridades —incluido el propio presidente y vicepresidenta— y en una serie de medidas orientadas a achicar el Estado y reducir el gasto público. Sin embargo, la decisión de habilitar aumentos superiores al 100% para ministros y altos funcionarios en los primeros meses de 2026 introdujo un punto de tensión entre aquella promesa de campaña y la práctica de gestión, reabriendo el debate sobre los límites y alcances del ajuste en la estructura política del Estado.