Paula Parisot bajo lupa: probation y sospechas

A un paso del juicio oral, la artista y escritora brasileña Paula Parisot volvió a quedar en el centro de una disputa judicial que mezcla familia, dinero y una mecánica de presunta falsificación que —según la acusación— habría funcionado durante años. En el expediente se sostiene que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó y amplió su procesamiento por estafas reiteradas mediante el uso de documentación falsa, sumando nuevos episodios a los ya imputados y dejando la causa encaminada hacia el debate oral.

En paralelo, una presentación judicial incorporada al caso pone el foco en una cifra que resume el conflicto: unos 59 millones de pesos “actualizados”, atribuidos —según esa reconstrucción— a cobros obtenidos a partir de comprobantes apócrifos. El número no es menor en un litigio donde lo decisivo no es sólo cuánto dinero se movió, sino cómo: el presunto ardid consistía en fabricar o adulterar recibos y facturas para simular gastos vinculados con la crianza de los hijos y así inducir a error a quien debía cubrir esa manutención.

El contexto que describe esa presentación es el de una familia atravesada por una muerte y por la obligación alimentaria posterior. Tras el fallecimiento del padre de los menores, la abuela paterna habría asumido la responsabilidad de sostener económicamente a sus nietos. Desde allí se arma la secuencia: la denunciante asegura que recibía periódicamente comprobantes por supuestos pagos de clases, actividades recreativas y otros servicios “para los chicos”, y que en base a esos papeles se reclamaban transferencias por distintas sumas.

La presentación judicial va a lo concreto: ubica la maniobra entre 2018 y 2020 y sostiene que Parisot habría presentado documentación apócrifa para “simular” gastos —escolares, deportivos y de diversa índole— y obtener pagos indebidos. En el mismo sentido, el escrito detalla qué habría arrojado la investigación: menciona una pericia caligráfica y testimonios que apuntarían a montajes digitales, collages de firmas y falsificación de logos y sellos en documentos privados. Dicho de otro modo: no se trataría de errores administrativos o discusiones sobre criterios de gasto, sino de papeles diseñados para parecer auténticos y operar como llave de cobro.

En términos procesales, el expediente muestra que el caso tiene capas. Mientras en algunos tramos se lo describe bajo la figura de estafa, la presentación judicial que sirve de base a esta reconstrucción habla en clave de tentativa de estafa y falsificación de documentos privados. La diferencia no es sólo técnica: sugiere que el centro de la discusión será qué grado de perjuicio económico se logró consumar, qué quedó en el terreno del intento y qué se puede probar documento por documento, pago por pago.

Otro dato relevante que aporta la presentación es que, en una instancia avanzada del proceso, Parisot habría encauzado el expediente mediante una suspensión del proceso a prueba (probation), que —según el escrito— estaría cumpliendo. Y añade un punto de tensión que vuelve a encender el caso: después de ese antecedente, habrían vuelto a circular comprobantes con “apariencia apócrifa o al menos dudosa”, lo que derivó en intimaciones formales para verificar su autenticidad.

Con ese cuadro, los 59 millones de pesos actualizados funcionan como el dato que condensa el escándalo. Ya no se trata sólo de una disputa familiar por alimentos o de un conflicto de administración doméstica, sino de una presunta ingeniería de cobro sostenida en papeles que, para la acusación, nunca debieron existir. El expediente dirá si esa cifra se acredita en su totalidad o se recorta al ritmo de la prueba, pero la hipótesis ya quedó planteada: cuando el dinero viaja sobre facturas truchas, el conflicto deja de ser privado y entra de lleno en el territorio penal.