Buscando equidad y eficiencia

El 2024 va a pasar a la historia como un año con cambios notables en las políticas públicas de Argentina. Con relación al sistema previsional, es el año con menor gasto a nivel nacional (cerca del 7% del PBI) desde 2010. Se gastó poco porque las jubilaciones perdieron contra la inflación de forma sistemática entre fines de 2022 y principios de 2024 y la recuperación que se vio a partir de abril solo alcanzó para llegar al nivel de noviembre 2023.

El escenario en 2025. Sin embargo, las previsiones para este año indican que el gasto va a aumentar en términos reales (al menos un 10%) por el efecto de la movilidad y las nuevas altas de beneficiarios. Además, todo indica que 2025 es el año del fin de las moratorias, después de dos décadas de aplicarlas como medidas de emergencia. El Gobierno anunció que no planea extender la vigencia del esquema actual más allá de marzo (podría hacerlo por decreto) y parece poco probable que iniciativas por parte de la oposición superen la resistencia oficialista en el Congreso o, eventualmente, un veto del Poder Ejecutivo.

En este contexto, parecería que hay una oportunidad para avanzar con una propuesta de reordenamiento integral del sistema. El sistema de jubilaciones de Argentina tiene algunas virtudes importantes (fundamentalmente, una muy amplia cobertura, con más del 90% de los mayores de 65 años recibiendo un beneficio), pero serios problemas, porque es caro, injusto e ineficiente.

El sistema es caro porque gastamos mucho: dedicamos casi la décima parte de nuestro PBI a financiar jubilaciones y pensiones, algo parecido a lo que gastan países con población mucho más envejecida que la nuestra y el doble que otros con una demografía parecida. Es injusto porque tratamos muy distinto a gente con historias muy parecidas: el monto de las jubilaciones depende de los aportes que hayamos realizado durante la vida laboral, pero además (y, en muchos casos, en mayor magnitud) de otros factores como la industria en la que trabajamos, la provincia donde vivimos mientras trabajábamos o, después de jubilados, si nuestro empleador era un gobierno provincial (y cuál resulta), si logramos completar 30 años de aportes al sistema o sólo alcanzamos 29, o si encontramos un buen abogado que logró ganar nuestro juicio (y que, además, ANSES lo pague).

Por último, es muy ineficiente, porque gastamos mucho más de lo que deberíamos para los resultados que obtenemos, porque hay muchos beneficiarios jóvenes (según el Censo 2022, 3,5 millones de habitantes menores de 65 años tienen una jubilación o pensión), hay muchos que cobran más de un beneficio (al menos 1,1 millón) y hay muchos que cobran haberes muy altos (por los más de 200 regímenes de excepción).

Efecto derrame. Los problemas del sistema previsional repercuten en toda la economía. El gasto previsional es el principal componente del gasto público, por lo que cualquier problema tiene de inmediato una enorme relevancia fiscal, y la mayor parte del gasto social de nuestro país son jubilaciones y pensiones. Además, si los problemas actuales son serios, el futuro es más grave aún. La población argentina está envejeciendo rápidamente y el porcentaje de adultos mayores se va a duplicar en las próximas décadas, lo que va a hacer aún más difícil financiar al sistema.

Por estas razones es urgente avanzar en un proceso de reordenamiento del sistema previsional, que lo haga más eficiente, justo y sostenible. La buena noticia es que es posible hacerlo asegurando que la mayoría de los futuros jubilados tengan haberes iguales o mejores que los que recibirían con el esquema actual, si dejamos de malgastar recursos. Aunque cualquier propuesta debe respetar los derechos adquiridos de quienes ya se jubilaron, las reformas pueden tener un impacto importante en el funcionamiento futuro del sistema.

Rediseño. Un nuevo sistema previsional debería construirse alrededor de varios principios. Por un lado, debería ser universal, dando protección a toda la población adulta mayor. Al mismo tiempo, debe ser equitativo, y pagar haberes más altos a quienes aportaron más a lo largo de su vida activa, pero sin exclusiones (es decir, reconociendo todos los aportes realizados y no solo a partir de cierto nivel, como es en la actualidad). Tenemos que hacerlo más eficiente, rediseñando el esquema de pensiones por fallecimiento, que sigue otorgando pensiones vitalicias a viudas y viudos jóvenes bajo el supuesto que nunca trabajarán ni tendrán derecho a una jubilación propia, y el esquema de pensiones no contributivas por invalidez, que se convirtió en una especie de seguro de desempleo vitalicio para sectores informales, sin criterios ni controles razonables. Además, deberíamos eliminar la mayoría de los cerca de 200 regímenes de excepción que existen en la actualidad, que permiten a distintos grupos de trabajadores jubilarse a edades más tempranas, con menos requisitos o mejores haberes. Avanzar con este reordenamiento es necesario y es posible.

Los debates sobre reformas de las últimas décadas se limitaron a la cuestión de la movilidad previsional, un tema relevante en el contexto inflacionario de nuestra economía pero que no es central al diseño del sistema en países con baja inflación, y las moratorias, una excepción a las reglas del sistema que venimos aplicando durante décadas. En cambio, ha sido más difícil poner el foco del debate en los temas de fondo. La buena noticia es que la mayor parte del espectro político y la casi totalidad de los expertos coinciden en el diagnóstico y las propuestas básicas, pero está pendiente de que se alcancen acuerdos políticos entre los distintos sectores y se profundice el trabajo técnico para asegurar que las propuestas no tengan inconsistencias o errores. Si logramos avanzar en estos temas, es posible que el 2025 sea el año en que logramos que el sistema previsional argentino sea más justo, eficiente y sostenible.
*Rafael Rofman es Investigador Principal de Protección Social de CIPPEC.