La última reunión de gabinete encabezada por Javier Milei tuvo menos de liturgia institucional que de operativo de contención política. La convocatoria, ampliada a casi todo el elenco gubernamental, buscó transmitir cohesión en un momento atravesado por denuncias, internas y pérdida de iniciativa. Según varios analistas, el objetivo central fue “blindar” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convertido en el epicentro de la crisis.
El retrato difundido en redes sociales demostró un desarrolló con un tono más defensivo que propositivo. Ministros que en privado venían marcando diferencias cerraron filas en público, mientras desde la mesa chica del poder se bajó la orden de evitar fisuras discursivas. La preocupación no solo pasaba por el impacto judicial de las denuncias sino por el costo político acumulado: el oficialismo reconoce que el “caso Adorni” desplazó la agenda económica y dejó expuesta la contradicción entre el discurso anti-privilegios y las prácticas de funcionarios clave.
Las tensiones internas no son nuevas, pero se profundizaron con el avance de las investigaciones. Sectores del gabinete cuestionan en privado el nivel de exposición del jefe de Gabinete, mientras otros —alineados con el núcleo duro presidencial— interpretan las denuncias como una ofensiva política externa. En ese marco, Adorni pasó de ser un vocero eficaz a un factor de desgaste. Su doble rol —coordinador del gabinete y principal comunicador— amplificó el impacto de cada revelación y convirtió cada conferencia en un campo de batalla.
El escándalo que lo rodea se compone de varios episodios que, acumulados, delinean un cuadro complejo. El primero fue el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York, en el marco de actividades oficiales, donde su esposa —sin cargo público— formó parte de la comitiva. El propio funcionario admitió la situación y argumentó motivos personales, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y posibles violaciones a normas internas del propio gobierno.
A ese episodio se sumó el conocerse un viaje a Punta del Este en un jet privado, en plena temporada alta, cuyo costo —estimado en cifras elevadas— nunca fue aclarado con precisión. La falta de explicaciones sobre quién financió ese traslado alimentó sospechas de beneficios indebidos y vínculos con empresarios, en particular con un productor vinculado a la TV Pública.
El capítulo patrimonial amplificó la crisis. Investigaciones y denuncias pusieron el foco en propiedades que no terminan de cerrar con los ingresos declarados del funcionario. Entre ellas aparece una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, atribuida a su entorno familiar, con expensas elevadas y un valor difícil de justificar con su trayectoria reciente. A esto se suma la compra de un departamento en el barrio de Caballito, operación que habría involucrado a jubiladas como vendedoras, un dato que incrementó el impacto político y mediático del caso.
Adorni respondió con una estrategia defensiva: negar irregularidades, denunciar “operaciones políticas” y escudarse en la existencia de causas judiciales para evitar precisiones. “No tengo nada que esconder”, repitió en su reaparición pública tras semanas de silencio, aunque evitó detallar aspectos sensibles de su patrimonio y sus viajes.
En la reunión de gabinete, ese libreto se mantuvo sin fisuras. Hubo respaldo explícito, pero también señales de incomodidad. Algunos funcionarios advierten que el costo reputacional ya no es marginal y que el caso amenaza con erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: la idea de austeridad frente a la “casta”. Otros, en cambio, sostienen que ceder implicaría validar denuncias que consideran parte de una disputa política más amplia.
Así, el cónclave en la Casa Rosada no resolvió la crisis, pero dejó en claro el rumbo elegido: sostener a Adorni, cerrar filas y apostar a que el tiempo diluyan el impacto. Mientras tanto, las internas continúan, soterradas pero activas, en un gobierno que enfrenta su primera gran prueba de coherencia entre el discurso y la práctica.
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