Sturzenegger y Caputo: un historial de crisis sin aprendizaje

La historia económica reciente de la Argentina tiene un rasgo perturbador: los mismos técnicos que protagonizaron sus peores crisis vuelven a ocupar posiciones de poder y aplican, sistemáticamente, las mismas recetas que ya demostraron no funcionar. El resultado, invariablemente, lo pagan los mismos sectores de siempre.

El primero del dúo es Federico Sturzenegger, quien acumula participación en tres gobiernos desde 1999 hasta el presente, con un récord de tropiezos que se agrava en cada nueva gestión. Entre 1999 y 2001 fue responsable del Megacanje con bonistas privados y del Blindaje con organismos internacionales, dos operaciones que lejos de estabilizar la economía contribuyeron al default de 2001, con sus consecuencias sociales trágicas y bien conocidas. En su segunda aparición, entre 2016 y 2019, condujo la política monetaria llevando las tasas de las LEBACs del 38% anual que recibió hasta el 92%, para luego reemplazarlas por las LELIQs, que al momento de su salida en 2018 ya se ubicaban en el 85% anual. El IPC acumulado ese año fue del 48,7%, duplicando el 24,8% registrado en 2017.

A partir de 2016 se le sumó Luis Caputo, quien en su rol al frente de las finanzas públicas colocó deuda en los mercados internacionales por aproximadamente 130.000 millones de dólares en bonos argentinos hasta diciembre de 2017. A partir del 18 de enero de 2018, las condiciones de mercado se deterioraron al punto de que las empresas argentinas quedaron imposibilitadas de emitir nuevos bonos u obligaciones negociables, siendo Telecom Argentina una de las primeras afectadas por ese cierre abrupto del crédito.

Actuando en conjunto, ambos funcionarios firmaron dos acuerdos con el FMI en mayo y agosto de 2018, por 35.000 y 57.800 millones de dólares respectivamente. En septiembre de ese mismo año colocaron 11 toneladas de oro como garantía de un préstamo de corto plazo por 500 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2019. Para entonces, ninguno de los dos permanecía en el gobierno, el pago no se realizó y el oro dado en garantía se perdió.

Los datos de capacidad instalada del INDEC permiten una comparación elocuente. En febrero de 2018, tras dos años completos de aquella gestión, la utilización de la capacidad instalada era del 64,4%, y cerró ese diciembre en 56,6%. En diciembre de 2019 se ubicó en 56,9%, y en octubre de 2020 —ya saliendo del impacto de la pandemia de COVID-19— repuntó al 61,8%. El dato más reciente disponible, correspondiente a febrero de 2026, dos años completos después del regreso de ambos funcionarios al poder, marca apenas el 54,6%. La comparación entre los febreros de 2018 y 2026 es metodológicamente válida porque representa en ambos casos el cierre del segundo año de gestión: la capacidad instalada es hoy menor que en aquel punto de referencia. Cuando se aplican los mismos diagnósticos y las mismas soluciones, los resultados tienden a repetirse. La apertura irrestricta de importaciones en los sectores automotriz y textil los afectó con especial severidad en ambos períodos, generando en cada ocasión un volumen significativo de desempleo.

Vale recordar que en 2020 el gobierno que asumió en diciembre de 2019 debió reestructurar una deuda externa que había crecido de 100.000 a 235.000 millones de dólares, logrando mediante la negociación con bonistas privados y el FMI una reducción cercana a los 65.000 millones de dólares.

En diciembre de 2023, el dúo retomó su influencia sobre la política económica y el país volvió a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, aunque el acuerdo no recibió aprobación formal del Congreso Nacional: el Decreto de Necesidad y Urgencia habilitado era, según su propio texto, únicamente para iniciar gestiones, por lo que jurídicamente no constituiría deuda legal del Estado argentino. En ese contexto, también salieron del país las 11 toneladas de oro adquiridas en 2021 para reponer las perdidas en 2019, sin que se haya informado con precisión el destino de las mismas, lo que configuraría, de acuerdo con el análisis de especialistas, una posible malversación de fondos públicos.

A esto se suma que los controles aduaneros sobre exportaciones están siendo ejercidos, en la práctica, por las propias empresas exportadoras, sin supervisión externa sobre el contenido de los contenedores, lo que habilitaría una subfacturación estimada en torno a los 30.000 millones de dólares anuales en la liquidación de divisas.

En el plano institucional, el vínculo entre ambos técnicos atraviesa hoy su peor momento. Cuando se le ofreció a Sturzenegger la Jefatura de Gabinete de Ministros, Caputo confirmó que, de concretarse esa designación, abandonaría su función. En simultáneo, uno impulsó legislación que buscaría retirar fondos al Fondo de Adelantos a Municipios, mientras que el otro promueve la eliminación de la Encuesta de Gasto de los Hogares, herramienta estadística esencial cuya desaparición dejaría sin sustento metodológico al índice de precios al consumidor y, bajo el régimen de la Ley Bases, privaría de empleo a los agentes alcanzados por la Resolución 48 y colocaría al personal de planta permanente en situación de disponibilidad.

La pregunta que queda abierta no es nueva, pero resulta cada vez más urgente: ¿hasta cuándo una sociedad puede permitirse que quienes diseñaron sus crisis más graves vuelvan a tener en sus manos las palancas de la economía?

Fabián Medina — Analista Económico y Tributarista