La Constitución de 1994 ordenaba al Congreso en un plazo de dos años la sanción de una ley con adhesión de todas las legislaturas locales para un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. Es decir, hace 30 años que, en lugar de fijar una norma con parámetros claros, se trabaja sobre los mecanismos emparchados de una ley de 1988. Y como lo que se reparte se hace sobre una “foto” de aquel momento más los retoques permeables a cada nueva relación de fuerza, la crisis estalla cada vez que lo que se recauda baja o no alcanza a cubrir el mínimo previsto.
Manos de tijera. La caída en la actividad económica en los sectores manufactureros y servicios en grandes núcleos urbanos trajo aparejado un efecto “en cascada” para las cuentas fiscales de cada provincia. La estructura tributaria argentina recae básicamente en 10 impuestos (que recaudan más del 90% del total) y los que encabezan el ranking tienen que ver con el consumo (como IVA en el caso nacional e Ingresos Brutos, en el caso provincial) además de los indirectamente vinculados como el de los combustibles o los de créditos y débitos bancarios, que dependen de movimiento comercial. Esto provoca que la porción de recaudación que llega a las provincias es claramente procíclica.
Está legislado que, del total recaudado, 54,6% es el que se distribuye entre las provincias en porcentajes previamente establecidos pero que no sólo tienen que ver con la magnitud de la población o la producción generada (medida por el aporte al PBI nacional). Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe 19% del total, pero su aporte es casi el doble. Medido en cada 100$ aportados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, sólo recibe $7, Neuquén (otra gran perdedora dado el boom económica de Vaca Muerta) unos $30 y Buenos Aires, $40. La Pampa, por ejemplo, se ajusta a su aporte, pero otras cuatro provincias reciben entre casi el doble y el triple de lo que aportan: Chaco, La Rioja, Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego (a pesar que es la más rica del país). Todo esto fue generando lo que algunos estudiosos, como Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella, vinculan entre la calidad de los regímenes democráticos locales y la generación de una estructura fiscal que aliente la producción y sea sometida al escrutinio de los contribuyentes periódicamente.
Puede ser esta una explicación de porqué mientras la Nación pasaba la motosierra en áreas burocráticas de la estructura de gobierno (como planta permanente de ministerios y organismos descentralizados), congelaba la obra pública y licuaba parcialmente las jubilaciones, las provincias tuvieron conductas fiscales diversas. En su defensa, siempre argumentaron que sobre su erario caían gastos muy poco flexibles a la baja: educación (sueldos de docentes), salud (personal sanitario), justicia general, seguridad (policías provinciales), además del mantenimiento de la red vial e incluso, para 13 de las 24 jurisdicciones, el rojo intenso de sus cajas previsionales, con regímenes mucho más generosos y diversos que el austero de la ANSES.
Las cifras. La motosierra como símbolo de una política fiscal pudo haber sido efectiva en el corto plazo y ante la emergencia de un riesgo inflacionario mayúsculo (incluso una híper al estilo argentino) pero no necesariamente se constituye en la mejor guía para una política económica que se retroalimente del crecimiento y la generación de empleo, objetivos postergados en el primer bienio de la administración libertaria. Según la consultora Analytica, en el primer trimestre hubo una contracción del gasto primario real devengado del 36,5% comparado con igual período del año pasado.
Tanto que hay indicios de un “rebote” casi vegetativo de algunas partidas de gastos, justo en momentos en que la recaudación sufre una merma por la caída del consumo.
En un informe reciente de IDESA, muestra que en el 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de muy alta inflación, especialmente, en los primeros meses de ese año, pero a medida que la inflación bajaba, el proceso se fue revirtiendo. “La tendencia hace presagiar que muchas provincias cerraron el 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, el 2026 será de déficits en la mayoría de las provincias; un fenómeno con fuertes y riesgosas derivaciones para el desenvolvimiento del programa económico del gobierno Nacional”, señala su presidente, el economista Jorge Colina. Para eso, cita el antecedente de los últimos años de la convertibilidad en que los desequilibrios de las provincias, cuando se generalizan y son persistentes impactan en la macroeconomía. “Con una situación fiscal precaria lo más probable es que en lugar de avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos, impuesto sobre los Sellos y las tasas a las ventas municipales, la tendencia sea a que estas imposiciones aumenten, agravando los problemas de competitividad”, aclara, Esto, en un contexto de necesidad de aumentar la competitividad para la viabilidad de la producción, es preocupante.
En caída. Tampoco ayuda el contexto nacional en cuanto el monto por transferencias automáticas que reciben. El economista Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, destaca que, en marzo de este año, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias (más la CABA) $5,05 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, contra $3,99 billones de igual período del año anterior, que se traduce en una baja real del 4,3% y de un -6,4% interanual si consideramos el acumulado del primer trimestre. Por su parte, la coparticipación (transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones) cayeron aún más: -7,4% en términos reales. La mayor cuota de responsabilidad recae en la evolución de los impuestos de mayor peso en la recaudación total: “la recaudación conjunta de IVA más Ganancias encadena un tercer mes con reducción real interanual de recaudación, con una baja real interanual de 7,2% en marzo y resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta”, subraya Argañaraz. Además, teniendo una perspectiva de los últimos 17 años, marca que el monto de las transferencias automáticas reales por coparticipación neta de los primeros tres meses del año (de confirmarse la inflación supuesta del 3% mensual en marzo), se ubicaría en el 11º puesto (ordenando de mayor a menor).
Sobre todos estos datos, recae un gran interrogante que es la proyección de la inflación, porque erosiona la recaudación y aumenta la presión por recomposiciones salariales que son el grueso del gasto provincial. En la última encuesta REM del Banco Central, los encuestados estimaron una inflación mensual de 3,0% para marzo (+0,5% respecto al REM previo) y un PBI ajustado por estacionalidad expandiéndose al 1,3% para el primer trimestre del año y +0,8% para el segundo trimestre. Al parecer, los economistas del núcleo duro no ven en el corto plazo una perforación del nuevo “piso” inflacionario del 3% mensual pero tampoco una recesión que profundice los problemas de ajuste y adaptación. Todo parece indicar una vuelta al viaje “controlado” que asegure un equilibrio inestable pero suficiente para ahuyentar en el corto plazo una corrida contra el sistema.
por Tristán Rodríguez Loredo
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