El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del bloque socialista y una de las voces opositoras más activas en el Congreso frente al gobierno de Javier Milei, se convirtió en uno de los principales impulsores de las denuncias políticas y judiciales contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una serie de escándalos que pusieron en cuestión tanto su conducta pública como su situación patrimonial.
La postura del legislador cobró notoriedad en las redes sociales al retratarse con una remera referida a los últimos escándalos del funcionario libertario. "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas. Fin", es la inscripción que lleva la camiseta y en el que el parlametario se fotografió, haciendo referencia a la viralizada frase de Adorni en la entrevista con Eduardo Feinmann en la que dijo "Me estoy deslomando una semana en Nueva York".
Paulón, dirigente histórico del socialismo argentino, desarrolló su carrera política vinculado a la defensa de derechos civiles y políticas públicas progresistas, con especial énfasis en diversidad y transparencia institucional. Antes de asumir como diputado nacional, fue presidente de la Federación Argentina LGBT y ocupó roles de articulación legislativa dentro del socialismo santafesino. Su desembarco en el Congreso consolidó un perfil de opositor técnico, enfocado en el control del Ejecutivo y en la promoción de mecanismos de rendición de cuentas. En ese marco, su intervención en el caso Adorni no fue aislada sino consistente con su trayectoria: impulsó pedidos de informes, denuncias administrativas y acompañó presentaciones judiciales para que se investigue el uso de recursos públicos y el patrimonio del funcionario.
La participación de Paulón fue central a partir del escándalo por el viaje oficial a Nueva York, en el marco del evento “Argentina Week”. Allí, Adorni integró la comitiva presidencial pero sumó a su esposa, Bettina Angeletti, quien no ocupa ningún cargo público. La presencia de la pareja en el avión presidencial generó cuestionamientos inmediatos, no solo por el posible uso indebido de recursos del Estado sino por la contradicción con normativas impulsadas por el propio gobierno que restringían ese tipo de prácticas. En ese contexto, Paulón presentó un pedido formal de informes en la Cámara de Diputados y advirtió que el propio reconocimiento de Adorni implicaba posibles delitos como malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública.
La polémica se amplificó cuando se conocieron otros episodios que complejizaron la situación del jefe de Gabinete. Uno de los más resonantes fue el vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. En ese viaje, Adorni se trasladó junto a su familia y allegados en un jet privado, cuyo costo rondaría los 10.000 dólares. La investigación periodística y judicial comenzó a centrarse en quién financió el traslado. En ese punto apareció el nombre de Marcelo Grandio, vinculado a la TV Pública, quien inicialmente afirmó haber sido anfitrión del funcionario, pero terminó generando más dudas al dar versiones contradictorias sobre el pago del vuelo . Posteriormente, registros y testimonios indicaron que una productora asociada habría financiado el viaje, lo que derivó en pedidos judiciales para determinar el origen de los fondos. Paulón acompañó estos cuestionamientos impulsando que se investigue si existió financiamiento indebido o beneficios incompatibles con la función pública.
En paralelo, surgieron denuncias vinculadas a propiedades no declaradas y operaciones inmobiliarias irregulares. Entre ellas, se destacó la adquisición de una vivienda en un country en Exaltación de la Cruz —vinculada a su entorno familiar— que no figuraba en sus declaraciones juradas, lo que encendió alertas sobre posibles inconsistencias patrimoniales. Sin embargo, el episodio más delicado fue la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Según las investigaciones periodísticas, el inmueble fue adquirido por un valor cercano a los 230.000 dólares, pero con una particularidad: las propias vendedoras, dos mujeres jubiladas de 72 y 64 años, le habrían financiado la operación mediante un préstamo informal. Este mecanismo, inusual en el mercado inmobiliario, generó sospechas sobre la legalidad de la transacción y sobre un posible encubrimiento de ingresos no declarados.
Estos elementos se sumaron a un cuadro más amplio de cuestionamientos sobre el nivel de vida de Adorni, que incluiría además otras propiedades y movimientos financieros no reflejados en sus declaraciones oficiales. La acumulación de episodios derivó en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y en la intervención de la justicia federal, mientras sectores de la oposición —con Paulón entre los más activos— avanzaron con denuncias ante la Oficina Anticorrupción y pedidos de interpelación en el Congreso.
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