La palabra dada y la letra escrita: el nudo nuclear entre Washington y Tokio

Estados Unidos y Japón acordaron la construcción de reactores nucleares de nueva generación en Tennessee y Alabama. El proyecto vale 40.000 millones de dólares y forma parte de un compromiso mayor en el que Japón prometió inversiones por 550.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de aranceles más bajos para sus exportaciones. En julio de 2026 el proyecto se detuvo, y la razón declarada es el temor japonés de que sus bancos sean responsables por un accidente nuclear en suelo estadounidense. La razón profunda es que dos sistemas jurídicos resuelven el mismo problema con lógicas opuestas. Y que dos culturas de negociación esperan, cada una, un gesto de la otra.

La imagen que lo resume todo es esta: Japón busca una puerta cerrada, que sus bancos no reciban demandas. Estados Unidos ofrece un paraguas: los bancos pueden ser demandados, pero un sistema paga por ellos. Para Washington, las dos soluciones protegen lo mismo; para Tokio, no son equivalentes. El resto del conflicto es el desarrollo de esa diferencia.

El temor y su origen

El miedo japonés proviene del maremoto de 2011, que provocó la fusión de tres reactores en la central de Fukushima. La limpieza y las compensaciones costaron unos 23,4 billones de yenes, cerca de 144.000 millones de dólares. La empresa operadora quedó bajo control estatal y sus directivos enfrentaron juicios personales por sumas que ningún patrimonio humano puede pagar. Desde entonces, para cualquier institución japonesa, la responsabilidad nuclear no es una cláusula contractual, sino un recuerdo.

El derecho japonés respondió a esa historia con la puerta cerrada. Toda la responsabilidad por un accidente recae en el operador de la planta y en nadie más. Los proveedores, los constructores y los bancos quedan excluidos por ley. Por lo tanto, un banquero japonés que financia una central en su país tiene la certeza de que ningún tribunal lo condenará por la fusión de un reactor. Ese criterio es lo que Tokio le pide ahora a Washington, pero Estados Unidos no puede otorgarlo sin cambiar su propia ley, algo que no quiere hacer ni considera necesario.

El paraguas americano

Estados Unidos regula la responsabilidad nuclear desde 1957 mediante la ley Price-Anderson. Su lógica es la del paraguas: la ley no dice quién queda fuera de los juicios, sino que establece un fondo para compensar a todos los que resulten condenados. La protección del operador se extiende a cualquier persona legalmente responsable, sin importar su identidad ni su relación con la actividad. Un banco japonés demandado tras un accidente en Tennessee no quedaría fuera del pleito, sino bajo el paraguas.

La ley se renovó en marzo de 2024, pensando en esta nueva generación tecnológica. El Congreso extendió el régimen por 40 años, hasta fines de 2065. Estableció que una planta compuesta por varios reactores pequeños cuenta como uno solo. Y elevó de 500 a 2.000 millones de dólares la cobertura de los contratistas del gobierno por incidentes fuera del país. El sistema existe, es viejo y fue puesto al día.

Hay un detalle más en la estructura del acuerdo: las plantas se construirán en tierra federal y serán propiedad total del gobierno de Estados Unidos. Japón pone dinero, no operación, y, en principio, esa es la posición de menor exposición que ofrece el esquema.

Lo que la ley no resuelve sola

Ahora bien, la cobertura del gobierno estadounidense no brota de la ley, sino de un contrato. El derecho obliga al Departamento de Energía a incluir la indemnización en sus acuerdos, y los tribunales interpretaron esa protección con amplitud: alcanza no solo a los contratistas directos, sino a cualquier otra persona que pueda resultar responsable por el proyecto. Pero la protección de cada parte depende de la redacción del acuerdo específico. Ningún tribunal juzgó todavía el caso de un banco extranjero que financia un proyecto nuclear del gobierno federal. Ese expediente no existe.

Esta distinción le da al reclamo japonés un fundamento que sus interlocutores no reconocen. Cuando Tokio pide un documento, pide el instrumento del que depende, en los hechos, su cobertura.

Quedan, además, tres riesgos residuales verdaderos. El primero es el tope: el fondo común responde hasta unos 16.300 millones de dólares por incidente, y por encima de esa cifra la ley solo promete que el Congreso decidirá. Fukushima costó nueve veces ese tope. El segundo es el proceso: aun cubierto, un banco puede ser incluido en demandas y litigar durante años, con el costo y el desgaste que eso supone. El tercero es la reputación: para una institución financiera, aparecer en la portada de un accidente nuclear tiene un precio que ningún fondo indemniza. Ninguno de esos riesgos significa pagar la catástrofe, pero todos explican por qué Tokio insiste en una garantía más explícita.

Un negociador japonés resumió su posición con precisión involuntaria: “Legalmente no estamos excluidos y no podemos ser excluidos”. El japonés pide inmunidad y el estadounidense ofrece indemnización.

Las formas de negociar

El resto del estancamiento es cultural, aunque la cultura no explica por sí sola el bloqueo. Explica por qué una protección que Washington considera suficiente sigue resultando incompleta para Tokio.

Las instituciones japonesas deciden mediante dos prácticas antiguas. La primera se llama nemawashi: el consenso se construye en privado, antes de cualquier reunión formal. La segunda se llama ringi: la decisión circula por escrito y recoge el sello de cada responsable. En esa gramática, el documento no formaliza el acuerdo, sino que es el acuerdo. Una garantía verbal, aunque provenga del secretario de Comercio en persona, no es un insumo válido para el proceso.

La contraparte estadounidense opera al revés. El compromiso verbal del jefe vale, el papel llega después y la velocidad es una virtud. Hay, además, presión electoral: Washington quiere anunciar una tercera ronda de proyectos antes de las elecciones legislativas de noviembre. Para el método japonés, esa prisa es precisamente lo que aconseja detenerse.

Un episodio de julio ilustra el desencuentro completo. Tres abogados del Departamento de Comercio presentaron por escrito a funcionarios japoneses las razones por las cuales Tokio no carga con responsabilidad alguna. Los japoneses no hicieron ninguna pregunta. Los estadounidenses leyeron ese silencio como aceptación. Pero en la práctica japonesa, el silencio ante una presentación no es asentimiento. Las preguntas llegan después, por los canales internos, cuando el consenso las madura. Otro detalle confirma la lectura: Japón nunca pidió garantías escritas. Pedirlas sería insinuar que la palabra del otro no basta. Se espera que la contraparte las ofrezca.

El desenlace probable

El camino más corto para destrabar el conflicto es un documento, y el derecho estadounidense ya contiene el instrumento: un acuerdo de indemnización del Departamento de Energía que nombre a las instituciones japonesas entre las personas cubiertas. Redactarlo no exige cambiar ninguna ley; exige entender que la contraparte no pide una concesión, sino la pieza de la que depende su protección. Pueden surgir obstáculos políticos o presupuestarios, y el tope legal seguirá siendo el que es. Pero la sustancia ya está cedida: la agencia japonesa de crédito a la exportación respaldará el financiamiento de bancos estadounidenses, y los desembolsos llegarán en etapas, con hasta cuatro llamados de capital por año en lugar del pago total inicial. Japón cedió en los números; falta que Estados Unidos ceda en la letra. La historia de este proyecto no es la de un riesgo nuclear, sino la de una garantía que existe desde 1957 y que todavía nadie escribió en el idioma de quien la necesita.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.