Un espacio conjunto para la investigación científica y las universidades

Mientras fracasa nuevamente este modelo económico que ya se aplicó varias veces en nuestro país con el mismo final, y esto jaquea las posibilidades de proyectar una reelección del actual Gobierno, comienzan los debates acerca del modelo de la futura administración del Estado.
Sin dudas, el sistema científico y las universidades han sido algunos de los principales objetivos del ataque desde 2024. En efecto, se han conjugado discursos de desvalorización y acciones de desfinanciamiento de las instituciones de educación superior y de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Sin ir mas lejos una ley que busca reparar el impacto de la inflación desde diciembre de 2023 para los salarios, becas y funcionamiento de las Universidades, sigue sin cumplirse a pesar de las mayorías que rechazaron vetos presidenciales en el Congreso, y jueces que ordenaron su cumplimiento. El argumento esgrimido para incumplir los fallos es el declamado equilibrio fiscal, que depende de cómo se hagan las cuentas, un logro o una fantasía.
En el próximo gobierno debería establecerse un espacio común para estas actividades a través de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Desde ya no se trata de una propuesta totalmente novedosa, pues en varios países como España, Dinamarca, Noruega e incluso Italia se presentan carteras de estas características.
En España al asumir su cargo la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant ,expresaba que las universidades son agentes clave al servicio de la sociedad y se comprometía con las rectoras y rectores a trabajar por la excelencia para lograr que el progreso social, formativo y científico lleguen a todas las comunidades, alcanzando una inversión mínima del uno por ciento de PBI para terminar con la precariedad de los cargos docentes y de investigación, para aumentar becas y facilitar el acceso a un bienes públicos clave: la educación superior y los avances científicos.
Por su parte, Christina Egelund, ministra de Educación Superior y Ciencia de Dinamarca, manifestaba que “la libertad académica y la investigación impulsada por la curiosidad no son un lujo exótico. Son el motor del descubrimiento”.
En 2003 se estableció el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología bajo la responsabilidad de Daniel Filmus. En 2007 y con continuidad hasta 2023, las actividades científicas se desarrollaron bajo un ministerio específico. Lino Barañao lo gestionó con Cristina Fernández y Mauricio Macri, y en 2019 volvió Filmus.
Pero ese Ministerio de Ciencia y Tecnología no reunía a todos los organismos que ejecutaban la actividad, como universidades o la propia CNEA. Solo CONICET y la Agencia Nacional de CyT, configuraban el núcleo de ese espacio de gestión.
Por otra parte, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, 25.467, del año 2001, establecía el funcionamiento de un gabinete científico-tecnológico integrado por todos los ministros que tuvieran organismos de investigación a su cargo. Presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, solo funcionó fugazmente. 
En la actualidad, tanto el área universitaria como la de ciencia y tecnología, en el organigrama gubernamental, son simples subsecretarías, la primera en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, y la segunda en la Jefatura de Gabinete. 
Nuestras universidades albergan más de dos tercios de las actividades de investigación científica que se realizan en el país. Buena parte de los investigadores realizan actividades de docencia de grado y posgrado.
Cada vez que el CIN reclama en los dos últimos años por un presupuesto acorde a las necesidades, incluye especialmente las actividades científicas, porque las universidades son responsables de gran parte de los salarios, becas, equipamientos e instalaciones para el desarrollo de investigaciones. 
Los desafíos que plantean los avances tecnológicos día tras día, también exigen una formación profesional universitaria cada vez más vinculada, en todas las disciplinas, sociales, naturales o exactas, a estos cambios profundos.
Un organismo que formule y ejecute políticas públicas pertinentes, consistentes y coordinadas para estos dos sectores, junto con las instituciones que reúnen a las universidades, fortalecería un aporte indispensable para el desarrollo del país y recuperaría lo perdido en estos últimos años. Este Ministerio debería contener la mayor parte de los organismos de los sectores de la educación superior y de la ejecución de actividades de ciencia y tecnología.
De este modo, además, la cartera de educación concentraría sus esfuerzos en los niveles de enseñanza obligatorios, recuperaría la educación técnica, y otros espacios hoy en día castigados, trabajando junto con el Consejo Federal.
Seguramente la propuesta generará debates inspirados en ideas e intereses sectoriales. Es necesario pensar en un futuro gobierno abriendo discusiones en busca de consensos.

*Por Rodolfo Tecchi- Ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, CIN.