El enojo de Burlando con Casal por una derivación del caso Uribarri

El procurador Eduardo Casal señaló en un reciente dictamen "afectaciones del debido proceso" en la remoción de la ex fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien fue destituida en 2022. Goyeneche había denunciado que su salida se dio como represalia por sus investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri. 

Fernando Burlando, defensor del ex gobernador de Entre Ríos, había presentado una denuncia contra la ex fiscal Cecilia Goyeneche por los "delitos de abuso de autoridad, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público", por haber coaccionado a una testigo para que declare en contra del demandado.

La presentación realizada por Burlando y Javier Ignacio Baños recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46. Urribarri solicitó ser incluido como querellante por encontrarse “particularmente ofendido por los delitos denunciados” e indicó que los mismos “configuran una situación de extrema gravedad institucional que atraviesa de forma transversal a toda la institución del Poder Judicial Provincial y su Ministerio Público Fiscal”. Y destacó que “se encuentran comprometidos el derecho a la no auto incriminación, a la libertad del denunciante, el principio republicano de gobierno, el debido proceso legal constitucional y la interpretación del principio de inocencia”.

Pero ahora la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en favor de la declaración de nulidad del proceso de destitución que llevó a la remoción de Goyeneche. Casal consideró que la ex subprocuradora era socia e intentó desvincularse de propiedades a través de donaciones a su sobrina por montos millonarios, ya que dichas propiedades las tenía en sociedad con uno de los procesados a los que investigaba como fiscal. El jurado de enjuiciamiento, al designar un fiscal ad hoc para el proceso de destitución a sabiendas de que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia -cuyo titular también fue cuestionado- no podía ser imparcial frente a las graves acusaciones de corrupción que pesaban contra ese órgano.

Burlando, defensor de Urribarri, señaló que el dictamen confirma sus denuncias sobre la parcialidad y las irregularidades en los procesos judiciales en Entre Ríos. Y sostuvo que los agravios de la ex procuradora son exactamente los mismos que le fueron rechazados una y otra vez por el Ministerio Público Fiscal de la provincia a su cliente, el ex gobernador entrerriano.  

El mediático abogado argumenta que ciertos magistrados del sistema judicial en la provincia podrían haber sido manipulados sistemáticamente para favorecer a ciertos intereses políticos, y que el intento por reponer a Goyeneche es parte de una estrategia para encubrir las arbitrariedades y escándalos de corrupción.Y ve en el dictamen de Casal una validación de cierto corporativismo judicial, considerando que puede ser parte de un intento de reescribir la historia y deslegitimar las condenas por corrupción emanadas del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.