Boom y caída de la inversión

Hay una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. La inflación cedió, la economía se flexibiliza, se avanza en la apertura comercial y se anuncian inversiones por montos sin precedentes. ¿Por qué razón, entonces, la inversión cae? La pregunta incomoda, pero merece una respuesta precisa, porque de ella depende que el ordenamiento macroeconómico logrado se traduzca en crecimiento sostenido. Las razones no están en las limitaciones del programa económico, sino en el tiempo y las condiciones que los procesos de toma de decisiones de inversión necesitan para convencerse de que las reglas llegaron para quedarse.

Los datos del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la economía creció 2,3% interanual, traccionada por las exportaciones, que avanzaron 9,8%, y por el consumo privado, que subió 2,7%. Sin embargo, la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada. La inversión pasó de representar el 20,0% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes.

Lo más interesante se observa analizando el detalle. La inversión en construcción creció 2,2%, mientras que en el rubro maquinaria y equipo retrocedió 18,1% y en equipo de transporte, 19,6%. Es decir, un solo rubro, maquinaria y equipo, explica el 76% de la caída total. Entonces, el problema no es tanto el nivel de la construcción sino la falta de gasto en equipamiento productivo. Se trata, precisamente, del componente que amplía la capacidad de producción y que responde a decisiones empresarias de mediano plazo, todavía condicionadas por elevadas tasas de interés reales positivas, una demanda interna que muestra una recuperación lenta y un proceso de apertura que obliga a redefinir las estrategias.

El RIGI ha sido un acierto y, debido al volumen alcanzado, tiene la capacidad de transformar la matriz exportadora argentina. Pero el debate público confunde tres magnitudes distintas. Entre agosto de 2024 y abril de 2026 se presentaron 35 proyectos por US$ 81.104 millones (Observatorio del RIGI, sobre datos oficiales). Según la plataforma oficial del Ministerio de Economía, a junio de 2026 se habían aprobado 16 por un total de US$ 29.892 millones. Para los primeros 12 proyectos aprobados, la información oficial prevé desembolsos por US$ 1.920 millones durante sus dos primeros años. Entonces, presentar, aprobar y desembolsar no son la misma cosa.

Ese último número equivale a unos 960 millones de dólares anuales: menos del 1% de la inversión anual argentina. Si la totalidad de lo aprobado se ejecutara en seis años, horizonte razonable para proyectos mineros y energéticos, el flujo rondaría los 5.000 millones anuales y llevaría la inversión de 17,2% a 17,9% del producto aproximadamente. La referencia internacional resulta exigente: el informe The Growth Report, elaborado en 2008 por la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo y publicado por el Banco Mundial, analizó las trece economías que crecieron a un ritmo mayor del 7% anual o más durante veinticinco años y ubicó el umbral de inversión necesario en torno al 25% del PBI. La brecha argentina asciende hoy a casi 8 puntos.

El RIGI cubre, en su mejor escenario, alrededor del 9% de esa distancia. En los valores actuales, el mismo tiene tres límites naturales: más del 95% del volumen anunciado corresponde a minería e hidrocarburos; su impacto es un cambio de nivel y no una trayectoria, porque el capital que hoy se contabiliza pertenece a la etapa de construcción; y no alcanza a las decenas de miles de empresas que nunca calificarán para un régimen especial. Esto último abre una nueva pregunta: ¿se necesitaría un Mini-RIGI?

Douglass North, Premio Nobel 1993, definió las instituciones como las reglas de juego que estructuran la interacción y determinan el horizonte de cálculo de quien invierte. Un régimen de excepción como el RIGI es, en el fondo, un sustituto contractual de esa previsibilidad: si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante treinta años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena. El instrumento es correcto para esta etapa, pero el objetivo de largo plazo debería ser volverlo innecesario.

Aquí la política tiene una responsabilidad central. El caso de Brasil en 2002 resulta ilustrativo. La eventual llegada de Lula al gobierno generó un temor considerable en los mercados ya que se dudaba de la continuidad de las políticas pro-inversión de Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, una vez en funciones, la nueva administración mantuvo el rumbo económico dándole estabilidad y previsibilidad a los inversores. El riesgo país retrocedió con rapidez. La lección es clara: lo que se pondera no es la orientación ideológica de un gobierno, sino la previsibilidad de las reglas. Construir consensos amplios sobre el marco macroeconómico, la apertura comercial y el respeto de los contratos es hoy la contribución más valiosa que puede hacer el sistema político argentino.

A ese acuerdo institucional deben sumarse dos condiciones concretas. La primera es la consolidación del ordenamiento macroeconómico ya alcanzado: inflación baja de manera duradera, tasas reales compatibles con proyectos productivos y acumulación genuina de reservas. La segunda es el desarrollo del financiamiento de largo plazo. La Argentina exhibe la relación entre crédito al sector privado y PBI más baja de la región; sin ahorro interno canalizado hacia plazos largos, la inversión seguirá dependiendo de capital externo concentrado en recursos naturales.

El ordenamiento fiscal, la desaceleración de la inflación y la apertura comercial constituyen condiciones necesarias para invertir, y el RIGI aporta una cartera de proyectos por montos muy considerables. Pero son condiciones necesarias, no suficientes. Mientras la inversión permanezca casi ocho puntos del producto por debajo del umbral que la evidencia internacional asocia al crecimiento sostenido, la recuperación seguirá dependiendo de factores que no controlamos. Cerrar esa brecha no es una tarea de incentivos fiscales adicionales: es una tarea institucional, y su principal insumo es la previsibilidad.

*Profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School y autor en el Informe Económico Mensual del IAE.